Aprueba Congreso incorporar en Código Civil la identidad de género autopercibida Enteratever

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Con 38 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil de la entidad que incorpora el concepto de reconocimiento de Identidad de Género Autopercibida, propuesta el pasado 13 de febrero por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro y Astrid Sánchez Moguel.

El dictamen, emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, refiere que en el caso específico de Veracruz la legislación actual no discrimina directamente a las personas que autoperciben su identidad de género, pero que frecuentemente se interpretan y aplican en detrimento, menoscabo, restricción o anulación de derechos humanos.

De acuerdo con la modificación al Código Civil, para el caso de quien solicite el trámite se estará a lo previsto en lo siguiente: El reconocimiento de Identidad de Género Autopercibida es oponible ante terceros y de ninguna manera constituye la extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al trámite administrativo de reconocimiento de Identidad de Género Autopercibida y el consecuente levantamiento de una nueva acta, los cuales permanecerán intocados y por ende son completamente exigibles.

Se entiende por Identidad de Género, la vivencia interna e individual de género tal y como cada persona lo siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y registrado en su acta primigenia; en ella se incluye la vivencia personal del cuerpo y de las diversas expresiones de género.

El trámite administrativo de reconocimiento de Identidad de Género Autopercibida es integral, basado en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, gratuito y sin la exigencia de certificaciones médicas, psicológicas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales u otras que puedan resultar irrazonables, patologizantes o estigmatizantes, y que atenten contra la dignidad de la persona humana.

Para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, a través del trámite administrativo de reconocimiento de Identidad de Género Autopercibida, deberán cumplirse los siguientes requisitos: Contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento; presentar, por sí o a través de su representante legal, ante la Dirección General del Registro Civil, una solicitud en la que se especifique el nombre completo y los datos registrales del acta primigenia, así como el nombre solicitado sin apellidos, y el género autopercibido; y una copia certificada del acta primigenia, para efecto de realizar la cancelación correspondiente.

Iniciado el trámite administrativo, será resuelto en un término máximo de siete días hábiles; su procedencia deberá resolverse por la autoridad administrativa ante quien se hubiere presentado la solicitud, a través de una constancia que ordene levantar una nueva acta de nacimiento y la cancelación del acta de nacimiento primigenia y para concluir con el trámite, la autoridad que haya resuelto deberá entregar por duplicado a la persona solicitante la constancia a la que se refiere la fracción II, así como la nueva acta de nacimiento.

De la cancelación realizada al acta de nacimiento primigenia no podrán expedirse informe, salvo que lo solicite la persona titular del derecho, su representante legal o cuando sea requerida por mandamiento judicial o petición ministerial.

Las comisiones dictaminadoras coinciden con las autoras de la iniciativa, en relación con el objetivo que se busca, “el cual se resume en brindar justicia a un grupo social que históricamente ha desafiado los prejuicios sobre el género, por un lado, una forma de confrontar la discriminación, la estigmatización y la precariedad educativa y laboral que viven las personas trans en su vida cotidiana y, por otro, contribuye a asegurar el reconocimiento a su individualidad y a su diversidad”.

Posicionamientos

En el uso de la voz y por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Astrid Sánchez Moguel expresó que la Ley de Identidad de Género no resolverá la problemática de todas las personas trans, “pero es la punta de lanza para empezar un trabajo arduo a nivel social y gubernamental, pues tenemos el compromiso de crear leyes que se apliquen de manera correcta y justa”.

Acompañada en la Tribuna de sus compañeras diputadas y compañeros diputados, la legisladora destacó que el reconocimiento por parte del estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans y se pronunció a favor de integrar una perspectiva de género, trabajando de la mano con diferentes poderes para crear leyes justas.

El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), puntualizó que esta reforma establece un procedimiento administrativo claro, transparente y gratuito, con el cual se fortalecen las instituciones y se evita el uso de intermediarios. “Reafirmamos nuestro compromiso histórico con los derechos humanos y la lucha contra cualquier tipo de discriminación; hoy damos un paso firme con las entidades que han legislado en la materia”.

Del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT), la diputada Elizabeth Morales García refirió que la identidad de género no debe ser un obstáculo para el ejercicio de otros derechos como el acceso a la educación, el empleo y la salud. Agregó que como representantes populares tienen la responsabilidad de legislar para todas y todos, “que el marco jurídico de la entidad sea incluyente y garantista. Esta reforma no es una concesión, es una deuda con quienes han sido marginadas y marginados y que enfrentaron niveles alarmantes de discriminación”.

Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, tras reconocer la trascendencia de esta reforma, hizo un llamado para construir una agenda que tenga prevista la generación de propuestas que permitan armonizar, reformar y mejorar diversos ordenamientos que todavía lo requieren para garantizar un mejor nivel de vida, más digno y justo para las personas trans.

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