Venezuela: momento de definiciones Excelsior

Por: Jaime Rivera VelázquezEste 10 de enero, en Venezuela se consumó el robo electoral más descarado del que se tenga memoria en América y quizás en el mundo.
Nicolás Maduro se impuso por tercera ocasión como presidente de la República, esta vez sin mostrar ni un solo documento legal que pruebe haber obtenido la mayoría de los sufragios.
En el lado opuesto, la oposición unificada exhibió ante instancias y observadores internacionales más del 80% de las actas de mesas de votación que acreditan el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, con 67% de los votos, contra apenas 30% de Maduro.
Un fraude electoral suele dejar dudas sobre el verdadero triunfador.
No es el caso de esta elección venezolana.
Con pruebas documentales, no hay duda de que la oposición derrotó a Maduro y que éste no cuenta con ninguna prueba para alegar su victoria.
En esa medida, más que un fraude –que significa engaño– se trata de un robo a la voluntad popular impuesto por la fuerza.
Es una usurpación cercana a un golpe de Estado.
Una adulteración tan evidente y cínica del resultado electoral fue posible porque, desde 1999, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han estado integrados por personas al gusto del presidente de la República (primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro).
La falta de independencia de estos órganos del Estado canceló de facto las elecciones libres y la impartición de justicia.
Fue así como, con pretextos baladíes, la líder de la oposición María Corina Machado fue inhabilitada e impedida para ser candidata presidencial.
La oposición intentó sustituir a Machado con otra mujer, Corina Yoris –una honorable académica universitaria, especialista en filosofía e historia–, pero, con argucias informáticas, el Consejo Nacional Electoral le impidió inscribirse como candidata.
Como último recurso, Corina Machado y la oposición unida acordaron postular a Edmundo González, un personaje respetable, pero apenas conocido y con escasa experiencia política.
Aun así, la mayoría de los venezolanos votaron por la oposición o, mejor dicho, contra Maduro, quien ha llevado al país al peor desastre económico de su historia e impuesto un régimen dictatorial.
La violación a la voluntad popular venezolana expresada en las urnas ha sacudido a la conciencia internacional.
Todos los países de la Unión Europea denuncian el fraude electoral de Maduro y reconocen el triunfo del opositor González Urrutia.
Inclusive el gobierno socialista de España, que fue por varios años el más condescendiente con el régimen chavista, se sumó a la condena internacional; recibió oficialmente al candidato de la oposición y lo reconoció como el presidente electo legítimamente.
EU y Canadá adoptaron una posición semejante.
La gran mayoría de los países latinoamericanos coinciden en condenar el fraude electoral cometido por el gobierno de Maduro y, con diferencias de matiz, reconocen a González Urrutia como el presidente electo: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El presidente chileno Gabriel Boric, de indudable orientación de izquierda democrática, ha sido tajante: califica al régimen de Maduro como una dictadura.
Por su parte, los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia, al principio acompañados por el presidente López Obrador, intentaron mediar en la disputa poselectoral pidiendo al gobierno de Maduro transparentar los resultados.
Inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro condicionaron el reconocimiento de la elección de Maduro a la publicación de las actas de escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
La reacción de Maduro fue furiosa y descalificó al presidente brasileño; el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, insultó por igual a Lula y a Petro.
El presidente colombiano moderó su exigencia de exhibir las actas, pero no acudió a la toma de posesión de Maduro.
Ante esas reacciones, el gobierno mexicano dio un paso atrás: se negó a firmar la exigencia de sus homólogos de Brasil y Colombia y se refugió en una supuesta neutralidad.
Pero, al final, la presidenta Claudia Sheinbaum avaló la reelección de Maduro con la presencia del embajador mexicano en el acto de juramento del nuevo periodo presidencial.
Los gobiernos que más rápidamente y en forma incondicional avalaron la reelección son: Cuba, que en 65 años no ha tenido elecciones; Nicaragua, que hoy padece una dictadura personal peor que la de los Somoza; Bolivia, por afinidad ideológica con el chavismo; Honduras, también por su orientación política y porque recibe de Venezuela fuertes subsidios petroleros; y, en ultramar, los regímenes autoritarios de Rusia, China e Irán.
El conflicto político de Venezuela ha puesto a prueba la vocación democrática de muchos Estados.
No pueden cerrar los ojos ante la usurpación de la voluntad popular y la violación de los derechos humanos por parte de Maduro.
Éste es un momento de definirse del lado de la democracia o del lado de la tiranía.
Y casi todos los gobiernos comprenden que su definición ante el conflicto venezolano equivale también a una definición de sí mismos.
  Columnista: Opinión del experto nacionalImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0