Se trata de la solicitud de entregar a Tomás Zerón, exjefe de investigación criminal de la fiscalía mexicana, buscado por delitos contra los derechos humanos durante su investigación sobre el paradero de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 a manos de policías confabulados con criminales.
“La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel”, advirtió la Cancillería en un comunicado.
La dependencia subrayó que la acción legal que se reclama a Israel -país con el que México no tiene tratado de extradición- busca detener a una persona acusada de “ejercer actos de violencia, infundir miedo, torturar y permanecer prófuga de la justicia”.
El ministerio de Justicia israelí comunicó a México el 14 de diciembre pasado que la petición de extradición “se encuentra en su etapa final de análisis”, información que reiteró el 1 de febrero de este año a través de su ministerio de Asuntos Exteriores, precisa el comunicado.
El gobierno mexicano recordó que la fiscalía inició las gestiones para localizar a Zerón en Israel en agosto de 2020, mientras la Cancillería presentó la solicitud de extradición el 30 de diciembre de 2021.
Desde entonces y hasta abril de este año, México ha reiterado “al más alto nivel político y diplomático” -incluyendo cartas del presidente Andrés Manuel López Obrador a dos primeros ministros israelíes, en 2021 y 2023- la importancia que otorga al caso, así como “la grave preocupación” por la falta de avances.
Los pedidos de resolución por parte de la Cancillería y la fiscalía mexicanas incluyen 22 videoconferencias, unas 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación de investigadores, detalla el comunicado.
En el mismo documento la Cancillería reconoce, no obstante, “la cooperación” de Israel en el caso de Andrés Roemer, acusado por delito de violación y cuya extradición fue aprobada en marzo pasado por un tribunal de Jerusalén.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es considerada una de las peores violaciones de derechos humanos ocurridas en México, que acumula unos 450.000 asesinatos y alrededor de 100.000 desaparecidos desde finales de 2006, cuando se lanzó una polémica ofensiva militar contra el narcotráfico.
