Arrastran candidatas al PJ sentencias polémicas Diario.mx

Chihuahua, Chih.- Sylvia Padilla Chávez, Daniela Arali Torres Porras, Lucero Moreno Navarrete, María Cristina del Rosario Berjes Cardoso y Karla Otero Monárrez son los nombres de las cinco candidatas a juezas o magistradas que han fallado en garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de la violencia, debido a la falta de perspectiva de género al momento de llevar a cabo los procesos judiciales.

Información de las versiones públicas de las condenas documentadas por El Diario de Chihuahua, a través de Transparencia, muestran que existen varios casos de violación, abuso sexual, feminicidio y explotación sexual en los que, pese a presentar pruebas suficientes y escuchar durante las audiencias las vivencias a las que se enfrentaron las víctimas, no fallaron a su favor.

En algunos casos las sentencias tuvieron que ser apeladas por la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a los bloqueos presentados durante la primera instancia e inclusive, en otros el agresor quedó en libertad.

DEJÓ EN LIBERTAD A PRESUNTO VIOLADOR DE NIÑA DE SIETE AÑOS

Un 8 de marzo, una niña de siete años le dijo a su abuela que había sido violada por su padrastro quien fue denunciado ante las autoridades por lo que enfrentó un proceso penal… Había todas las pruebas necesarias que demostraban que él era el responsable; sin embargo, la jueza Sylvia Padilla Chávez, quien se ha postulado para ocupar de nueva cuenta ese mismo cargo, decidió ponerlo en libertad.

En su campaña, la candidata a Juez Penal del Distrito Morelos, asegura tener más de 16 años de experiencia y que desde que fue elegida mediante concurso de oposición ha tenido la convicción de que implica una gran responsabilidad, pues no sólo es el conocimiento de las leyes sino que implica el valor en la toma de decisiones, la empatía para ponerse en el lugar de las partes y sobre todo la congruencia en el actuar.

Pese a eso, el testimonio de las abogadas que acompañaron el caso refieren lo contrario ya que ellas explicaron con anterioridad, que en un inicio, Ubaldo Rigoberto D., quedó vinculado a proceso diciendo que el acusado había hecho tocamientos de índole sexual, “para posteriormente introducir el pene en el ano” en al menos dos ocasiones y aprovechándose del acercamiento que tenía con la víctima, ya que él era pareja de la mamá de la pequeña.

Todo estaba normal hasta ahí, la audiencia de etapa intermedia fue celebrada sin ninguna complicación. En aquel entonces, Claudia Cristina Campos, fue la jueza que conoció esa etapa, todo fue pronunciado de manera oral y sin ningún error hasta ese momento.

“Cada que hay una audiencia, tiene que transcribirse; sin embargo, al momento de la transcripción, omitieron la frase “para posteriormente introducir el pene en el ano de la niña”, y sólo le dejaron que de tal fecha a tal fecha, Ubaldo le hizo tocamientos de índole sexual”, explicó una de las defensoras.

A partir de ese momento, hubo muchas complicaciones, ya que el error de no transcribir de forma correcta fue del Tribunal, sin mencionar que el expediente se les traspapeló.

“Pasó mucho tiempo y a Ubaldo se le iba a vencer la prisión preventiva, comenzamos a presionar de alguna manera y fue cuando por fin nos dieron fecha de audiencia. El asunto fue asignado a la jueza Sylvia Padilla Chávez y ella misma nos dio un discurso muy basto diciéndonos que el Tribunal había tenido un error y que no era posible que se hubiera traspapelado el caso por lo que nos citaría lo más pronto posible”.

En la audiencia efectuada en julio del año pasado, el Ministerio Público y la asesora jurídica pidieron se hiciera un saneamiento del auto de apertura a juicio oral, toda vez tenían amplio conocimiento entre las partes involucradas que en la hoja de transcripción no fue incluída la frase que hacía alusión a la violación sexual.

La jueza negó tal petición. Llevaron los discos en los que se hablaba sobre ese delito, pero Padilla Chávez no quiso reproducirlos.

“Se puso muy hostil, muy violenta; nos dijo que ni siquiera iba a dar uso de la voz porque eso que estábamos diciendo ya estaba resuelto… seguimos con el juicio, pero era muy evidente que lo iba a absolver, ya sabíamos el resultado y puso a Ubaldo en libertad, pese a que se logró acreditar la agresión con psicología, con el informe de la doctora, con los testigos y con la misma declaración de la niña”.

Sylvia Padilla Chávez, dejó libre a Ubaldo D.M., el 18 de julio del 2023.

Tras todo eso, la jueza envió una carta a la menor de edad en la que comunicó que ella decidió que estuvo mal todo lo que le hicieron, que se dio cuenta de que lastimaron su cuerpo y que eso no era correcto, ya que todos los niños deben de ser respetados y que por ello, nunca nadie debe agredirla, molestarla o hacerle sentir mal, mucho menos lastimas su cuerpo, pues eso es un delito.

DIERON PENA MÍNIMA A POLICÍA ACUSADO DE FEMINICIDIO

Daniela Arali Torres Porras (otra de las postulantes a magistrada y quien tiene el número 10 de la boleta) integró junto con Armando Arreguin Sánchez y Francisco de León Merino el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento en el caso que contaba con la causa penal 121/2022 y en el que Guillermo H. G., quien era policía de la Comisión Estatal de Seguridad, fue acusado de feminicidio en contra de Gloria Alejandra M.U., asesinada al exterior de su domicilio en el fraccionamiento Rinconadas del Valle.

El acusado accionó su arma de cargo, una Glock 17, lesionando a la mujer en la extremidad cefálica. Las investigaciones señalaron que la víctima cayó a un lado de un vehículo, mismo que era conducido por Guillermo H. G., y el cual utilizó para huir del lugar, no sin antes arrollar a la víctima creyendo que estaba muerta.

Gloria Alejandra, falleció días después de la agresión.

El artículo 126 bis fracción II del Código Penal Vigente en el estado de Chihuahua establecía una pena de 30 a 60 años; la Fiscalía esperaba la condena máxima en esa ocasión, pero los juzgadores interpusieron la mínima.

Otorgaron una pena de 30 años de prisión al imputado y dieron un grado de punibilidad mínima, motivo por el cual el agente del Ministerio Público determinó interponer un recurso de apelación contra esta sentencia recayendo en el toca C78/2023 en una sala colegiada de apelación integrada por tres magistrados: Jorge Ramírez Avídrez de la Primera Sala Penal, Gerardo Acosta Barrera de la Cuarta Sala Penal y Alejandro Legarda Carreón de la Segunda Sala penal.

Dicha sala de colegiada determinó que en efecto, el acusado no tenía un grado de culpabilidad mínima y que le correspondía una pena mayor, por lo que le interpusieron una sentencia de 41 años y tres meses de prisión.

DESECHARON MÁS DE 70 PRUEBAS EN EL ASESINATO DE ACTIVISTA TRANS

Pese a que el Ministerio Público presentó más de 70 pruebas documentales y más de 60 testimoniales, los jueces encargados de revisar el caso del asesinato de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus sólo consideraron once por lo que Iván Arturo G.P., quedó absuelto.

Los jueces encargados del caso fueron: Ricardo Márquez Torres, Aram Delgado García y Lucero Anaid Moreno Navarrete, esta última es candidata a magistrada y aparece con el número 42 en la boleta.

Entre las evidencias que fueron mostradas ante la justicia para su consideración estaban un pantalón y un par de tenis con sangre, tanto del acusado como de Mireya, los cuales fueron localizadas en una cubeta con cloro en el domicilio de Iván Arturo G. P., y que coincidían con las huellas en el domicilio de Mireya.

Estas pruebas fueron desechadas ante el argumento de la defensa de que tanto el pantalón como los zapatos eran un par de tallas más grandes que los que el acusado utilizaría. Sin embargo, Mayte Regina Gardea González, representante de Unión y Fuerza Trans A.C., señaló que esto se debe a la forma de vestir del acusado.

Otro elemento que no fue tomado en cuenta por los jueces fue el celular de Mireya, mismo que estaba en posesión del presunto asesino, quien además habría vendido el auto de la víctima después del asesinato.

Lucero Moreno Navarrete, candidata a Doctora en Derecho, afirma tener 16 años de experiencia en materia penal tanto en el Poder Judicial Federal como en el Poder Judicial Estatal, de los cuales dice que durante 10 años ha impartido Justicia en el Tribunal de Enjuiciamiento, en donde ella asegura que todos los días hay testigos, sufrimiento, dolor y grito por la justicia.

DESESTIMARON FEMINICIDIO PESE A QUE SU VECINO ACABÓ CON SU VIDA

En 2019, Myrna Iveth Zubiate Ramírez de 19 años fue privada de la vida por Víctor Manuel A. F., quien era su vecino y quien se aprovechó de la confianza de la víctima para cometer el ilícito.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el Juicio Oral establecieron que el ahora sentenciado se encontró con Myrna Iveth en una fiesta el 4 de mayo de ese año y que por la madrugada se ofreció para llevarla a su casa.

Las indagatorias conducidas por la Unidad de Investigación de Feminicidios determinaron que el procesado la asesinó asfixiándola en el camino y posteriormente depositó el cuerpo en la vía pública, entre las colonias San Jorge y Desarrollo Urbano, donde fue localizada a la mañana siguiente.

María del Rosario Berjes Cardoso y Karla Otero Monarrez, ambas aspirantes a ser juezas y quienes aparecen en la boleta con los números 06 y 46, respectivamente, dijeron que el hecho no era un feminicidio.

Por ello, en aquel entonces la Fiscalía de la Mujer buscó que la sentencia de 28 años y un mes fuera modificada, esto debido a que existían elementos suficientes para clasificar que el suceso sí fue por razones de género.

Durante la investigación fue recabada importante evidencia testimonial y documental que probó que en efecto, el imputado se había aprovechado de la confianza de la víctima para cometer el delito por lo que, dos años después una sala revocó esa decisión.

¿Y EN EL CASO DE SALMA?

Estos son algunos casos de personas que han juzgado sin perspectiva de género, sin embargo, en esta campaña han salido otros nombres, tal es el caso de Edgar Omar Montes Villa, abogado con aspiraciones a juez penal en Delicias; el candidato carga en su maletín la defensa de Kevin Gualberto P.H., declarado penalmente responsable de matar a su novia Salma Montes y quien fue condenado a 70 años de prisión en primera instancia.

“Este licenciado dice que conozcamos a los candidatos, su trayectoria, humanidad y humildad, pues aquí va lo que conocemos de él: Amigo y defensor del feminicida de mi hermana Salma; durante el juicio no paraba de burlarse de mí y mi familia (sic)”, publicó Karen, hermana de la víctima, en sus redes al comenzar la campaña.

“Durante el juicio se sintió con el derecho de juzgar a mi hermana, tratando de que ella quedara como una cualquiera (claro como ya no podía defenderse, pero aquí estoy yo para eso); no olvidemos que le dijo al asesino: si no es en este tribunal, te sacaré en otro”, denunció.

Con unas cuantas líneas, la hermana de la víctima recordó las acciones del candidato.

”Discúlpenme pero yo si quiero jueces que me den la seguridad de que recibiré justicia, porque quiero que todas las mujeres de Delicias se sientan representadas y ayudadas justamente ante un tribunal. Yo no perdono ni olvido”, escribió textualmente.

El próximo 1 de junio de 2025, México será por primera vez la elección para diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) compartió el portal de internet denominado “Conóceles”, donde se puede saber quiénes son los candidatos.