MÉXICO se REZAGA en judicializar DELITOS PENALES contra migrantes CENTROAMERICANOS Punto Por Punto

Durante su comparecencia ante el Comité de la ONU para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el Poder Judicial de la Federación reconoció rezagos en la judicialización de delitos contra personas migrantes, pero aseguró que se están generando cambios estructurales en sus políticas institucionales para mejorar la impartición de justicia con enfoque de derechos humanos.

• Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, dio respuesta a los cuestionamientos formulados por el Comité, en temas clave como el control migratorio, la interseccionalidad en políticas judiciales, el acceso a justicia en casos de trata y desaparición forzada, y la discriminación hacia personas migrantes.
• El funcionario judicial informó que entre 2019 y 2025 se han dictado 53 sentencias en casos relacionados con delitos contra personas migrantes, de las cuales 43 han sido condenatorias. No obstante, admitió que en casos de desaparición forzada la judicialización sigue siendo baja: de 2018 a 2023, sólo se lograron 15 sentencias condenatorias, a pesar de más de 70 solicitudes de vinculación a proceso.

Respecto a la trata de personas informó que hay 485 sentencias federales en la última década, pero enfatizó que muchas víctimas migrantes no eran registradas como tales, lo que impidió una estadística clara durante años.

• Guerrero Zazueta detalló que el CJF ha desarrollado desde 2021 un proyecto de transformación institucional con base en estándares internacionales. Como parte de este esfuerzo, se elaboró una política pública con enfoque en siete grupos prioritarios —incluidas personas migrantes— y se ha comenzado la sistematización de recomendaciones internacionales como ejes de conducta del Poder Judicial.

Además, se anunció que en junio de 2025 se lanzará un sistema de monitoreo automático en tiempo real para evaluar el cumplimiento del CJF con estándares internacionales, en particular en casos de desaparición forzada.

Incendio en Estación Migratoria

Respecto al incendio en Ciudad Juárez, dijo que hay cinco causas penales activas, aunque todas están suspendidas por un amparo interpuesto por víctimas para ampliar el plazo de investigación. La CEAV ha reconocido a 115 víctimas (69 directas y 46 indirectas) y ha entregado apoyos por 112 millones de pesos a 281 víctimas indirectas, según Guerrero Zazueta.

• Fátima Ríos González, directora general de Movilidad Humana de la Secretaría de Gobernación, presentó un balance tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, señalando mejoras en infraestructura, protocolos y capacitación.
• Informó que se suspendió la operación de 33 estaciones migratorias tras la evaluación de la CNDH, se construyeron nuevos Centros Integradores y de Atención a Migrantes, y se capacitaron a miles de funcionarios en protección civil y derechos humanos.
• Sobre la niñez migrante, destacó la existencia de 106 espacios de alojamiento con capacidad para más de 9,300 personas, y el fortalecimiento de la red de asistencia social para canalizar a menores no acompañados.

Tiempos en estaciones

• En cuanto al alojamiento de personas en estaciones migratorias, Ríos destacó que el INM ya aplica el criterio de la Suprema Corte que limita a 36 horas el tiempo máximo de estancia.

“En la práctica, el procedimiento migratorio se resuelve en ese plazo. El siguiente paso es que esto se refleje en la ley de migración y su reglamento”, dijo.

A la par, la funcionaria explicó que los nuevos Centros Multiservicio de Inclusión y Desarrollo no reemplazarán a las estaciones migratorias, sino que atenderán a personas con necesidades de protección internacional y acercarán servicios del Estado mexicano a la población migrante en contexto de movilidad, particularmente en el sur del país.

• La funcionaria explicó que existe ya un sistema de registro de personas extranjeras puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual permite dar seguimiento a sus procedimientos administrativos y evitar duplicidades.
• Para niñas, niños y adolescentes migrantes, existe un registro específico que conecta al INM con el Sistema DIF y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en cumplimiento con una recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Derechos laborales

Por su parte, Jennifer Catherine Feller Enríquez, directora General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó un informe sobre las acciones del Estado mexicano para garantizar los derechos de mujeres y personas migrantes, destacando avances en salud, empleo, educación y lucha contra la discriminación.

• Subrayó la operación de 37 Centros de Justicia para las Mujeres certificados y la recertificación de 51 más.
• Además, destacó que entre 2019 y 2023 se destinaron 400 millones de pesos para fortalecer estos espacios.
• “Se garantiza atención médica gratuita, sin importar la condición migratoria, incluida atención a víctimas de violencia sexual”, puntualizó.

En empleo, Feller Enríquez resaltó el lanzamiento del micrositio México te emplea, así como la colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados en el Programa de Integración Local, que ha facilitado más de 50,000 empleos formales para personas refugiadas. Sin embargo, reconoció los retos aún pendientes para evitar discriminación en instituciones bancarias.

Impunidad en crímenes contra migrantes

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en México, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, población haitiana, personas con discapacidad y víctimas de desaparición forzada.

Durante las sesiones, representantes de diversas organizaciones expusieron prácticas de discriminación, uso excesivo de fuerza, expulsiones ilegales y una deficiente actuación de las autoridades migratorias mexicanas que, afirman, atentan contra los derechos fundamentales de las personas en movilidad.

• Marisol Méndez, coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia, denunció que persiste la impunidad en los casos de masacres y desapariciones.

“Las masacres y desapariciones de migrantes se siguen cometiendo con total impunidad. A más de 13 años, la fiscalía no ha identificado a los responsables (de la masacre de San Fernando)”, afirmó Méndez en el marco del 40° periodo de sesiones.

• La especialista señaló que la falta de justicia ha permitido que los grupos criminales continúen con la desaparición sistemática de personas en tránsito y mencionó como ejemplo el reciente hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, de un posible campo de exterminio.

Además, criticó la omisión del Estado mexicano para implementar las recomendaciones internacionales.

“Tampoco se ha creado la comisión especial recomendada por el Comité contra las desapariciones forzadas para investigar casos de desapariciones y masacres de migrantes ni se ha instalado la mesa de búsqueda de migrantes aprobada hace casi tres años por el gobierno mexicano”, advirtió.

Atención consular

Por otro lado, Marisol Méndez mencionó que existen retrocesos en la atención consular a víctimas en países como El Salvador y Honduras, donde los consulados ya no quieren recibir denuncias por desaparición de migrantes, lo cual bloquea el acceso al mecanismo exterior de apoyo en búsqueda e investigación.

• Ángeles Cruz, coordinadora de Investigación en Racismo MX, advirtió que México ha adoptado medidas restrictivas de carácter securitario y militar para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, lo cual ha generado condiciones de mayor violencia, discriminación y exclusión para las personas migrantes.
• “Estas acciones afectan las posibilidades de muchas personas en movilidad para viajar de manera segura y regular, además de que vinculan a quienes se desplazan con actividades delictivas bajo estereotipos raciales y xenófobos”, declaró Cruz ante el Comité.
• En su intervención, también alertó sobre la falta de programas gubernamentales que promuevan la cohesión social en comunidades con presencia de asentamientos de personas migrantes, lo que ha dado pie a desalojos forzosos y actos de rechazo motivados por discursos racistas provenientes de las poblaciones locales.

Racismo e infancias

Por su parte, Dinora Arceta, del IMUMI, denunció que desde 2017 la política migratoria mexicana está basada en una lógica de contención, acompañada de prácticas racistas y de perfilamiento étnico y racial.

• Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las revisiones migratorias en México violan los derechos humanos, especialmente de personas indígenas y afrodescendientes, al basarse en perfiles raciales.
• La organización Kids in Need of Defense reconoció la existencia de marcos normativos como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral (Sipinna), pero advirtió sobre “grandes lagunas en su aplicación”.
• Entre ellas, la falta de financiamiento suficiente para las agencias de protección infantil como las procuradurías estatales, los refugios del DIF y las oficinas de protección a la infancia.
• También sugirieron al Estado mexicano a transparentar la información sobre niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, pues solo el Ministerio del Interior publica datos que no desagregan adecuadamente a esta población.
• Asimismo, denunciaron que, en muchos casos, menores de edad son expulsados del país sin que se realice una evaluación independiente del interés superior del menor, en contravención con la legislación nacional.

Desde Asylum Access, Lucía Chávez, directora ejecutiva de la organización, destacó la precariedad laboral que enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Señaló barreras estructurales como la falta de documentos migratorios, discriminación en el empleo y exclusión financiera, lo que las expone a la explotación laboral y trata. “Es momento de requerir que el Estado mexicano pase del discurso a la acción”, sostuvo.

Este martes seguirán las sesiones sobre la situación de los migrantes en México. Será el 15 de abril cuando el Comité emita su informe sobre las conclusiones de las audiencias.

Deportaciones masivas de EU potencian la desaparición de migrantes: ONU

• El enfoque que prioriza la detección, detención y deportación masiva potencia la desaparición de migrantes, advierte Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Aseguró que desde la perspectiva de la desaparición de personas, la ONU ha expresado su preocupación por el impacto de las políticas de seguridad implementadas por México y Estados Unidos.

• Convocó a no olvidar que recientemente el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU formuló recomendaciones específicas para que el país adopte un enfoque diferenciado respecto a la migración y las deportaciones, con el fin de abordar los riesgos de desapariciones.
• “México se ha caracterizado por ser un país que expulsa migrantes, por el que transitan migrantes y es también un país de acogida, y en esto sí se requiere un esfuerzo para que migrar no sea un factor de riesgo que someta a las personas a condiciones de desaparición e incluso de otros tipo de violación a los derechos humanos”.

Añadió que el objetivo es lograr que migrar no constituya un factor de riesgo que someta a las personas a condiciones de desaparición, trabajos forzados, asesinatos y trata de personas.

• Las políticas de migración, que incluyen tanto la detención como las deportaciones masivas, subrayó, han aumentado la vulnerabilidad de los migrantes, exponiéndolos a violaciones graves de derechos humanos.
• En cuanto a las cifras de migrantes desaparecidos en su tránsito por México, lamentó la falta de registros adecuados, lo que complica la tarea de caracterizar con precisión el universo de desaparecidos.

No hay datos desglosados, desagregados para tener una estimación certera del número de personas migrantes desaparecidas en el contexto de su movilidad, explicó.

Este vacío de información, sostuvo, es uno de los principales obstáculos para comprender la magnitud del fenómeno.

• Pese a esta falta de datos, el comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México enfatizó que no cabe duda de que existen hechos que han conmocionado a la sociedad mexicana, como las desapariciones forzadas de personas en movilidad.

Algunas de ellas de corta duración, vinculadas con los llamados “secuestros exprés”.

• Enfatizó la necesidad urgente de registros numéricos y una mejor protección para los migrantes. “Es crucial que se adopten enfoques diferenciados y se refuerce la protección para este grupo tan vulnerable”, puntualizó.

¿Cómo apoya la ONU a los migrantes que pasan por territorio mexicano?

Al respecto, la ONU ha instado a México a mejorar sus políticas de protección hacia los migrantes, implementando medidas que permitan prevenir las desapariciones y garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas en movimiento.

Esto incluye la creación de registros más detallados y accesibles, además de una respuesta institucional más efectiva ante los casos de desaparición. /Agencias-PUNTOporPUNTO