En este mandato de Trump, la venganza adopta muchas formas Vanguardia.com.mx

Por Michael S.
SchmidtCuando el presidente Donald Trump volvió al poder, sus rivales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley temieron que cumpliera sus promesas de utilizar el Departamento de Justicia y el FBI para investigar e incluso encarcelar a sus supuestos enemigos.
Pero desde que ganó la reelección, la campaña de represalias de Trump ha resultado ser mucho más amplia, eficiente y creativa de lo previsto.
También ha dependido menos del sistema judicial.
TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch revela que Los Chapitos estarían detrás de una masacre en centro de rehabilitación de CuliacánEl presidente no solo ha encontrado nuevas formas de utilizar su poder para atacar a quienes ha demonizado, sino que sus acciones —o la mera perspectiva de ellas— han llevado a algunos de aquellos a los que ha perseguido a cambiar su comportamiento ya alinearse.
Trump ha empleado tácticas que incluyen demandas judiciales, órdenes ejecutivas, reglamentos, despidos de puestos en el gobierno, eliminación de equipos de seguridad e intimidación pública para enfrentarse a una amplia gama de personas e instituciones que considera que lo han perseguido injustamente o han intentado bloquear su agenda.
En el proceso, ha desdibujado lo personal y lo político, haciendo difícil en algunas ocasiones, distinguir entre sus motivos de agravio y sus objetivos de política, tal como en el caso de su ataque a instituciones académicas y culturales.
En muchos casos se apoya en el poder unilateral, o lo hace valer, en lugar de recurrir a los tribunales oa los organismos federales para llevar a cabo sus exigencias.
Muchos de sus blancos son quienes lo persiguieron o desafiaron políticamente, o son instituciones y grupos que él considera obstáculos ideológicos, como las universidades de élite.
Amenazar con una investigación penal sigue formando parte de su libro de jugadas.
El mes pasado volvió a insinuar que el expresidente Joe Biden debería “ir a la cárcel”, y su elegido para dirigir la oficina de la fiscalía general en Washington ha tomado repetidas medidas para examinar a los demócratas y purgar a quienes investigaron el asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021.
Pero los blancos del presidente ceden a menudo ante otro tipo de presiones.
Recientemente, varios grandes despachos de optar abogadoson por doblegarse ante las órdenes ejecutivas punitivas que podrían paralizar su capacidad de hacer negocios, aceptando sus condiciones en lugar de impugnarlas en los tribunales.
“Todos se están doblando y diciendo: "Señor, muchas gracias"”, dijo Trump el mes pasado.
Y añadió: “Los despachos de abogados solo están diciendo: "¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?"”Trump es solo el segundo presidente en la historia de Estados Unidos que ejerce un mandato no consecutivo, y esta vez parece haber accedido al cargo con una visión maximalista de sus poderes, aunque estos puestos sean en duda o no se hayan puesto a prueba.
Y, a diferencia de lo ocurrido en su primer mandato, ya no lo mantienen a raya ayudantes procedentes de las filas del ejército o republicanos de la clase dirigente, quienes consideraban que su trabajo consistía en protegerlo de sí mismo.
“Da miedo estar en una posición en la que tenemos un ejecutivo que da prioridad a los actos de represalia y lo hace de formas creativas que eluden las salvaguardias y las normas tradicionales”, dijo Sean Brennan, quien como fiscal del Departamento de Justicia supervisó los casos contra los alborotadores que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 y fue despedido solo 11 días después de que Trump asumiera el cargo.
“Y a menudo, para cuando se puede impugnar ante los tribunales, el daño ya está hecho”.
La disposición de Trump de imponer costos a quien se le cruce o no haga caso de sus exigencias se ha convertido en una característica constante de sus primeros meses en el cargo, y se extiende a oponentes políticos y funcionarios del gobierno, medios de comunicación y cadenas de televisión, empresas, abogados y sus despachos, universidades, grupos de investigación, e instituciones culturales como el Kennedy Center y el Smithsonian.
El mes pasado ordenó a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional que impusieran “sanciones a los abogados y despachos de abogados que entablen litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”, una medida que, según los críticos, podría suprimir los esfuerzos legales legítimos para cuestionar las políticas públicas y lograr que funcionarios del gobierno rindan cuentas de sus actos.
“Por ahora, es una forma más fácil de buscar el castigo sin tener que lidiar con otras instituciones como los jurados y los tribunales, que conllevan todo tipo de requisitos y posibles barreras”, dijo Daniel C.
Richman, profesor de derecho de la Universidad de Columbia y exfiscal federal.
“Pero tanto si se trata de perseguir a bufetes de abogados, eliminar detalles de seguridad o acabar con subvenciones clave, esta es también una "presidencia de apretar el botón"”, dijo Richman, añadiendo que el enfoque de Trump parece basarse en “la noción de "vamos a hacerles esto y veamos qué pasa"”.
Cuando se le preguntó por la expansiva campaña de retribución de Trump, Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, respondió: “Las presidencias tradicionales no han conseguido introducir cambios significativos en las formas de Washington, y el presidente está comprometido a trastocar la arraigada burocracia”.
La cruzada de Trump no ha estado totalmente exenta de límites.
Los jueces federales han fallado un favor de los despachos de abogados que han decidido luchar contra las órdenes ejecutivas de Trump en los tribunales.
Pero al iniciar su segundo mandato con acciones como retirar los equipos de seguridad de antiguos ayudantes y funcionarios que consideran desleales —aunque sigan enfrentándose a graves amenazas extranjeras o nacionales—, dio a entender que cualquiera que se le cruce podría sufrir graves consecuencias.
Al enfrentarse a los grandes despachos de abogados, Trump persiguió a bufetes que empleaban a abogados que habían desempeñado un papel en su intento de exigirle responsabilidades o que habían representado a sus rivales políticos.
Pero también creó la posibilidad de que, en el futuro, a cualquiera en la lista de enemigos le resultara difícil conseguir la representación de un despacho de abogados de renombre, una posibilidad que sus críticos consideraron que socavaba profundamente un principio fundamental del sistema judicial.
También fue un mensaje a los despachos, que disponen de recursos para interponer demandas contra el gobierno para detener políticas potencialmente ilegales, indicándoles que oponerse al presidente en los tribunales podría ser catastrófico desde el punto de vista económico.
Varios de los despachos en el punto de mira de Trump —Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block— se opusieron a las órdenes ejecutivas.
Y en un sorprendente ejemplo de resistencia, tres jueces dictaminaron que las órdenes eran probablemente inconstitucionales.
Pero muchos despachos de abogados, como el de Paul Weiss, se han asustado tanto ante la perspectiva de una pelea pública con el presidente, que se están retirando de todos modos, lo que subraya que el poder de Trump para lograr represalias no siempre es de un tipo que necesita la acción del Departamento de Justicia o que pueda ser frenado por los tribunales u otras instituciones.
Algunos despachos están haciendo concesiones incluso antes de que se haya firmado alguna orden ejecutiva contra ellas, tras ser informadas de que podrían ser las siguientes en la lista de Trump.
Brennan, el exfiscal despedido por su papel en la presentación de cargos contra los alborotadores del 6 de enero, dijo que era especialmente frustrante ver cómo capitulaban los despachos de abogados.
Despedido de su trabajo en el gobierno y con una deuda por sus estudios en la facultad de Derecho, dijo, tiene poca capacidad para defenderse e impugnar su despido ante los tribunales.
Los grandes despachos de abogados, por otra parte, se encuentran entre las instituciones que disponen de recursos para luchar contra Trump.
“Nos encontramos en un momento único en el que el Estado de derecho se ve amenazado y parte del deber de los abogados como profesionales es defensor el Estado de derecho y luchar contra las amenazas al Estado de derecho”, dijo Brennan.
“Y los despachos de abogados están en una posición única para librar estas batallas, pero estaban más preocupados por sus estados de resultados”.
Al llevar a cabo su campaña, las medidas de Trump a menudo combinan influencia política, dominio de la atención del público y control de algunos gastos federales, a veces envueltas en un lenguaje que es un cruce entre un mensaje en las redes sociales y un escrito jurídico.
Y en algunos casos, la mera posibilidad de que pueda crear problemas a quienes ha decidido atacar le ha dado resultados.
Incluso antes de que Trump tomara posesión, el director de Meta, Mark Zuckerberg, y el director de Amazon, Jeff Bezos, fueron a Mar-a-Lago a ver a Trump.
En la toma de posesión de Trump, ellos y otros dirigentes de las principales empresas tecnológicas del país —que en su día fueron ridiculizados por Trump y sus aliados como elitistas que trabajaban contra ellos— se sentaron a escasos metros de Trump.
Una semana después de la toma de posesión de Trump, Meta, la empresa matriz de Facebook, accedió a resolver una demanda que él había interpuesto contra ella donando 25 millones de dólares a su futura biblioteca presidencial.
(La empresa aún se enfrenta a una demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio, y Zuckerberg acudió a la Casa Blanca la semana pasada a fin de presionar a Trump para que resolviera la demanda).
En los últimos meses, una serie de grandes empresas estadounidenses se han desprendido de sus programas de diversidad, equidad e inclusión, dando a entender a Trump que eliminarán las políticas que ha calificado de “antiamericanas” con la esperanza de no atraer su enojo.
Al mismo tiempo, los brazos reguladores del gobierno han seguido movilizándose contra las empresas que Trump ha atacado.
La Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos han señalado a las empresas de medios de comunicación y a los despachos de abogados que están examinando cómo influyó la diversidad en sus decisiones de contratación.
Del mismo modo, las instituciones académicas, consideradas durante mucho tiempo por Trump y sus aliados como incubadoras de la oposición liberal, se enfrentan a la perspectiva de perder enormes cantidades de ayuda federal si no se pliegan a las exigencias de Trump de hacer más para combatir el antisemitismo y poner fin a las prácticas de admisión basadas en la raza, el color o el origen nacional.
El mes pasado, la Universidad de Columbia logró que muchos de sus profesores al revisar aceptaran sus políticas sobre las protestas, sus prácticas de seguridad y su departamento de estudios sobre Medio Oriente en respuesta a las exigencias de Trump, tratando de evitar la posible pérdida de 400 millones de dólares estadounidenses en fondos federales.
La disposición de quienes están en el punto de mira de Trump a plegarse a su voluntad marca una diferencia significativa con respecto a su primer mandato, cuando Trump y su gobierno se encontraron con la rápida y firme resistencia de demócratas, republicanos contrarios a Trump y despachos de abogados que representaban a clientes que le llevaban a los tribunales.
La mayoría de los intentos de represalia de Trump durante su primer mandato se basaron en el uso de la fuerza bruta, mediante declaraciones públicas o presiones privadas, para conseguir que el Departamento de Justicia, el FBI y el IRS investigaran a sus oponentes políticos oa otras personas cuyas acciones lo enfadaban.
Aunque muchos de quienes se opusieron a él políticamente intentaron pedirle cuentas o se convirtieron en impedimentos para su programa político fueron sometidos a escrutinio de diversas maneras, ninguno de ellos fue acusado al final de la presidencia de Trump, lo que lo enfadó profundamente.
Su dominio de la forma de garantizar el cumplimiento de sus también deseos se ha reforzado desde su primer mandato.
En 2018, la secretaría de prensa de la Casa Blanca celebró una sesión informativa en la que dijo que Trump retiraría la autorización de seguridad a John Brennan, exdirector de la CIA que había sido un feroz crítico de Trump y quien este culpaba de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia.
A pesar de la conferencia de prensa, los principales asesores de Trump, incluido su jefe de gabinete en ese momento, John F.
Kelly, intervinieron para bloquear la medida, diciendo a Trump que, a pesar de lo que se había dicho públicamente, la idea era vengativa y antidemocrática.
La autorización de seguridad de Brennan permaneció intacta.
En cambio, las exigencias de Trump en los dos primeros meses de su segundo mandato de que se retiraran las autorizaciones de seguridad de más de cinco decenas de sus oponentes políticos, entre ellos Hillary Clinton, la ex representante por Wyoming Liz Cheney y Brennan, se llevaron a cabo sin demora.
c.
2025 The New York Times Company