Crisis de desaparecidos en el ojo de la ONU Excelsior

La crisis de desaparecidos en México es conocida en el mundo por hitos terribles como San Fernando o Ayotzinapa, pero adquiere un grado de visibilidad superlativa cuando entra a la agenda de la ONU.
Ése es el objetivo de la apertura de un procedimiento de denuncia extraordinario contra la desaparición forzada en el país, que el gobierno se niega a aceptar como práctica general y sistemática.
En la coyuntura, la acusación del Comité de Desaparición Forzada cayó como “balde de agua fría” sobre las expectativas de aislar el caso Teuchitlán de la situación de los desaparecidos.
El gobierno, en esa pretensión, comete el mismo error que los anteriores; de igual manera que rechazar, como ellos, denuncias de la comunidad internacional sobre graves violaciones a derechos humanos impunes; cuyo rastro perdura en el reclamo de las víctimas.
Pero la tentativa de sacar la vuelta o desviar la atención para sortear costos políticos de la tragedia de la desaparición sólo logra que se pierda o desconozca el problema de fondo: en el país hay más de 127,000 desaparecidos, 72,000 cuerpos sin identificar y 6,000 fosas clandestinas.
Prueba de ello, la profundización de la crisis y la ausencia de respuestas aparejadas a la negación de un problema estructural de seguridad desde hace dos décadas y, además, infranqueable porque las víctimas nunca desaparecen.
No obstante, esta vez la denuncia tiene otra dimensión por invocarse por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención de la ONU, que prevé un mecanismo para llevarla a la Asamblea General si se comprueban indicios fundados de desaparición forzosa “generalizada y sistemática”, como presume el Comité; que justifica en la necesidad urgente de forzar al Estado a tomar acciones contra la impunidad casi total de crímenes de lesa humanidad que se multiplican junto con la violencia del narco.
La pretensión de llamar la atención internacional sobre este problema en México no es nueva, pero si sorpresivo abrir un mecanismo extremo que configura una condena contra el Estado.
Desde Ayotzinapa, en 2015, el Comité consideró las desapariciones como un problema “generalizado” por ocurrir en la mayor parte del país; y ahora “sistemático” por advertir pautas de actuación que involucrarían a las autoridades.
El desagrado del gobierno es inocultable con su tajante negativa a la acusación de que la desaparición sea una política de Estado.
Claudia Sheinbaum acusa desconocimiento del Comité y en el Senado se quiere pedir a la ONU la destitución de su responsable, Olivier de Frouville, con expresiones de repudio similares a las del pasado.
Aunque, paradójicamente, el nuevo choque ocurre cuando la Presidenta comienza, por Teuchitlán, a dar muestras de abordar el problema como “prioridad nacional” y colocar el reconocimiento a las víctimas en la primera línea de la política; y dejar de “desaparecerlas” a diferencia de su antecesor.
Pero el meollo del conflicto no está en que el gobierno niegue las desapariciones que, al contrario, reconoce en la apertura al diálogo con las víctimas, la necesidad de reformar la ley y un registro inocultable.
Lo que rechaza es que se señalen como “forzadas” porque involucraría a autoridades y, por ello, las atribuye a un asunto entre particulares y la violencia del narco.
La médula de su protesta es que la denuncia parte de considerar que la violencia criminal e impunidad, metódica y extendida, descansa en la complicidad por acción u omisión de distintos poderes y niveles de gobierno, aunque no sólo en ellos.
¿Qué pasará? Primero, sería un error que se frenara el acercamiento y diálogo con las víctimas por evitar sus críticas a la posición del gobierno contra la ONU, dado que ellas son fuente de la denuncia del comité, junto con datos de solicitudes no atendidas e informes oficiales; o por el temor de que las madres buscadoras se vuelvan un actor político.
Y, segundo, la indagatoria del Comité de la ONU requiere de la cooperación del gobierno con información que podría negarse a dar sobre la crisis, aunque diga que no prejuzga la responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones y que su denuncia se refiere también al crimen organizado y no sólo a actores estatales.
Pero difícilmente guardará silencio tras desatar su mecanismo más radical contra la desaparición forzada por permitirle mantener el tema en la agenda de la ONU y el foco de atención internacional para forzar la actuación del gobierno contra la impunidad.
 Columnista: José Buendía HegewischImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0