Infancia condenada Periódico Correo

: Los niños, niñas y adolescentes son prioridad, proteger sus derechos es la base de la sociedad que se nos promete en campañas electorales y discursos políticos. El caso de Ana Sofía no debería repetirse.

Ana Sofía murió el pasado 15 de agosto en el lugar donde presuntamente tendría una segunda oportunidad y calidad de vida.

Ana Sofía tenía siete años. Vivía en la ‘Residencia el Santo Rosario’, en la ciudad de León, donde fue golpeada por Gilberto, joven de 20 años. Ambos compartían residencia en dicha instancia, que de acuerdo con su página web, se dedica al cuidado integral de menores, adultos y adultos mayores con discapacidades físicas y cognitivas.

Ana Sofía padecía hidrocefalia; todo apunto a que su enfermedad fue el motivo por el que la pequeña fue abandonada.

Hacemos énfasis en su nombre, para que su historia no pase desapercibida. La tragedia que la marcó desde su nacimiento y el terrible desenlace de su vida, atrajeron la atención mediática sobre el caso. Sin embargo, detrás de cada niño, niña o adolescente confinado a una institución tras situaciones de abandono o violencia, está la herida de la descomposición social, la falta de políticas públicas para evitar que más menores queden desamparados, y la falta de garantías de que estén seguros una vez que se han cumplido los protocolos para protegerlos.

Burocracia, no más

La ruta para atender a un menor víctima de abuso es tortuosa, burocrática. El primer paso es interponer una denuncia (que pude ser anónima) ante del DIF local, presentando los datos del niño, incluyendo todos los detalles del caso. Se analiza el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, para programar una visita al domicilio, que puede realizarse el mismo día del reporte.

En este punto interviene la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), con su equipo de abogados y trabajadores sociales. La PEPNNA se encarga del procedimiento para albergar a los menores mientras se determina si hay personas de su entorno que puedan hacerse cargo de ellos, o si quedan a cargo del estado.

Al ser cuestionado sobre el caso de Ana Sofía, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo enfatizó que la instancia recientemente fue reforzada. Mencionó que la fuerza pública tiene injerencia para restituir los derechos de las víctimas, lo cual no ocurría antes de ciertas correcciones a los protocolos de la dependencia.

En el caso de Ana Sofía, el DIF y la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Celaya, determinaron canalizarla a la ‘Residencia del Santo Rosario’, al considerar que en dicho sitio recibiría atención especializada. La PEPNNA confirmó este movimiento a Periódico Correo y señaló que “carece de atribuciones para su regulación y supervisión”. 

El Municipio de León también se deslindó de un posible funcionamiento irregular del albergue.  Esta falta de control la hemos visto también en anexos, guarderías, asilos y otros centros que operan sin los debidos permisos en todo el estado. ¿Qué mecanismos es necesario echar a andar para garantizar una verdadera protección y reinserción de grupos vulnerables? Corresponde a las autoridades explicarlo.

Siempre vulnerables

Cada tanto un caso mediático expone los peligros que corre la infancia orillada a crecer sin una familia. Entre los más recordados, la ‘Ciudad de los niños’ en Salamanca. Durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez se ordenó el cierre del refugio, que por décadas fue escenario de múltiples abusos. Su fundador, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farias, murió en la impunidad en 2020.

Es aterrador pensar en lo fácil que es tomar ventaja de niñas, niños y adolescentes que no conocen otra cosa que el dolor, el rechazo, la violencia y hasta adicciones. Las personas de su entorno toman el lugar de esa familia que les faltó. Al carecer de las herramientas para distinguir relaciones interpersonales sanas, viven en constante vulnerabilidad.

Ana Sofía y Gilberto, su agresor, no debían encontrarse en un mismo espacio. Sus discapacidades no eran semejantes, debieron ser atendidas desde sus particularidades. La situación pone en evidencia que en la ‘Residencia del Santo Rosario’ no existe la experiencia suficiente para atender a su población.

Es alarmante preguntarse qué ocurre a puerta cerrada en cada refugio y albergue.

Hay organismos como la ‘Fundación pro niño leonés’, que se encarga de escolarizar a menores de bajos recursos y ofrecerles actividades deportivas y culturales. Creada sin intervención de instancias gubernamentales, es una muestra de que es posible brindar espacios seguros y emprender acciones útiles para reinsertar a los menores a la sociedad.

La mención de este ejemplo nos recuerda que no todo está perdido, nos invita a reflexionar que los niños, niñas y adolescentes son prioridad, proteger sus derechos es la base de la sociedad que se nos promete en campañas electorales y discursos políticos.

¿Y los padres?

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez apuntó que no se aceptarán más ingresos voluntarios en refugios. No se permitirá a los padres deslindarse de sus hijos sin antes trabajar con ellos, apoyarlos para mejorar sus condiciones laborales y psicológicas. En otras palabras, brindarles las condiciones adecuadas para una buena crianza.

Todos esos factores que culminan en el abandono de un menor exhiben la profundidad del problema. Falta de oportunidades de educación y trabajo, pobreza, adicciones, marginación poca atención a la salud mental, embarazos a corta edad, son hilos de esa red en que quedan atrapados pequeños inocentes. Inocentes que al crecer en contextos desfavorables, ya sea con sus padres o en refugios donde se les maltrata, recrearán patrones, perpetuarán la decadencia.

Los padres que abandonaron a Ana Sofía en vida no volverán ahora que ha partido. La condenaron desde el momento en que se deshicieron de ella. Este triste desenlace no debería repetirse.

LO SUPERFLUO: Fortalecer la PEPNNA, trabajar en sus áreas de oportunidad, es definitivamente un gran paso.

LO PROFUNDO: En vísperas de un cambio de gobierno, no se deben descuidar proyectos prioritarios, sobre todo si involucran a la infancia.