La carta que permanece ‘guardada’ en la SIC y que acusa a amiga de Cielo Rusinque de graves irregularidades en millonarios contratos Infobae
Una carta anónima que llegó el 3 de septiembre de 2024 a la oficina de Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, denunció presuntas irregularidades en la entidad, señalando directamente a Johanna Duarte, que ocupó el cargo de directora administrativa desde febrero de 2024 hasta octubre del mismo año.
Según el documento conocido por la revista Cambio, Duarte habría negociado contratos relacionados con el cambio de sede de la Superintendencia y la operación de las ‘Rutas del Consumidor’, un programa que utiliza buses para recibir quejas de usuarios en todo el país.
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La denuncia también menciona supuestas manipulaciones en los procesos de contratación y alardeos de Duarte sobre su respaldo por parte de la superintendente Cielo Rusinque.
De acuerdo con el documento, el denunciante afirmó haber escuchado directamente a Duarte hablar sobre la necesidad de ampliar cronogramas para beneficiar a un “amigo” en el contrato de las rutas.
“Que ella con rutas ya tenía al “amigo” y que por eso había la necesidad de ampliar el cronograma, que tenían que sacar del medio a los que se le estaban atravesando y por eso le tocó hablar con la asesora de la red para mostrarle que supuestamente no había pluralidad pero que era mentira y que “la tonta esa” creyó todo y por eso pudieron retrasar el proceso mientras el “amigo” cuadraba todo", señala la denuncia conocida por Cambio.
El denunciante también aseguró que Duarte habría discutido estrategias para aparentar pluralidad en los procesos y eliminar a otros competidores. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la queja quedó archivada en la oficina de Control Interno, y el contrato señalado siguió adelante con la participación de Duarte.
En octubre de 2024, un mes después de la llegada de la denuncia, se adjudicó el contrato para la operación logística de las Rutas del Consumidor a la Unión Temporal Visión SIC 2024, conformada por la empresa Quinta Generación y Sonia Jaimes Cobos.
Este contrato, valorado en 8.716 millones de pesos, tiene vigencia hasta junio de 2026. Aunque inicialmente participaron seis oferentes, solo tres fueron habilitados para presentar propuestas, entre ellos Visión SIC 2024, que finalmente ganó al presentar la oferta económica más baja.
Sin embargo, el proceso de adjudicación estuvo rodeado de controversias. Según los documentos de la licitación revisados por Cambio, Visión SIC 2024 no cumplía con ciertos requisitos técnicos relacionados con los perfiles del coordinador general y el coordinador logístico.
Aunque otros participantes señalaron esta irregularidad, el comité evaluador permitió que el consorcio subsanara los documentos y, además, le otorgó el puntaje máximo en ese ítem, algo que expertos en contratación pública consideran inusual y contrario a las normas de licitación.
Fuentes internas de la Superintendencia revelaron al medio que esta decisión se tomó tras una reunión del comité evaluador en la que Duarte habría insistido en permitir la corrección de los documentos, lo que dio ventaja al consorcio frente a los demás competidores. En respuesta, Sonia Jaimes Cobos, representante de Visión SIC 2024, defendió la legalidad del proceso, argumentando que la subsanación de requisitos habilitantes estaba permitida por la ley y que su empresa cumplió con todas las normas.
El caso se complicó aún más cuando se descubrió que Quinta Generación, una de las empresas del consorcio ganador, está representada por la misma Sonia Jaimes Cobos, lo que sugiere un posible conflicto de interés. Además, la empresa, domiciliada en Medellín, no tiene experiencia previa en la operación de unidades móviles o buses, aunque logró acreditar su idoneidad gracias a contratos previos en el sector de eventos y logística.
Tras la adjudicación del contrato, Duarte solicitó permiso para ausentarse del trabajo por motivos personales, pero fue vista en el aeropuerto de Bogotá con destino a Medellín, ciudad donde está ubicada Quinta Generación.
Cuando fue confrontada por el secretario general de la Superintendencia, Duarte ofreció versiones contradictorias sobre su viaje, primero alegando razones familiares y luego mencionando un emprendimiento personal en la ciudad. Una semana después, presentó su renuncia.
En declaraciones a Cambio, la superintendente Rusinque afirmó que la salida de Duarte se debió a motivos personales y negó tener conocimiento de las irregularidades denunciadas en el anónimo. También aseguró que los procesos de contratación son responsabilidad de la Secretaría General y la oficina de Contratación, y no de su despacho.
“No me ocupo de esos detalles, ni tengo los documentos, seguro Secretaría debe tener la trazabilidad”, señaló la superintendente.
El anónimo también mencionó otras presuntas irregularidades relacionadas con el cambio de sede de la Superintendencia, un proceso en el que Duarte habría mostrado interés particular.
Según una fuente citada por el medio, Duarte habría alardeado de su relación con el contratista encargado del edificio donde funcionaban algunas oficinas de la entidad. Este contratista, identificado como Famoc Depanel, también estuvo involucrado en procesos similares durante la gestión de Duarte en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde trabajó junto a Rusinque.
El historial de Duarte en el sector público incluye su paso por el DPS y el Ministerio de Ciencias, donde también enfrentó cuestionamientos relacionados con temas contractuales.
En ambos casos, su salida fue atribuida a motivos personales. Su relación con Rusinque, con quien compartió estudios universitarios, ha sido señalada como un factor que facilitó su llegada a cargos de confianza en distintas entidades.
Finalmente, Duarte negó las acusaciones en su contra y aseguró que no ha sido notificada de ningún proceso disciplinario. También defendió la transparencia del contrato de las rutas del consumidor, argumentando que las decisiones fueron tomadas por el comité evaluador y no por ella.
