Bernardo Arévalo llega a Washington para afianzar una alianza tras la compleja transición presidencial en Guatemala Infobae

La cita está programada para las dos de la tarde de este lunes 25 de marzo. Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden, recibirá a Bernardo Arévalo, el presidente que asumió el poder en Guatemala tras unas accidentadas elecciones y un proceso de transición que siempre estuvo amenazado por las élites políticas del país, quien ha viajado a Washington para su primera gira oficial como mandatario.

No ha trascendido aún de forma oficial de qué hablarán Harris y Arévalo, pero dos temas son previsibles. Uno es el apoyo continuado de Estados Unidos a la gestión del guatemalteco, que en su país debe de bregar con una oposición política de derechas que hizo hasta lo imposible para impedir el ascenso de este catedrático universitario de centro izquierda, y con una fiscal general sancionada por Estados Unidos que fue punta de lanza en los intentos por defenestrar a Arévalo incluso antes de su toma de posesión.

El otro tema de agenda será, si se atiende al interés expresado por Washington y a los movimientos de la política doméstica estadounidense en año electoral, el migratorio. Guatemala sigue siendo puerta de salida de cientos de miles de migrantes centroamericanos y de otras regiones y países, sobre todo de venezolanos en los últimos años según cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos.

No parece casual, por eso, que al viaje de Arévalo a Washington haya antecedido una visita a Ciudad de Guatemala de Alejandro Mayorkas, el secretario de seguridad interna de Biden, quien tras una reunión con el presidente guatemalteco recitó el guion que el gobierno estadounidense ha seguido respecto a Centroamérica, el cual está basado en la llamada estrategia de causas raíz de la migración; se trata de un plan de política exterior que pone a la migración en el centro y propone planes para evitarla, que incluyen inversión a través de iniciativas privadas y tratos para frenar los cruces irregulares en la frontera sur de los Estados Unidos.

Mayorkas aprovechó, además, para repetir el mensaje político que la Casa Blanca de Biden y su Departamento de Estado han hecho llegar con claridad a las élites políticas y económicas que gobernaron Guatemala antes del triunfo de Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla: Washington apoya al nuevo presidente y apuesta por él como un socio estratégico en Centroamérica, y ese apoyo incluye mantener en la mira a quienes en su momento dificultaron la transición y ahora siguen poniendo cuesta arriba la gobernanza.

“Sabemos que las fuerzas de la corrupción continúan buscando amenazar la democracia y el bienestar del pueblo de Guatemala y más allá. Estados Unidos apoya al presidente Arévalo y su lucha por la democracia contra las fuerzas de la corrupción”, dijo Mayorkas en Ciudad de Guatemala.

Washington ha puesto nombres y apellidos a esas “fuerzas de la corrupción” a través de sanciones con la Ley Magnitsky, aplicable a funcionarios extranjeros señalados por actos corruptos o violaciones a los derechos humanos, y del mecanismo diplomático conocido como la Lista Engel, en la que el Departamento de Estado incluye a funcionarios, políticos y empresarios privados centroamericanos a los que considera agentes antidemocráticos y corruptos. En el caso guatemalteco, Estados Unidos ha incluido a decenas de diputados, jueces, funcionarios y operadores políticos, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras y el expresidente Alejandro Giammattei, antecesor de Arévalo.

Giammattei, quien aún conserva poder político en Guatemala a través de diputados en el Congreso, fue investigado durante su gestión (2020-2024) por supuestos actos de corrupción, que incluyeron haber aceptado sobornos millonarios de un grupo de mineros rusos y kazajos que querían ampliar operaciones de extracción en el país. Esas investigaciones fueron bloqueadas por la fiscal general Porras, quien se convirtió en el rostro de una campaña de persecución política y acoso judicial contra periodistas, exfiscales, jueces y otros que investigaron y procesaron judicialmente a empresarios y políticos como el expresidente.

La intransigencia del llamado pacto de corruptos

La fiscal general Porras, quien se mantiene en el puesto y cuyo periodo al frente del Ministerio Público (MP) culmina en 2026, se convirtió en la principal piedra de tropiezo para Arévalo desde que él era candidato. A través de sus fiscales de confianza, entre ellos Rafael Curruchiche, también sancionado por Estados Unidos, Porras emprendió una persecución penal contra Arévalo, el Movimiento Semilla y Karin Herrera, la vicepresidenta, que incluyó intentos por abrir urnas en el proceso electoral que dio la victoria al actual gobernante y otros por encarcelar a varios miembros del partido ganador.

En su momento, ya como presidente electo, Arévalo dijo que buscaría cómo deshacerse de la fiscal Porras, pero advirtió que no sería un camino fácil ya que, debido a una reforma previa, el presidente no tiene facultades para destituir a la jefa del MP, y porque una remoción por vía del Congreso se antojaba cuesta arriba por la presencia de aliados de Porras en la legislatura. Por el momento, Consuelo Porras se mantiene en su oficina y persiste en la persecución a críticos del gobierno anterior.

Jose Rubén Zamora, exdirector del diario El Periódico y uno de los periodistas más influyentes del país, es uno de los nombres más visibles en esa persecución. La semana pasada, Zamora cumplió 600 días preso desde que fue arrestado en junio de 2022 en un operativo dirigido desde el MP de Porras. El 20 de marzo pasado se suspendió por cuarta vez una audiencia en el caso del periodista, quien ha solicitado pasar a arresto domiciliar.

Otro de los nombres asociados a la persecución dirigida desde el MP es el de la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, que estuvo presa más de un año y fue sometida a torturas sicológicas en una prisión guatemalteca. Laparra es una de las fiscales que investigó importantes casos de corrupción desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en tiempos en que el Ministerio Público recibió apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue arrestada en febrero de 2022 por una denuncia administrativa del juez Lesther Castellanos, otro que ha sido listado por el Departamento de Estado en Washington como actor corrupto y antidemocrático.

El 8 de marzo pasado, en el Día Internacional de la Mujer, el presidente Arévalo otorgó a Laparra la Orden de la Excelencia Laboral y desafió en público a quienes la tuvieron presa. “Esta medalla no borra los momentos de aflicción, tortura y persecución. Lo sé. Pero en ella reconozco la valentía, entereza y fortaleza de una mujer que con convicciones claras y fuertes ha trabajado por una Guatemala más justa”, dijo el mandatario.

Otra deuda política habla del poder que aún tienen la fiscal general y sus aliados en el Judicial; es la deuda con una treintena de exjueces, exinvestigadores y exfiscales como Virginia Laparra que tuvieron que salir forzados de Guatemala por investigar y llevar ante los tribunales a miembros de las élites políticas y económicas del país. Entre esos operadores de justicia están la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien entre otras dirigió la investigación por el supuesto soborno que recibió el expresidente Giammattei.

Los espaldarazos de Estados Unidos en la transición y más allá

Washington fue uno de los aliados más importantes de Bernardo Arévalo durante la difícil transición de poder, que en Guatemala es inusualmente larga. Arévalo ganó la segunda vuelta electoral el 20 de agosto de 2023, pero, por estipulaciones de la ley guatemalteca, asumió hasta el 14 de enero de este año. En esos casi cinco meses, el presidente electo tuvo que enfrentar intentos del MP de Porras de revertir los resultados electorales por vías administrativas y penales, los cuales al final no prosperaron.

Desde que ganó en segunda vuelta, Arévalo contó con el apoyo explícito de Washington. El de Joe Biden fue uno de los primeros gobiernos extranjeros en reconocer la victoria electoral del guatemalteco y, luego, en invertir su capital político y diplomático para contener a quienes pretendían impedir la transición.

Antony Blinken, el Secretario de Estado de Biden, se reunió con Arévalo de forma virtual el 2 de octubre de 2023.

Un mes después, en noviembre del año pasado, Arévalo viajó a Washington como presidente electo, donde lo recibieron congresistas demócratas y republicanos, así como Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, en la sede de la diplomacia estadounidense en la capital federal. Durante un encuentro con la prensa, Arévalo dijo en aquella ocasión que la toma de posesión el 14 de enero era “inevitable”.

Unos días después de aquella visita, el 11 de diciembre de 2023, Washington retiró el visado a 300 guatemaltecos, entre ellos 100 diputados y empresarios que habían trabajado de una manera u otra en los intentos por impedir la transición y el ascenso de Arévalo a la jefatura del Ejecutivo. Fue, de acuerdo con un funcionario de la administración Biden consultado, un parteaguas: “El mensaje fue muy claro, Estados Unidos no iba a permitir que se irrespetara la voluntad de los guatemaltecos”, dijo esta fuente, quien habló desde el anonimato por no estar autorizada a hacerlo de otra forma.

Esas y otras sanciones incluyeron a los principales operadores de la fiscal general Porras, como el nombrado Rafael Curruchiche, la agente Cinthia Monterroso -responsable del proceso contra el periodista Zamora- y Leonor Eugenia Morales, la fiscal que dirigió allanamientos a instalaciones ocupadas por el Tribunal Supremo Electoral durante los intentos de revertir los resultados electorales.

Cuando Arévalo ya había sido juramentado como presidente, Washington impuso una sanción y retiro el visado al expresidente Alejandro Giammattei y a Miguel Martínez, uno de sus colaboradores más íntimos y uno de sus principales operadores políticos.

Con Arévalo ya al frente del Ejecutivo el apoyo de Estados ha continuado a través de agencias de desarrollo como la USAID y de guiños políticos como la visita del secretario Mayorkas y de otros funcionarios estadounidenses de alto rango.

Por ahora, la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris prevista para este lunes será el punto más alto de la relación bilateral, que ya ubica al centroizquierdista Bernardo Arévalo como el presidente centroamericano más cercano a Washington en la actualidad.

La visita inicia este domingo con un encuentro con la comunidad guatemalteca en Langley Park, un suburbio de la capital estadounidense en el vecino estado de Maryland. El martes por la mañana, Arévalo hablará en una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que también fue esencial en el apoyo político que el guatemalteco recibió durante la transición. Y ese día, por la tarde, Arévalo pedirá perdón en nombre del Estado por la muerte de una adolescente en 2001, caso por el la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condeno a Guatemala.