La amenaza de las balas crece | Artículo de Mario Luis Fuentes Editorial Aristegui Noticias

Por Mario Luis Fuentes.

Una de las principales y más peligrosas características de la violencia política es que, por definición, es impredecible. En tanto que los atentados y asesinatos en contra de personas que participan en partidos políticos o cargos públicos se fraguan en la clandestinidad y total oscuridad, es imposible saber cuándo y cómo ocurrirán; de ahí también su impacto en la sociedad en general.

Los atentados políticos son además actos que siembran el miedo y el pánico en las localidades o ciudades donde se perpetran. Porque en un país como el nuestro, el imaginario que queda, dicho así en el lenguaje coloquial, es la idea de que: “si eso puede pasarle a gente poderosa, a qué no está entonces expuesta la comunidad”.

De acuerdo con el conteo mensual de Data Cívica, en marzo se registraron 54 eventos de violencia político criminal; mientras que, en lo que va del año, se han registrado ya en total 152 eventos, es decir, un promedio mensual prácticamente de 50 hechos de esta naturaleza, entre los que destaca, quizá como el más notorio, por el tamaño de ciudad donde ocurrió, el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato.

Para poner en contexto esas cifras, es importante subrayar que, según el propio reporte de Data Cívica, en 2023 se registraron 574 eventos de violencia político- criminal, es decir, un promedio de 47 casos mensuales, por lo que podría pensarse que en este 2024 podría imponerse un nuevo y lamentable récord en el país.

En el fondo, si esto ocurre, se estaría dando un paso más en el deterioro de la democracia mexicana, pues de facto, serían las balas, y no los votos, las que en muchas regiones determinen quiénes habrán de gobernar y de tomar las principales decisiones legislativas en el territorio nacional; es decir, nada menos que el funcionamiento general del Estado.

Continuar permitiendo que las balas suplanten a los votos implica una especie de “retirada del Estado” y la cesión de la capacidad de conducción de las decisiones, de manera civilizada, en México. Esto significaría una derrota implícita de nuestras Fuerzas armadas, por un enemigo interior, y se estaría en vías de instaurar una nueva y muy peligrosa forma de gobierno que, para colmo, revestida de un pretendido “manto democrático”, puede presentarse como una forma de gobierno legítima.

A la administración del presidente López Obrador le quedan escasas 24 semanas, que ante el vértigo de lo que está ocurriendo en el país, transcurrirán de manera, dicho de manera metafórica, “muy acelerada”. En ese lapso, tendrá que llevarse acabo la transición del gobierno, que será la más corta en la historia de nuestro país, desde 1936.

En ese sentido, quien resulte ganadora del proceso electoral tendrá muy poco tiempo para establecer los pactos, alianzas, acuerdos y compromisos que se establecen para llegar a la construcción de un nuevo Gabinete. Quizá por ello la candidata de Morena ya anunció que “le gustaría que el actual secretario de Hacienda permanezca en el cargo”, enviando con ello un mensaje de “estabilidad” a los mercados, tanto nacionales como extranjeros, pero también obligando a sus opositores a comenzar a enviar este tipo de mensajes que dejan ver los acuerdos que se están generando para la eventual llegada al poder.

Quizá en las próximas semanas las candidatas punteras den a conocer los perfiles que podrían ocupar cargos clave en el próximo gobierno, como son las áreas de política internacional, desarrollo social, economía, salud, pero, sobre todo, seguridad pública, así como la titularidad de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.

En un contexto como el que vivimos, pensar en una nueva estrategia de seguridad implica desde luego pensar en quién habrá de liderar su diseño y operación; y eso es un dato que, evidentemente, es de interés prioritario para las bandas del crimen organizado, y no es descabellado pensar que podrían intentar también incidir en esa materia.

Por ello, la decisión de dónde, cuándo y en qué contexto se anunciará por parte de los equipos de campaña esa noticia en particular, deberá ser sumamente calculada y medida, porque podría generar movimientos, acomodos y reacomodos al interior de las bandas criminales, y, en esa medida, potenciar las condiciones de la violencia extrema por la que estamos atravesando en el país.

Una elección manchada de sangre no es la realidad en la cual podremos consolidar a nuestras instituciones y procesos democráticos. Por eso urge, más allá de las gracejadas y de la retórica simple, discutir con seriedad cómo construir un diagnóstico con base en el cual implementar una estrategia en tres dimensiones.

La primera, la relativa a cómo garantizar que haya un estado de fuerza suficiente, similar a los estándares internacionales, no sólo en cuanto al número de elementos que nos hacen falta, sobre todo en las corporaciones policiacas y municipales, sino al equipamiento, entrenamiento, capacitación y, por supuesto, mejora de los salarios y prestaciones laborales a que tienen acceso.

Segundo, la relativa a la construcción de una nueva estrategia nacional, que permita la coordinación efectiva entre autoridades, pero que permita romper con la camisa de fuerza autoimpuesta por el Estado, en lo relativo a las capacidades y facultades de investigación.

Tercero: la construcción de una nueva estrategia, que, con el liderazgo de la presidencia de la República, permita prevenir y combatir al crimen, diferenciando los tipos de violencia y con ello lograr disminuir los índices delictivos en todas las áreas, y no sólo dar prioridad a la reducción del homicidio y otros crímenes de alto impacto, pues en buena medida, la criminalidad organizada controla y opera ya en múltiples escenarios delictivos.

Por lo pronto, lo urgente es atender con precisión y eficacia lo coyuntural, y evitar más derramamiento de sangre. Pero en el escenario realista, la dimensión de lo que vivimos podría agravarse muy rápido y acelerar la espiral de violencia que agobia y asfixia a nuestra democracia; y que no es exagerado decirlo así, podría incluso, descarrilarla.

Investigador del PUED_UNAM