La Procuración dictaminó que la Corte Suprema intervenga en el reclamo de Kicillof contra Milei por la coparticipación Infobae
La Procuración General de la Nación le recomendó a la Corte Suprema que intervenga como tribunal originario en la demanda que impulsó el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof contra el Estado Nacional por la quita del Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI). Se trata del reclamo del gobernador bonaerense contra el gobierno de Javier Milei, por las partidas por ese fondo.
El Presidente eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado por el decreto 735 del 2020 por el expresidente Alberto Fernández, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas bonaerenses, a partir de la adecuación de la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Kicillof, con el patrocinio del Fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez, inició una acción declarativa en la que solicita la inconstitucionalidad de la norma que elimina el Fondo. Según sostuvo, la Provincia perdió más de 6 puntos de coparticipación respecto de lo que percibía en ese momento, por lo que en la actualidad recibe solamente el 22% de los recursos coparticipables cuando concentra el 38,2% de la población, aporta el 35% del PBI nacional, posee el 42% de la población económicamente activa, el 50% del valor agregado industrial, concentra el 38% de la matrícula educativa, el 38% de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social.
Así las cosas, Kicillof pidió la inconstitucionalidad del decreto 192/24 –que derogó el FOFOFI- “con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de esa jurisdicción local”. Y también una medida cautelar para que se le ordene a la administración que abone los saldos que adeuda por el fondo de noviembre y diciembre de 2023 y de enero y febrero de este año y que en los próximos meses continúe con el envío del dinero.
El gobierno le informó a la Corte Suprema que los fondos no pagados son 88.799 millones de pesos. Reclamó “el desembolso correspondiente al 1,18 por ciento de la recaudación de diciembre 2023, que debió transferirse en enero de 2024, por 33.676.934.796 pesos y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por la suma de 43.959.428.629 pesos”.
El pasado 19 de marzo, la procuradora general adjunta Laura Monti dictaminó que “toda vez que la Provincia de Buenos Aires -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte- demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
El dictamen no es vinculante, pero establece que habiendo un conflicto entre un estado provincial y el Nacional, el único tribunal que debe intervenir es la Corte Suprema.
Kicillof sostiene que “el decreto 192/24 es arbitrario, discriminatorio e irrazonable y no se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, ni en el derecho aplicable, al desconocer las circunstancias de la creación del FOFOFI y el contexto de desigualdad crónica de la Provincia de Buenos Aires en materia de distribución de recursos coparticipables”. “Su motivación es aparente, forzada, sesgada, parcial, incompleta y falsa, en tanto recarga sobre la Provincia de Buenos Aires el peso o la supuesta responsabilidad fiscal, castigándola y discriminándola frente al resto de las jurisdicciones”, añade la demanda.
La provincia de Buenos Aires explicó que “en la actualidad recibe solamente el 22 por ciento de los recursos coparticipables aun cuando concentra el 38,2 por ciento de la población, aporta el 35 por ciento del PBI nacional, posee el 42 por ciento de la población económicamente activa, el 50 por ciento del valor agregado industrial, concentra el 38 por ciento de la matrícula educativa, el 38 por ciento de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social, pues en su territorio residen aproximadamente un 58 por ciento de personas pobres y un 61 por ciento de indigentes”.
