Concejal de Cartagena reveló contratos “a dedo” por $1.700 millones a la Federación de Surf con supuestos nexos familiares Infobae
Mientras en Cartagena avanza la administración del alcalde Dumek Turbay, desde el Concejo Distrital se elevó una polémica que comienza a generar ruido en la opinión pública. Esta vez, el foco está en presuntos conflictos de interés y la adjudicación directa de contratos por parte de la Alcaldía, específicamente desde la Secretaría General, una de las dependencias más estratégicas del Palacio de la Aduana.
El concejal Javier Julio Bejarano, conocido por su postura crítica frente a las decisiones del alcalde Turbay, hizo públicas varias denuncias en sus redes sociales, donde detalla lo que considera una cadena de irregularidades en procesos contractuales con montos que superan los 1.700 millones de pesos.
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“El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, tiene una aliada que lo acompaña desde que él era Gobernador de Bolívar, la cual hoy ocupa un cargo clave en la administración, María Patricia Porras Mendoza, la secretaria general. Porras Mendoza tendría un familiar muy cercano: Andrés Porras Villamil, presidente de la Federación Colombiana de Surf”, expresó Bejarano, señalando un posible nexo familiar como punto de partida del conflicto de interés.
Según el cabildante, la Federación Colombiana de Surf habría recibido cuatro contratos durante 2024 y uno en 2025, por un total de 1.727 millones de pesos, lo que encendió las alarmas en sectores que cuestionan la equidad y la transparencia de la asignación de recursos públicos.
Bejarano también puso en duda la justificación de estos contratos, señalando que, “hay que señalar que la Federación de Surf, que no necesita escenarios deportivos, porque recuerden que tienen las playas, que no necesita infraestructura, es una de las federaciones que más recursos ha obtenido en esta administración”.
Una de las acusaciones más llamativas tiene que ver con un convenio específico, en el cual se contrató a la Federación para la realización de un documental. El concejal cuestionó duramente este proceso, “¿con qué trayectoria en el ámbito cinematográfico y audiovisual cuenta esta federación para haber obtenido una calificación de 100%?”, dijo en uno de sus videos.
Más allá de la denuncia, el político señaló lo que considera un patrón recurrente en este tipo de procesos. adjudicaciones sin competencia, lo que en sus palabras se traduce en contrataciones “a dedo”. “Pero mientras el señor Andrés Villamil recibe estos cuantiosos contratos en convenios, también es contratista del Distrito”, denunció Bejarano, señalando que dichos convenios provienen justamente de la Secretaría General, dirigida por su supuesta familiar.
Ante el revuelo causado por estas declaraciones, El Tiempo consultó a las partes implicadas. Desde la oficina de prensa del alcalde Dumek Turbay se indicó que “el alcalde no le hace el juego de campaña al concejal”, negándose a emitir un pronunciamiento oficial.
Por su parte, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc) respaldó el proyecto audiovisual, asegurando que, “ya el Ipcc tiene todo el soporte legal de ese tema, quien conoce quién es Freddy Marimón (surfista adaptado y campeón mundial) sabe que es un documental inspirador, y ojalá saliera él mismo a defenderse de un nuevo atropello”.
La Federación Colombiana de Surf también respondió. En un comunicado enviado a este medio, rechazaron las afirmaciones del concejal, asegurando que “esta afirmación desconoce que los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación perfectamente legal y legítima, contemplada en la normatividad colombiana, que nuestra Federación utiliza regularmente con diferentes entidades públicas en todo el territorio nacional”. Además, recordaron que ya habían producido un documental en 2019 sobre Freddy Marimón, fortaleciendo su experiencia en el tema.
El observatorio ciudadano Funcicar, que hace seguimiento al comportamiento del Concejo de Cartagena, identificó a Bejarano como uno de los cabildantes más activos y críticos del actual gobierno distrital. Sus intervenciones suelen generar debate y controversia, en especial cuando se trata de cuestionar decisiones contractuales o administrativas.
Aunque las acusaciones aún no han sido objeto de investigaciones oficiales, la controversia deja sobre la mesa interrogantes sobre la transparencia, la ética pública y el uso de recursos en proyectos cuya pertinencia sigue siendo cuestionada. Mientras tanto, el escenario político en Cartagena continúa agitado, con más voces que se suman a la discusión sobre el manejo de los fondos públicos en la actual administración.
