Comenzó el juicio por los ‘Panama Papers’: La larga lista de peruanos involucrados en el mayor escándalo por lavado de dinero Infobae
El juicio por el escándalo de los ‘Papeles de Panamá’ arrancó el pasado lunes 8 de abril. Este caso, el mayor de la historia en cuanto a blanqueo de capitales, y que estalló hace ocho años, sacudió a la comunidad internacional tras revelar cómo la firma Mossack Fonseca facilitaba operaciones financieras ilícitas.
En Perú, más de 100 personajes relevantes es la esfera pública fueron vinculados a la apertura de cuentas y empresas offshore mediante el bufete Mossack Fonseca para sus negocios, ahora bajo sospecha de estar involucrados en casos de corrupción y desbalance patrimonial.
Se trata de políticos, financistas de campañas, personajes de la televisión peruana, empresas del rubro de industrias extractivas, entre otros. La preocupación de las autoridades judiciales del país se centra en determinar el origen de los capitales que financiaron dichas estructuras en paraísos fiscales y en evaluar si se emplearon para acciones conforme a la ley.
El Órgano Judicial de Panamá, a través del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, supervisado por la jueza Baloisa Marquínez, es el encargado de llevar adelante las diligencias procesales contra los 27 imputados involucrados en la trama.
Este proceso judicial se basa en una meticulosa investigación que arrancó a principios de 2016, tras filtrarse más de 11 millones de documentos pertenecientes a Mossack Fonseca. Estos archivos, que abarcan 2.6 terabytes de información, expusieron las actividades de más de 140 políticos y altos funcionarios globales. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de la firma legal ahora disuelta, figuran entre los acusados, señalados de orquestar esquemas de lavado de dinero.
El Ministerio Público, representado por la fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, ha presentado evidencias significativas que respaldan la acusación, según señalan, pedirán penas ejemplares para los implicados. Cabe destacar que en Panamá, el delito de blanqueo de capitales puede acarrear hasta 12 años de cárcel.
Convoca.pe e IDL Reporteros revelaron desde 2016 los perfiles de las personas y entidades peruanas involucradas en este tejido empresarial offshore, proporcionando una base de datos que arroja luz sobre las prácticas financieras de nacionales en el extranjero.
La relevancia de este descubrimiento radica en su potencial para desentrañar redes de evasión fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otra práctica ilegal que pudiera estar vinculada al uso de estas estructuras corporativas offshore.
Personajes políticos involucrados: Keiko Fujimori, Lopez Aliaga, Alan Garcia y PPK
En el marco de las revelaciones conocidas como ‘Panama Papers’, se ha expuesto la participación de financistas vinculados a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y otros políticos peruanos, en operaciones con la firma panameña Mossack Fonseca.
Esta información, divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, implica la creación de compañías ‘offshore’ para evadir impuestos. Entre los mencionados también se encuentra Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio, así como asociados de Alan García y el encarcelado abogado Rodolfo Orellana.
La investigación destaca la creación de estructuras corporativas en el extranjero que buscaban beneficiarse de la confidencialidad y las ventajas fiscales que ofrecen jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. Según el reportaje de Ojo Público, una plataforma dedicada al periodismo investigativo en Perú, Jorge Yoshiyama Sasaki y Sil Yok Lee viuda de Lam, ambos relacionados con Fujimori, utilizaron sus nombres para actuar en representación de este tipo de entidades. En el caso de Kuczynski, se reveló su intervención en la recomendación de un exbanquero para la apertura de una sociedad en Panamá.
Además, dentro del conglomerado de clientes de Mossack Fonseca, figuran nombres como Jaime Carbajal y Hernán Garrido Lecca, ligados respectivamente a Alan García y al APRA, así como Virgilio Acuña, hermano del ex candidato César Acuña. Estas conexiones resaltan la amplia red de operaciones ‘offshore’ que involucran a políticos de diversos espectros en Perú.
Ante tales revelaciones, Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros de Perú en ese momento, solicitó una investigación rápida por parte del Ministerio Público. El escrutinio público y legal sobre estas operaciones busca esclarecer la legitimidad de las actividades financieras de personas con influencia política en el país.
También el político y empresario Rafael López Aliaga se encuentra bajo investigación por la Fiscalía debido a alegaciones de lavado de activos vinculadas al caso Panamá Papers, según informaciones publicadas por IDL-Reporteros. Esta indagación viene a raíz de las actividades realizadas por López Aliaga y sus empresas en conexión con la Caja Metropolitana de Lima, durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
Las investigaciones, dirigidas por la fiscal del equipo especial Lavajato, Yovana Mori, y Manuela Villar, fiscal de la primera fiscalía supra provincial de delito de lavado de activos, se centran en contratos otorgados a dos empresas asociadas a López Aliaga, ACRES Sociedad Titulizadora S. A. y ACRES Finance S. A., que habrían sido beneficiadas injustamente con más de un millón de soles en contratos sin un concurso previo. Estas operaciones supuestamente se realizaron sin que hubiera una necesidad real de los servicios ofrecidos, lo que ha despertado sospechas de corrupción y favorecimiento indebido.
El caso también investiga la constitución y participación de socios en las mencionadas compañías de López Aliaga, como Javier Riofrio Orrego y el empresario André Muñoz Ramírez, este último conocido por implementar el sistema de riesgos en el Banco Santander del Perú. La investigación señala que la contratación de ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S. A. por la Caja Metropolitana de Lima para un proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos, fue llevada a cabo sin procedimientos adecuados, lo que sugiere un esquema de corrupción.
