Estados demócratas lucharán contra órdenes ejecutivas de Trump Milenio

La idea de “dos Estados Unidos”, uno rico y otro pobre, uno azul (demócrata) y otro rojo (repubicano), existe desde hace décadas.
Pero ahora, gracias a Donald Trump, hay cerca de cincuenta EU.
Tan rápido como el presidente puede firmar órdenes ejecutivas, los gobiernos estatales dan un paso al frente para impugnarlas en los tribunales.
El resultado será un entorno más confuso para las empresas —y uno más rico para los abogados—, ya que los estados azules buscan formas de protegerse de las redadas contra la inmigración, regulaciones ambientales más débiles, poder monopólico de las grandes compañías de tecnología y enormes recortes en la ayuda federal para todo tipo de cosas, desde la atención de salud hasta la ayuda para emergencias.
Las demandas, que abundaron durante el primer mandato de Trump, comenzaron de nuevo la semana pasada cuando Massachusetts, Nueva Jersey y California encabezaron un grupo de 18 estados en presentar una impugnación a la orden ejecutiva del presidente que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Otros cuatro estados presentaron una demanda similar.
Como lo expresó la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, “la ciudadanía por derecho de nacimiento… es una garantía de igualdad, que surge de una lucha colectiva contra la opresión… es un derecho establecido en nuestra Constitución y reconocido por la Suprema Corte durante más de un siglo”.
Si bien podemos esperar que la corte conservadora de hoy no apruebe una versión moderna de la decisión Dred Scott de 1857, que prohibía la ciudadanía a las personas esclavizadas, la batalla será costosa y prolongada.
Irónicamente, una serie de fallos emitidos por la Suprema Corte a finales de 2023 en realidad hacen que sea mucho más fácil para las personas, las empresas y los estados agraviados enfrentarse al gobierno federal.
Los gobiernos de los estados azules, por ejemplo, toman el mando de muchas de las luchas contra los monopolios que libró la administración Biden.
El fiscal general progresista de Minnesota, Keith Ellison, reemplazó a la ex presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, como el rostro de la guerra contra los precios abusivos de los boletos (para eventos), la manipulación algorítmica de los mercados inmobiliarios, los monopolios de los supermercados y las compañías farmacéuticas.
Los estados también serán la zona cero para el retroceso de la legislación en materia del clima, incluida la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, que Trump insiste en llamar el Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde).
Aunque el presidente puede intentar rebautizar como suyas algunas de las disposiciones que beneficiaron a los estados republicanos, está eliminando los subsidios para cosas como los vehículos eléctricos.
California se prepara para la próxima batalla climática.
Entre 2017 y 2021, el estado demandó a la administración Trump 123 veces, acumulando varias victorias contra la desregulación ambiental.
Ahora Trump tiene experiencia y mejores habilidades burocráticas.
California ya retiró varias solicitudes que se le concedieron bajo el gobierno de Biden para hacer cumplir sus propias restricciones más estrictas contra la contaminación.
Y el republicano amenaza con retener la ayuda federal por desastres para Los Ángeles a menos que el estado cambie su manejo del agua, culpando a los esfuerzos de conservación por la incapacidad para controlar los incendios.
El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó 25 millones de dólares del presupuesto estatal para cubrir los costos previstos de litigios derivados de la lucha contra Trump.
El estado también utilizará el poder de su enorme economía (la quinta más grande del mundo) para intentar llegar a acuerdos con grandes empresas que cumplan sus propios estándares de energía limpia, como hizo con los grupos automotrices globales durante el primer mandato de Trump.
Este es un punto importante.
Los estados azules albergan a la mayoría de los consumidores más importantes y ricos del país.
Pueden crear fuertes señales de demanda, incluso si al presidente no le gusta.
Cuando la Autoridad de Vivienda de Nueva York, por ejemplo, decide adoptar un tipo de ventana, puede establecer estándares de la industria durante años.
Cuando California, Nueva York, Illinois o Massachusetts seleccionan un tipo de plataforma tecnológica para los sistemas de educación pública, o una norma de seguridad alimentaria, o un enfoque de la mano de obra y la inteligencia artificial, puede inclinar la balanza de lo que hacen las empresas.
Por supuesto, el atractivo económico de hacer negocios en esos lugares también se va a equilibrar con las cargas regulatorias que imponen, sobre todo en relación con los estados republicanos que estarán felices de adoptar la agenda desregulatoria y de laissez-faire de Trump.
Una amiga mía que tiene una pequeña empresa gastó un año y decenas de miles de dólares en honorarios legales tratando de despedir de manera segura a una persona perezosa y contenciosa que contrató en California y que trabajaba de forma remota.
Su reemplazo es de Tennessee, un estado favorable a las empresas.
Históricamente, los estados de EU suelen unirse mejor cuando luchan contra algo, y esta vez no es diferente.
En noviembre, el gobernador de Illinois, J.
B.
Pritzker, y el gobernador de Colorado, Jared Polis, crearon un nuevo grupo llamado Governors Safeguarding Democracy, con el objetivo de unir recursos para combatir la agenda de Trump.
Pritzker, por ejemplo, dice que no cooperará si Trump intenta usar unidades de la Guardia Nacional de los estados republicanos para deportaciones en estados demócratas.
¿California enviaría recursos para ayudar?Esperemos que estas preguntas se mantengan como material de películas distópicas.
La realidad es que los estados demócratas, de los cuales muchos de ellos tienen grandes déficits, tendrán que encontrar formas de hacer frente a un menor apoyo fiscal de Washington.
Los conservadores ya hacen un llamado para un nuevo tipo de federalismo fiscal, culpando a los presupuestos estatales desmesurados del problema de la deuda nacional.
No es difícil adivinar dónde se van a realizar los primeros recortes.