Entrega exprés de los 29: Soberanía judicial hipotecada a EE.UU. Índice Político

Por: José Alberto Sánchez Nava

“Cuando la ley se dobla por conveniencia, la justicia se quiebra por consecuencia.”

1.- Introducción

La historia entre México y Estados Unidos es un tejido de tensiones y concesiones. Pero aquel día de 2025, cuando 29 capos del narcotráfico despegaron rumbo a cárceles estadounidenses sin más trámite que un sello oficial, se escribió un capítulo que huele a derrota disfrazada de eficacia.

No fue extradición: fue un atajo legal, un truco de prestidigitación donde las garantías individuales desaparecieron como monedas en el aire. Por ello, Omar García Harfuch compareció apresuradamente ante los medios para declarar que la decisión de enviar a esos 29 procesados a EE.UU. fue tomada de manera colegiada por el gabinete de seguridad y que nada tuvo que ver la titular del poder ejecutivo Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tanto el Consejo de Seguridad Pública como el Consejo de Seguridad Nacional son presididos por la titular del Poder Ejecutivo, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional.

El enredo presidencial se agravó con la intervención del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien justificó el traslado de los 29 procesados a EE.UU. con base en una supuesta solicitud ejecutiva, fundamentada en la Convención de Palermo, a la cual, paradójicamente, Donald Trump no se somete. Más preocupante aún es que el fiscal recurrió al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y al artículo 89 de la Constitución para validar una entrega que careció de cualquier formalidad extraditoria. Pero aquí radica la contradicción insalvable: la Ley de Seguridad Nacional se rige por principios como legalidad, respeto a los derechos humanos, confidencialidad, transparencia y eficiencia. Enviar a los 29 procesados a EE.UU. sin el debido proceso no solo vulnera el principio de legalidad, sino que también abre la puerta a la aplicación de la pena de muerte, en flagrante omisión de los convenios internacionales suscritos por México. La paradoja es evidente: mientras en México la prisión de por vida sin beneficios se considera inhumana, en EE.UU., algunos de estos procesados podrían ser ejecutados. Este acto no solo desmantela el derecho internacional, sino que también expone la doble moral de un sistema que, en nombre de la seguridad, se entrega a la arbitrariedad y renuncia a su propio Estado de derecho.

2.-La letra pequeña de la ley vs. el martillo geopolítico

La extradición, ese proceso engorroso que obliga a jueces a revisar carpetas, a abogados a citar artículos y a los gobiernos a fingir respeto por el derecho internacional, quedó arrumbada. En su lugar, se invocó la Ley de Seguridad Nacional como fórmula mágica. ¿El pretexto? Una amenaza tan vaga como omnipresente: la delincuencia organizada como riesgo existencial, cuando es claro que ésta ha tenido privilegios gubernamentales.

El tratado bilateral de 1978 —con sus cláusulas que prohibían la pena de muerte y exigían juicios justos— fue sustituido por un memorándum tácito: «Hágase la voluntad del vecino». Rafael Caro Quintero, ese fantasma de los años 80 que burló a la justicia mexicana por décadas, vio cómo un amparo ganado a pulso se esfumó entre la premura de un vuelo chárter. La ironía es cruel: el mismo sistema que lo protegió lo entregó sin contemplaciones cuando la geopolítica lo exigió.

3.-El costo de la prisa: ¿eficiencia o rendición?

Se nos vende esta entrega masiva como un triunfo de la «cooperación estratégica». Pero detrás hay un mensaje claro: México canjeó su soberanía judicial por un respiro en la relación con Washington. Donald Trump, siempre ávido de gestos espectaculares, pudo presentar 29 cabezas —metafóricas, pero útiles— como trofeos. Mientras, aquí, el Poder Judicial fue reducido a espectador: las suspensiones, los recursos, las apelaciones, todo quedó en stand by frente al ímpetu del Ejecutivo.

El artículo 14 de la Constitución —aquél que garantiza audiencia y defensa— se convirtió en papel picado. ¿De qué sirven los jueces si un acuerdo entre gobiernos puede ignorar sus fallos? El caso Caro Quintero no es una anomalía: es el síntoma de un sistema que prioriza la comodidad diplomática sobre el Estado de derecho.

4.-Colombia en el espejo: cuando el miedo dicta las leyes

La historia advierte. En los 80, Colombia prohibió la extradición tras la sangrienta campaña del cártel de Medellín. Después, la reinstauró, pero el mensaje era claro: cuando el Estado negocia con el miedo, pierde autoridad. México, en cambio, parece aprender la lección al revés: acelerar entregas para evitar presiones, aunque eso signifique que sus tribunales sean meros figurantes.

El paralelo es inevitable. Si hoy son 29 capos, ¿mañana quiénes? ¿Periodistas incómodos? ¿Activistas señalados como «amenazas a la seguridad»? La Ley de Seguridad Nacional, redactada con ambigüedad cómoda, abre la puerta a un abuso elegante: todo puede justificarse bajo el paraguas de lo estratégico.

5.-El dilema del mal menor: ¿vencedores o vasallos?

Hay argumentos a favor: sacar a los capos de prisiones mexicanas —auténticos centros de mando con wifi y menú a la carta— es un alivio. Y sí, quizá las cárceles de Colorado sean más efectivas que las de Topo Chico. Pero el precio es una rendija peligrosa: ¿qué ocurrirá cuando EE.UU. pida más, amparado en este precedente? ¿Aceptaremos etiquetar cárteles como «terroristas» para justificar drones o operativos militares en territorio nacional?

El gobierno mexicano juega a apagar incendios con gasolina. Cede hoy en el mejor de los casos para evitar represalias comerciales, en el peor para proteger a terceros, pero siembra un mecanismo que otros presidentes —propios o ajenos— podrían usar con fines menos loables. La entrega exprés de los 29 no es solo un acto de sumisión: es la normalización de la excepción.

6.-Epílogo: ¿Y la soberanía? Ah, esa quedó en la aduana

México ha cruzado un Rubicón jurídico. Ya no hay vuelta atrás: el mensaje al crimen es claro («corran, que aquí no hay refugio»), pero también a los ciudadanos («las garantías son negociables»). La pregunta incómoda es: ¿Vale la pena sacrificar el Estado de derecho en nombre de una seguridad que, históricamente, nunca llega? Estará consciente ese “gabinete de seguridad” el daño ocasionado a México? ¿Por qué esta tan nervioso el poder ejecutivo? Si la entrega de los 29 de procesados no fue para evitar los aranceles, ¿entonces cuál fue el grado de presión de Trump para ordenar pisotear a todo un régimen nuestro Estado de Derecho? El horizonte de terror es que cualquier cosa que pida el gobierno norteamericano bajo ese precedente lo obtendrá, porque entonces se infiere que existe un secreto motivo de la caída de nuestra soberanía, a cambio de proteger a terceros.

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