Minería ilegal: ¿quiénes son los congresistas que ayudaron a suspender el decreto que combatía la actividad ilícita? Infobae
El miércoles 13 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó derogar el decreto legislativo 1607 que buscaba combatir la minería ilegal, estableciendo como fecha límite el 20 de marzo para la formalización de las actividades mineras.
En exclusiva para Canal N, el abogado en materia ambiental César Ipenza ha señalado que la eliminación del decreto se llevó a cabo de forma exprés, pasando por alto el procedimiento habitual de revisión y aprobación por parte de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Segundo Quiroz.
Pero, ese no sería lo más grave, pues, además de saltarse dicho análisis, la derogación se habría conseguido tras encuentros claves entre mineros informales y los congresistas Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), y Jorge Alfonso Marticorena, hoy en Perú Bicentenario (antes Perú Libre).
“Esta semana se han reunido estos mineros con el congresista Alejandro Muñante, con el congresista Eduardo Salhuana, que ha sido asesor de los mineros de Madre de Dios, con el congresista Marticorena que ha presentado iniciativas que benefician a los mineros informales”, indicó Ipenza.
Línea de tiempo
La formalización de la minería en el país ya lleva 22 años en proceso. El decreto legislativo 1607 buscaba poner orden en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem)— excluyendo a aquellos mineros que no cumplían con las condiciones necesarias para su operación legal.
En otras palabras, de acuerdo a Ipenza, el objetivo de la norma era diferenciar entre pequeños mineros que apuestan por una explotación responsable y aquellos que prefieren permanecer en la informalidad, utilizando el Reinfo para encubrir actividades ilícitas.
Sin embargo, Ipenza advierte que la reciente votación en el Parlamento parece abrir la puerta a la continuación de estas prácticas ilegales, las cuales no solo ponen en riesgo los ecosistemas, sino que también afectan a los mineros formales que cumplen con la legislación vigente.
“El proceso de formalización dura ya 22 años y la existencia de estos registros son del año 2012. No es posible que tengamos 12 o 10 años a mineros que no tienen contrato de explotación o no están cumpliendo las condiciones para permanecer en ese Reinfo. Están suspendidos”, declaró Ipenza a Canal N.
Congreso buscaría favorecer a grupos ilegales
Asimismo, la derogación del Decreto Legislativo 1607, que brindaba a la Policía autoridad para actuar en casos de posesión ilegal de materiales explosivos usados en minería, ha generado preocupación debido a las consecuencias que podría tener en la lucha contra actividades mineras ilegales y mafias que impactan en la minería formal.
Pues, esta norma, que también contemplaba la exclusión de infractores del Reinfo, ha sido eliminada, dejando la acción policial limitada a comunicar al Minem sobre el uso indebido de explosivos sin otorgarles facultades más amplias.
El Congreso tomó esta decisión pese a los antecedentes de accidentes mortales en minas informales asociados al mal uso de estos explosivos. Ante ello, Ipenza comentó que se espera que el Ejecutivo haga uso de sus atribuciones para observar esta derogatoria a fin de mantener herramientas vitales en la lucha contra la extracción ilegal de minerales.
“Esperemos que el Ejecutivo haga lo suyo para que garantice a la ciudadanía el derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado”, comentó el especialista.
Durante la entrevista con Canal N, Ipenza calificó el acto como una “clara presión de mineros al margen de la ley” y acusó al Parlamento de complicidad con estas prácticas ilegales, sugiriendo que favorece intereses ilícitos sobre la seguridad y regulación efectiva de la minería en el país.
Además, el abogado en materia ambiental expresó su preocupación por la existencia de otros proyectos de ley vinculados a la promoción de la minería ilegal.
Entre ellos la iniciativa legislativa 3634, del parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi, de Acción Popular, que buscarían aumentar el límite de hectáreas requeridas para clasificar como pequeño minero, que, según Ipenza, implica un retroceso en los esfuerzos por preservar los recursos naturales del país y garantizar el bienestar de las comunidades afectadas por la actividad.
