La gota de sangre que derramó el caso Wallace. Actas falsas, mentiras y montajes Milenio
Todo comenzó por una gota de sangre.
Una mancha de un centímetro de largo por dos milímetros de ancho, escondida en el sardinel de una regadera, fue la prueba de que el cuerpo de Hugo Alberto Wallace había sido desmembrado por sus secuestradores.
Cuando esos restos hemáticos perdieron credibilidad, otro crimen, esta vez real, se asomó detrás de esa falsa evidencia.
En noviembre de 2018 yo conducía Espiral, un programa de debate transmitido todas las semanas a través de la televisión pública.
Recién se había celebrado en el Senado un foro sobre la fabricación de culpables, por lo que invité a algunos de sus participantes para que compartieran con la audiencia los principales argumentos del evento.
Entre los invitados asistió David Bertet, directivo de una organización canadiense dedicada a defender derechos humanos.
Faltando pocos minutos para que concluyera aquella emisión, él se refirió al secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace como un caso inventado.
Recuerdo que lamenté el momento en que llegó ese comentario.
Los tres minutos que faltaban para despedir a las personas invitadas hacían imposible pedirle que abundara al aire.
Ya con las luces y las cámaras apagadas, interrogué a Bertet sobre esa afirmación.
Pidió una dirección de correo y, más tarde, me envió varios documentos y un libro que, semanas atrás, se había publicado en formato digital.
Aquella noche dormí poco.
Tanto el libro, firmado por una mujer llamada Guadalupe Lizárraga, como el resto de los papeles hicieron que echaran raíces en mi cabeza las primeras dudas que tuve sobre el caso del hijo de María Isabel Miranda de Wallace, la líder social más importante en México entre las víctimas de secuestro.
En 2010, ella había obtenido el Premio Nacional de Derechos Humanos y, en 2012, compitió como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Lizárraga no fue la primera reportera en denunciar las inconsistencias de este caso, pero hasta ese momento su relato era el más amplio que se había escrito para cuestionarlo.
Publiqué en la revista Procesouna columna resumiendo los principales argumentos de su libro, y la señora Wallace replicó de inmediato con una carta donde advertía que la autora citada en mi texto era una mentirosa.
Entonces propuse a Lizárraga y a Wallace que visitaran el foro para discutir públicamente el asunto frente a la audiencia de la televisora.
La periodista no aceptó, ya que, según ella, asistir pondría en peligro su vida.
De su lado, la señora Wallace se negó, argumentando que no estaba dispuesta a reunirse con una mujer empeñada en lucrar con su dolor.
Las preguntas incómodas para la señora Wallace en televisiónLa producción decidió entrevistar a cada una por separado.
Ambas aceptaron y las citamos el mismo día, pero en horarios distintos.
Para ese momento ya me había devorado el resto del material compartido por David Bertet.
Aún me faltaban muchas horas de vuelo para comprender la magnitud de este asunto, pero logré prepararme para realizar una entrevista informada.
El encuentro con la señora Wallace no fue fácil.
Ella tenía muy bien ensayado el papel de la madre víctima, por lo que tuve que insistir para que abriera la puerta al cuestionamiento.
Yo estaba consciente de que aún había mucha gente que creía en ella, por lo que debí formular mis preguntas de manera que no me acusara de faltarle al respeto a su sufrimiento.
El tema que nos ocupó mayor tiempo fue el del progenitor de Hugo Alberto.
Se enojó cuando me atreví a poner en duda la paternidad de José Enrique Wallace.
Tuve que explicar al aire la importancia de ese dato, recordándole que la gota de sangre encontrada en el lugar del crimen, al ser analizada por los peritos genetistas, demostró una coincidencia del 99 por ciento con el ADN de su esposo.
Sin embargo, también me vi obligado a mencionar la evidencia documental que negaba esa paternidad.
Mostré entonces en pantalla un acta de nacimiento, fechada el jueves 15 de enero de 1970, a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres.
Ahí se exhibía el nombre del abuelo, Fausto Miranda, como si fuera el padre del niño.
La señora Wallace elevó la voz para precisar que esa información no tenía nada que ver con su hijo.
Aclaró que la única acta válida de nacimiento de Hugo Alberto era la expedida el miércoles 19 de noviembre de 1975, cuando el niño ya tenía seis años.
Ahí aparecen José Enrique Wallace e Isabel Miranda como sus padres.
–¿Por qué tomaste tanto tiempo en llevar a tu hijo al registro civil? –interrogué.
–Porque así lo decidimos –cortó ella tajantemente.
–¿Quiénes? –Mi marido y yo.
–A los seis años los niños ingresan a primaria –exploré.
–Fue por eso mismo, para inscribirlo en la escuela –respondió aliviada, porque sin proponérmelo le había brindado una explicación.
Sin embargo, también hice notar que ese otro papel no era un acta de nacimiento: –Es un acta de reconocimiento –rematé.
–Se trata de lo mismo.
Para este caso, el juez ya dictaminó que no hay diferencia entre presentar o reconocer a un hijo propio.
En esto último, la señora tenía razón.
Los jueces que examinaron el caso habían resuelto que ese acto de reconocimiento confirmaba la paternidad de José Enrique Wallace.
–O sea que Hugo Alberto sí es hijo de tu marido –subrayé.
–Eso está probado científicamente: José Enrique Wallace es el padre biológico.
–¿A qué evidencia te refieres? –quise saber.
–La sangre que apareció en el baño donde Hugo Alberto fue descuartizado coincide con los marcadores genéticos de José Enrique del Socorro Wallace Díaz.
–¿Ésa es la única prueba? —insistí.
–No se necesita ninguna otra.
La entrevistada había puesto a girar en círculos la conversación, así que opté por probar con otro argumento: en julio de 2005, cuando la señora Wallace denunció el secuestro de su hijo, dijo al ministerio público que se había casado con José Enrique Wallace en 1968, un año antes de que naciera Hugo Alberto.
Sin embargo, el acta de matrimonio de los Wallace exhibe una fecha diez años posterior.
Según datos oficiales, José Enrique e Isabel se casaron el martes 28 de noviembre de 1978; por tanto, ella había incurrido en falsedades.
La señora Wallace se metió a un pozo en televisión del que no pudo salirEntre los papeles que David Bertet me entregó, había también un certificado religioso del matrimonio entre José Enrique Wallace y María Teresa Magallanes, fechado el viernes 26 de abril de 1963.
Venía acompañado de un acta de divorcio con sus respectivos nombres, la cual habría sido expedida en 1974.
–¿Cómo es posible que el señor Wallace se haya casado contigo en 1968 si en esa fecha aún no se había disuelto su vínculo con su primera esposa?–No voy a revelar aquí, contigo, mi vida privada –frenó la señora Wallace.
–Perdona, Isabel, que te importune con esto, pero quiero saber si José Enrique estaba aún casado cuando nació tu hijo.
–Si yo hubiera sido madre soltera, no tendría empacho en decir que mi hijo no tiene padre –afirmó ella.
Continuamos discutiendo sobre otros aspectos del caso: negó, por ejemplo, que los secuestradores de su hijo hubieran sido torturados y también que las pruebas de vida posteriores a la desaparición fueran genuinas.
Aquel intercambio fue áspero y se notó cuando nos despedimos.
Con un tono lastimoso, me reclamó que no hubiera sido sensible frente a su dolor.
Le ofrecí una disculpa, pero insistí con que, además de víctima, ella era una figura pública obligada a rendir cuentas.
No solamente se había presentado como candidata a la jefatura de gobierno de la capital, también se había convertido en la principal asesora, para dos administraciones distintas, en temas de secuestro.
La entrevista fue transmitida el siguiente miércoles a las diez de la noche, en el horario de mayor audiencia, y también fue subida a la plataforma YouTube, donde superó las 700 mil vistas y alcanzó más de 4 mil 700 comentarios.
Una semana después sonó el teléfono de mi oficina.
Desde Ensenada llamó una mujer que se identificó como la pareja del doctor Carlos León Miranda.
Me contó que ambos habían visto el programa y que el médico estaba furioso por haber sido borrado del mapa.
La señora Wallace cometió un error grave al afirmar en cadena nacional una mentira tan grande.
Ella sola se había metido dentro de un pozo del que era imposible salir: si durante aquel intercambio hubiera aceptado que su marido no era el padre de Hugo Alberto, habría tenido que admitir la falsedad del análisis genético.
Pero, al insistir en que José Enrique Wallace era el progenitor, abrió la puerta para que el verdadero padre reaccionara como lo hizo.
Ante este dilema tan obvio, no alcanzo a comprender por qué aceptó venir a la televisora.
Por mi columna publicada en la revista Proceso, ella sabía que éste iba a ser uno de los temas que abordaríamos.
La única explicación que puedo darme es que subestimó al doctor Carlos León.
Supuso quizá que no se enteraría de la entrevista, o bien, creyó que ese señor permanecería callado, como lo había hecho durante mucho tiempo.
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Calculó mal: el orgullo herido del médico terminó operando en su contra.
La mujer que me contactó, contó que Isabel se casó con su primo hermano antes de que naciera Hugo Alberto y que, cuando el niño cumplió un año, acudieron juntos a registrarlo.
Además, me proporcionó la fecha del divorcio de esa pareja.
Sugirió que corroborara esos datos en los archivos del registro civil.
También me propuso que viajara a Tejupilco, en el Estado de México, el poblado de donde provienen las familias León y Miranda.
Ahí todo mundo se conocía y la gente podría ayudarme a reconstruir el árbol genealógico de Hugo Alberto.
La única condición que esa persona me impuso fue que no exhibiera al doctor León ante los medios.
Argumentó que tenía un problema de salud que podría agudizarse si se sentía presionado por este asunto.
Cumplí con todo a cambio de que el padre biológico de Hugo Alberto me recibiera más adelante en su consultorio de Ensenada.
Con los datos proporcionados, no significó ningún problema conseguir aquellos documentos.
Al día siguiente obtuve las actas de matrimonio y de divorcio de los primos, así como el acta de nacimiento de Hugo Alberto León Miranda, la segunda en el tiempo que le otorgó identidad.
Visité también Tejupilco, donde pude completar los huecos.
En efecto, las dos familias habían sido vecinas durante varias generaciones.
Logré reconstruir la historia gracias a varias conversaciones obtenidas después de visitar, el jueves 18 de abril de 2019, un restaurante ubicado en los portales del centro, el hotel más antiguo de esa población y, finalmente, la farmacia de un pariente del doctor León.
Con las actas y los testimonios escribí mi primer reportaje sobre la verdadera herencia de sangre de Hugo Alberto.
El domingo 28 de abril, el mismo día en que esa pieza fue publicada, el expresidente Felipe Calderón atacó mi trabajo a través de sus redes sociales.
Este hombre, que había dejado el poder seis años antes, seguía defendiendo a la señora Wallace como si se tratara de una integrante de su familia: “Mi solidaridad con Isabel Wallace.
Veo saña contra ella.
‘Periodismo’ relatando temas y cuestiones irrelevantes […] frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado.
¡Qué mezquindad, pobre México!”.
Si la señora Wallace era capaz de mentir impunemente sobre la paternidad de su hijo, ¿qué más no sería capaz de hacer? No imaginé entonces la magnitud de este caso: me tomó más de un lustro concluir una investigación cuyas fuentes son las 150 mil hojas del expediente judicial, una centena de entrevistas y varios miles de artículos y notas periodísticas publicados a lo largo de casi veinte años.
Fabricación, editado por Seix-Barral, es el relato de uno de los casos más sorprendentes en la historia judicial mexicana.
Exhibe la injusticia y la crueldad sufrida por sus víctimas y también el abuso de poder ejercido desde las más altas esferas de la política.
Se trata de una narración cruda sobre la demagogia penal que domina estos días en México y en el mundo.
MCM
