EN YUCATÁN, DESDE 2022 INICIÓ LA “DESARTICULACIÓN” DEL PODER JUDICIAL Sol Yucatán
Por Claudia V. Arriaga Durán
En Yucatán, en el 2022, ocho magistrados se retiraron de sus cargos para poder obtener los derechos que tenían cuando fueron nombrados. Sus acciones respondieron a una reforma que cambió sus condiciones laborales, y que fue presentada por el entonces gobernador del estado, Mauricio Vila, arropado por la figura del Poder Ejecutivo. En palabras de personas expertas en la materia legislativa, se trató de la desarticulación del Poder Judicial y una reestructuración a “modo”.
“La reforma que se hizo en materia del Poder Judicial en Yucatán va en contra del principio de independencia judicial, empezando porque no fueron sólo cambios orgánicos a la estructura del Tribunal Superior del Estado, sino que realmente fue un cambio íntegro de toda la composición del Tribunal”, expresó en entrevista la abogada y maestra en Derechos Humanos y Democratización, Carla Escoffié.
Se priorizó descartar a juezas y jueces, quienes por años fueron identificados cercanos al PRI – partido que gobernó por años Yucatán- y colocaron a personas cercanas al PAN, es decir, al gobernador, Mauricio Vila.
“Directa e indirectamente eran personas cercanas al priísmo y fueron reemplazadas por figuras que son identificadas con mayor o menor medida cercanas al PAN y particularmente a Mauricio Vila. Todo en un contexto en el cual el PAN tenía un control efectivo del Congreso de Yucatán como para hacer esta modificación”, comentó Carla.
Los principales cambios que aprobaron las y los diputados del Congreso del Estado de Yucatán a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios fueron:
- Aumentar el número de magistrados de 11 a 15, que estarían 15 años en el cargo.
- Crear 21 juzgados de primera instancia.
Desapareció el retiro vitalicio, obligando a las magistradas y magistrados a retirarse anticipadamente para gozar de este derecho:
“Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en funciones que no hayan cumplido quince años en el cargo o que los cumplan dentro de los cuarenta y cinco días naturales de la entrada en vigor de este decreto contarán con un plazo de sesenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, para solicitar al pleno del referido tribunal su retiro anticipado, en el primer caso, o su retiro, en el segundo, con el haber por retiro vitalicio regulado en las disposiciones vigentes previo a la entrada en vigor de este decreto”, se lee en la reforma.
De los 11 magistrados que eran parte del Tribunal Superior de Justicia, ocho se retiraron anticipadamente para tener derecho al retiro vitalicio.
Ligia Aurora Cortés Ortega, Ricardo de Jesús Ávila Heredia, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Jorge Rivero Evia, Luis Felipe Esperón, Santiago Altamirano Escalante y Marcos Alejandro Celis Quintal. Semanas antes también lo hizo Adda Cámara Vallejo.
Santiago Altamirano Escalante, quien era de la Sala Unitaria en Justicia Especializada para Adolescentes, explicó que decidió retirarse anticipadamente porque era un tema que tendría que tratarse jurídicamente. No existía la certeza de que resultara favorable. Sin embargo, Ingrid Priego Cárdenas, Leticia Cobá Magaña y Rubén Ruiz Ramírez se ampararon contra la reforma aprobada y lograron conservar sus puestos y derechos.
El exmagistrado Santiago Altamirano opinó que es la última reforma, aprobada en junio de este año, la que tiene mayor impacto. En esta, las y los legisladores votaron a favor de una iniciativa presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que modificó la designación de magistraturas. En otras palabras, ahora serán elegidas por el propio pleno del TSJ.
“El Poder Judicial no tiene una persona que tome las decisiones, sino que es un órgano colegiado quien toma las decisiones en base a una propuesta y esa propuesta se somete a la votación de los integrantes del pleno. En ese sentido, pues, bueno, la última mala reforma va dirigida a ese punto”, enfatizó.
El procedimiento, según describe la actual Constitución del Estado de Yucatán en su artículo 66, es que 60 días naturales antes de que una magistrada o magistrado se retire por concluir su periodo o algún otro motivo, se avisará a las y los magistrados en funciones para que en diez días hábiles presenten una propuesta individual o en conjunto para ocupar el cargo vacante.
La abogada y maestra en Derechos Humanos y Democratización, Carla Escoffié, insistió en que la conformación o “renovación” de un Poder Judicial no garantiza, ni soluciona, la falta de acceso a la justicia para la ciudadanía en Yucatán.
“En el Poder Judicial de Yucatán hay muchos problemas. Hay mucho rezago judicial, hay muchas deficiencias en la administración de justicia que no se han resuelto y que requieren mucha atención y no fue eso lo que se priorizó cuando miles de personas en el Estado a diario están pasando un suplicio en los juzgados de primera instancia”, acotó.
Además, existen otros temas pendientes por atender, por ejemplo, la corrupción dentro del sistema.
“Sin mencionar otros fenómenos conocidos como la corrupción o la negligencia, entonces me parece que frente a ese escenario, el priorizar tener a un tribunal de cercanía es un claro reflejo de dónde están las prioridades para el gobernador saliente”, enfatizó.
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