Los talibán cierran el cerco en torno a los Derechos Humanos cuatro años después de su regreso al poder Infobae

Afganistán, un país sumido en una grave crisis económica y humanitaria, hace frente a un recrudecimiento de unas políticas que restringen aún más la ya de por sí estrecha participación de las mujeres en la sociedad civil afgana, una situación que ha empeorado significativamente tras el regreso al poder de los talibán hace casi cuatro años.

Este régimen integrista, que ha propiciado cambios en la estructura del gobierno y ha sacado adelante medidas que restringen los derechos de la población, ha ido cerrando el cerco en torno a los Derechos Humanos ante la mirada de una comunidad internacional que parece mantenerse al margen.

La crisis afgana, marcada por conflictos de larga duración, una creciente inestabilidad política y la salida en agosto de 2021 de las fuerzas internacionales que permanecían en el país, se traduce ahora en millones de desplazados y refugiados, que afrontan una situación de extrema vulnerabilidad a la espera de ayuda urgente.

La activista afgana y responsable de campañas de Amnistía Internacional para Afganistán, Samira Hamidi, ha destacado la importancia de evitar que los talibán "sean normalizados" y ha lamentado un empeoramiento de la situación desde su llegada al poder.

"La situación es catastrófica porque los Derechos Humanos han sido violados en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, si hablamos de la situación de las mujeres, hablamos de una violación sistemática y de abusos continuados, de una persecución por cuestión de género, algo que constituye un crimen contra la humanidad", ha explicado durante una entrevista con Europa Press.

Hamidi ha recordado que los talibán han prohibido a unas dos millones de niñas asistir al colegio en los últimos cuatro años. "Las mujeres tampoco pueden continuar con sus estudios en las universidades y la única área a las que se les permite acceder es la sanidad. Pueden convertirse en enfermeras o dedicarse a los cuidados. Es extremadamente preocupante", ha aseverado.

"Las mujeres tampoco pueden recibir tratamiento en los hospitales si les atiende un hombre, y hay cientos de decretos que tienen como objeto las mujeres y la restricción de sus derechos, sus libertades y su participación en la vida pública. No pueden ir al gimnasio o pasear por un parque. El acceso a la Justicia ha sido eliminado por la implementación de la sharia, y muchas veces todo depende de cómo se interprete esa ley islámica", ha continuado.

Esta situación afecta también a los medios de comunicación y las organizaciones humanitarias que operan en el país, tal y como ha alertado, al tiempo que ha recordado que "cualquiera que desafíe la ley talibán o hable contra ellos se enfrenta a un posible arresto y actos de tortura". "Se les fuerza a asegurar que no hablarán más, lo que también afecta a las mujeres que protestan de forma pacífica", ha añadido.

La grave situación a la que se enfrentan las mujeres ha llevado a Amnistía a exigir que se declare el "apartheid de género". Sin embargo, ha admitido que para lograrlo se tienen que cumplir varias cosas: "A nivel internacional habría que reconocer primero esta figura. Una vez eso suceda, podríamos hacer que los talibán rindan cuentas por sus actos. Esto ya sucedió la última vez que los talibán estuvieron en el poder, y para ello hay que documentar y preservar pruebas de todos sus actos", ha aclarado.

VISIBILIDAD E IMPLICACIÓN INTERNACIONAL

La propia Hamidi, que denuncia que ha visto imposibilitado volver a su país, ha recibido amenazas de muerte debido al desempeño de su trabajo. "No puedo ir a Afganistán. Es mi país, he trabajado toda mi vida, pero desde agosto de 2021 no puedo volver", ha lamentado.

Así, ha reivindicado dar visibilidad a la trágica situación: "la única forma de lograr algo es seguir hablando y seguir dirigiéndonos a los medios de comunicación para concienciar y lograr que Afganistán no sea olvidado a medida que queda cada vez más relegado a un segundo plano en los espacios internacionales".

Sobre la implicación de la comunidad internacional, ha alertado de la falta de resultados. "Han estado emitiendo comunicados pero la situación no ha mejorado. Lo que queremos es que lleven a los talibán ante la Justicia, que se establezcan mecanismos para evitar la impunidad y que se investiguen los abusos perpetrados. Pedimos especialmente a Estados Unidos que no normalice a los talibán", ha recalcado Hamidi.

DESPLAZAMIENTOS Y REFUGIADOS

El rápido deterioro de la situación ha provocado la salida del país de millones de afganos que han tratado de buscar refugio en otros países de la región y que, sin embargo, han procedido a expulsar a muchos de ellos en un recrudecimiento de sus políticas migratorias.

Esto ha llevado a miles de afganos a regresar a su país de origen, lo que ha hecho saltar todas las alarmas por parte de actores como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Solo en abril, más de 251.000 afganos regresaron en circunstancias adversas desde Irán y Pakistán, incluidos más de 96.000 que fueron deportados.

Si bien ACNUR reconoce los numerosos desafíos --incluidas las dificultades económicas-- a los que se enfrentan los países que han acogido a millones de afganos durante décadas, alerta de las graves amenazas para la seguridad a las que deben enfrentarse estos grupos poblacionales.

Las más afectadas, nuevamente, son las mujeres y las niñas, que hacen frente a "restricciones cada vez mayores en términos de acceso al empleo, la educación y la libertad de movimiento en Afganistán", ha aseverado ACNUR, que ha explicado que las minorías étnicas y religiosas también están amenazadas.

Desde 2023, más de 3,4 millones de personas afganas han regresado o han sido deportadas desde Irán y Pakistán, incluidas más de 1,5 millones en 2024. Estos retornos masivos han sobrecargado la capacidad de muchas provincias en Afganistán y han aumentado el riesgo de nuevos desplazamientos internos.

"La situación de los refugiados en Pakistán e Irán es muy preocupante. El año pasado el Gobierno paquistaní decidió deportarlos a Afganistán, y están deportando también a afganos que cuentan con documentos legales, con visados. Las mujeres que sean deportadas se verán gravemente expuestas a las violaciones de los talibán y a posibles torturas", ha afirmado Hamidi, que ha mostrado su preocupación por la violación del principio de no devolución.

La OIM, por su parte, ha pedido un aumento de la financiación a sus socios y donantes para poner en marcha las medidas necesarias para ayudar a entre 600.000 y 1,5 millones de afganos que se encuentran en una situación aún más vulnerable tras tener que regresar al país.

"La mayor parte de la gente que tiene que volver a Afganistán atraviesa une estado de profunda vulnerabilidad tras abandonar todas sus posesiones y dejar sus trabajos. Estas familias son a menudo separadas y carecen de acceso a refugios y otros servicios básicos", ha declarado Ugochi Daniels, subdirector general de operaciones de la OIM, en un comunicado.

El pasado mes de abril, una media de 3.000 personas regresaron cada día a Afganistán a través de los pasos fronterizos de Nangarhar y Kandahar. Daniels ha explicado que sin "financiación adicional, la organización no podrá hacer entrega de ayuda a aquellos que regresen y a las comunidades que siguen gravemente afectadas".

Estas preocupaciones siguen agravándose ante las grandes necesidades humanitarias existentes en Afganistán, donde se ha producido además un aumento del desempleo y un recrudecimiento de los desastres naturales y los fenómenos climáticos extremos.