El silencio que mata: Samir Flores y la 4T El Sur de Acapulco

METALES PESADOS

Tryno Maldonado

El asesinato de Samir Flores, activista indígena nahua y defensor del territorio, ocurrido el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, no fue un crimen aislado. Fue un mensaje político escrito con sangre. Una advertencia dirigida a quienes osan oponerse a los megaproyectos impulsados por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Samir, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, fue asesinado por su firme oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) pocos días después de ser estigmatizado en un mitin público por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El plan para el PIM defendido por la 4T inició con Felipe Calderón e incluye dos termoeléctricas en Huexca, un gasoducto, una línea eléctrica que pasa por Yautepec y un acueduto en Cuautla. Este proyecto que jamás fue sometido a consulta, ha sido rechazado por las comunidades indígenas y campesinas de la región desde su imposición. El asesinato de Samir no sólo expone la violencia sistemática contra defensores ambientales en México, sino también la hipocresía de un gobierno que se autoproclama progresista mientras perpetúa el despojo y el terror de los gobiernos neoliberales a los que critica.
Samir Flores no era un desconocido. Muchas veces recibió a las familias de Ayotzinapa y a quienes las acompañábamos en las caravanas nacionales por justicia. Su voz resonaba en las asambleas del Congreso Nacional Indígena (CNI), en las marchas, en la radio comunitaria y en los foros públicos. Era un hombre que creía en la palabra, en la organización colectiva, en la resistencia pacífica. Pero en México, la palabra de los pobres, de los indígenas, de los que defienden la tierra, vale menos que el silencio. Y el silencio, en este país, es cómplice. El silencio del gobierno de AMLO ante el homicidio de Samir fue ensordecedor. No hubo condena firme, no hubo justicia expedita, no hubo voluntad política para desmantelar las redes de poder que operan detrás de estos crímenes. En su lugar, hubo desdén, indiferencia, sorna, y, en el mejor de los casos, un discurso vacío que repite consignas de transformación mientras los defensores son asesinados uno tras otro.
La 4T llegó al poder prometiendo un cambio radical, un giro histórico que pondría fin a la violencia, la corrupción, el nepotismo, la impunidad. Sin embargo, los números no mienten: durante este sexenio, México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales y de derechos humanos. Según organizaciones como Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), los asesinatos de activistas han aumentado de manera alarmante. Solamente en 2023, más de una decena de defensores fueron asesinados, muchos de ellos vinculados a la oposición a megaproyectos respaldados por el gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha escapado a esta lógica de violencia y despojo. Aunque su imagen pública se construye sobre un discurso progresista y ambientalista, repleto de bastones de mando –huecos–, su gestión ha estado marcada por la promoción de proyectos que priorizan el desarrollo económico por encima de los derechos de las comunidades. El caso más emblemático es el del Tren Maya, un megaproyecto que ha sido denunciado por organizaciones indígenas y ambientalistas por sus impactos ecológicos y sociales. Sheinbaum, como parte del círculo cercano a AMLO, ha sido cómplice de esta política de despojo que criminaliza la protesta y silencia a quienes se atreven a alzar la voz.
En febrero de 2025, al cumplirse seis años del asesinato de Samir Flores, el CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) organizaron una serie de manifestaciones y pronunciamientos públicos para exigir justicia y denunciar la continuidad de la violencia contra los pueblos. En un comunicado conjunto, el CNI y el EZLN señalaron que el crimen de Samir Flores es un ejemplo emblemático de la política de exterminio que enfrentan las comunidades indígenas en México. “Seis años después, la impunidad sigue siendo la norma. Samir fue asesinado por defender la vida, por oponerse a un proyecto de muerte, y su sangre sigue clamando justicia”, declararon.
Las manifestaciones, que incluyeron marchas, plantones y foros en varias partes del país y el extranjero, fueron acompañadas por consignas que responsabilizan directamente al gobierno de la 4T por la violencia estructural contra los defensores. “No hay transformación sin justicia”, afirmaron los manifestantes en Morelos; en Chiapas, el EZLN realizó un acto simbólico en el que quemaron efigies que representaban a los megaproyectos y a los funcionarios que los promueven. “El gobierno habla de cambio, pero sigue matando a los que luchan por un verdadero cambio”, dijo una vocera del CNI durante un mitin en Ciudad de México.
El contexto en 2025 no es alentador. A pesar de las promesas de cambio, la violencia contra los defensores no ha cesado. Por el contrario, se ha recrudecido en un clima de impunidad y complicidad estatal. Los megaproyectos, lejos de ser cancelados, se han multiplicado bajo el viejo argumento del “desarrollo nacional”, mientras las comunidades que se oponen son criminalizadas, hostigadas y, en el peor de los casos, eliminadas físicamente.
Samir Flores no fue el primero, ni será el último. Su homicidio es un recordatorio de que, en México, la defensa de la tierra y el agua es un acto de resistencia que puede costar la vida. Pero también es un llamado a no claudicar, a no rendirse ante la impunidad ni el olvido. La verdadera transformación no llegará desde arriba, desde los discursos grandilocuentes y los megaproyectos faraónicos. Llegará desde abajo, desde las comunidades organizadas, desde la memoria de quienes, como nuestro compañero Samir, supieron defender la vida.

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