Represión en Cuba: ¿A quién ha servido el teléfono rojo? MPV

POR YAXYS CIRES

El régimen cubano acaba de revocar la medida de libertad condicional a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, dos de los principales líderes de la oposición. Es lógico que cualquiera se pregunte cómo reaccionará la comunidad internacional. 

Durante años, hemos escuchado la justificación de que la cautela extrema mostrada por funcionarios de la ONU en relación con las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen cubano, se debe a la necesidad de mantener una suerte de «teléfono rojo», listo para ser utilizado en momentos críticos. De manera similar, desde el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), de la Unión Europea, se ha insistido repetidamente en la importancia de mantener un «diálogo constructivo» con el gobierno cubano, argumentando que esta es la vía para poder brindar ayuda efectiva al pueblo cubano.

Sin embargo, la realidad palpable cuestiona o desmiente estas estrategias. El supuesto «teléfono rojo» que la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el actual titular del cargo, Volker Türk, debían tener operativo, ha demostrado ser ineficaz, aunque también existe la duda sobre si en algún momento ha sido levantado. Sus graves omisiones y la falta de una vigilancia proactiva, inherente a sus responsabilidades, no han arrojado resultados tangibles en beneficio de cambios reales en materia de derechos ni en cuestiones humanitarias como pudiera ser la liberación de un preso enfermo.

Por el lado europeo, el entusiasmo de la entonces jefa de la diplomacia Federica Mogherini (2014-2019) para sepultar la Posición Común, y los malabarismos semánticos de su equipo, que llegó a referirse al régimen cubano como una «democracia de partido único», han resultado ser un fracaso.

Igual la aquiescencia de Josep Borrell (2019-2024), que le valió el insólito cuestionamiento del entorno del Kremlin sobre por qué no trataba a Rusia con la misma consideración que a Cuba.

La apuesta por la agenda legislativa promovida por el régimen cubano que logró engatusar a funcionarios de la ONU y de la Comisión Europea, también ha resultado ser un fiasco con graves consecuencias para el pueblo cubano. Su monumento principal, el nuevo Código Penal, se revela tan restrictivo como su predecesor, aunque más perverso, debido a su nivel de detalle en la criminalización de la disidencia y la libertad de expresión y el aumento del número de delitos que pueden conllevar la pena de muerte. A este se suma el caso de la Ley de Garantías de Derechos Fundamentales, una normativa que irónicamente no garantiza prácticamente nada, al excluir explícitamente la posibilidad de presentar denuncias precisamente contra los estamentos del Estado encargados de la represión política en el país.

La amarga verdad es que ni un solo preso político ha sido liberado como resultado del invocado «teléfono rojo» de la ONU, ni el tan pregonado «diálogo constructivo» de la UE ha logrado mejoras significativas y duraderas en la situación de los derechos humanos en Cuba, incluidos los económicos. 

Estas estrategias, presentadas como herramientas pragmáticas y necesarias, se han revelado como ejercicios retóricos vacíos, incapaces de generar un impacto real en la vida de quienes sufren bajo la opresión. Durante un tiempo dijeron que la culpa era del pueblo cubano que no protestaba, pero cuando el pueblo lo hizo, no faltó quien desde Europa saliera a condenar…. pero al embargo norteamericano. 

Dando la ONU perdida por ahora, se hace imprescindible un urgente giro de timón en la política internacional hacia Cuba, especialmente de la Unión Europea. Esto no implica adoptar una postura incendiaria ni romper los puentes de comunicación, sino mantener una posición firme e inequívoca en la defensa de los derechos humanos y la promoción de cambios democráticos reales en la isla, comenzando por reconocer como interlocutores de primera a los líderes de la oposición y la sociedad civil. Solo a través de una presión constante y principios claros se podrá aspirar a un futuro donde los derechos y las libertades fundamentales sean una realidad para todos los cubanos.

* Yaxys Cires es director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). www.observacuba.com

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