Contraloría alerta que estos colegios presentan deficiencias en su infraestructura y carencia de servicios básicos Infobae
La Contraloría General evaluó la situación en 13 instituciones educativas públicas de la región Ayacucho en un operativo de supervisión del 15 de febrero al 8 de marzo. La inspección tenía como objetivo principal identificar y abordar las deficiencias que podrían obstaculizar el desarrollo normal de las actividades escolares.
Los primeros hallazgos del operativo evidencia una situación crítica en cuanto a la infraestructura y disponibilidad de servicios básicos esenciales en varias de las escuelas.
Entre los casos más destacados se observó que la escuela N° 24104, ubicada en la comunidad de Santa Ana, en Aucará, provincia de Lucanas, presenta paredes de adobe y cubiertas de calamina deterioradas, suelos en demanda de reparación, baños que necesitan ser reemplazados, y una insuficiencia de mobiliario escolar como mesas y sillas para el adecuado desarrollo de las clases.
Problemas análogos, relacionados con daños y carencias en la estructura, fueron evidenciados en otros establecimientos como los colegios N° 38619 en Parccahuanca, N° 38912 en Acco, ambos en el distrito de Acocro; el N° 38584 en la zona de Incahuasi, perteneciente a Vinchos; la institución Víctor Raúl Haya de la Torre en Ocros, y la entidad República Bolivariana en Ayacucho, todos ellos en la provincia de Huamanga, entre otros planteles educativos.
De igual forma, se encontró la ausencia de servicios elementales como el suministro de agua, alcantarillado y electricidad en los centros Industrial de Túpac Amaru II, en San Pedro, y nuevamente el N° 24104 en Aucará, situación que compromete la vida y salubridad tanto de alumnos como de profesores.
Una de las falencias más comunes identificadas es la falta de especialistas en psicología y un déficit en la formación de los educadores respecto al enfoque de género, además de una insuficiente conexión a servicios de telecomunicaciones e internet, y una protección inadecuada contra la exposición solar en zonas abiertas; a su vez, se registra una carencia de materiales didácticos y libros de texto para el ciclo lectivo 2024.
También se notó una insuficiente provisión de infraestructura y equipos adecuados para facilitar la movilidad y el cuidado de miembros de la comunidad educativa con discapacidad, caso concreto en la institución educativa N° 38584 - Incahuasi, de nivel primario.
Además, se reportó la ausencia de directivos asignados, una cantidad insuficiente de maestros, y la necesidad de contar con instrumentos de gestión educativa modernizados y aprobados, entre otras cuestiones críticas.
Informe de la Contraloría
Es importante mencionar que los hallazgos en Ayacucho son componentes del Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024 ejecutado por la Contraloría General en 395 centros educativos públicos de todo el país. Dicha iniciativa reveló y reportó que un 70 % de los establecimientos educativos carecía de los cuadernos de trabajo destinados a los estudiantes para el comienzo del ciclo escolar.
A nivel nacional, se determinó que el 52 % de los edificios necesita cambiar los techos de al menos una sala de clases debido al riesgo de colapso por su estado precario. Igualmente, se descubrió que el 55% de estos inmuebles requieren, como mínimo, reparar o cambiar las paredes de una aula, mientras que el 44 % debe enfrentar la sustitución del suelo en al menos un salón debido a su avanzado deterioro.
Además, en el 21 % de los casos se detectó una notable escasez de mesas y sillas para los alumnos, y en un 17 % de las instituciones inspeccionadas se vio la falta de este mobiliario básico para los docentes. “La precariedad de las infraestructuras educativas y el déficit de mobiliario escolar comprometen las condiciones de operatividad, habitabilidad y seguridad esenciales, poniendo en peligro la salud y bienestar de toda la comunidad educativa”, menciona el informe.
También se reportó la ausencia de material didáctico en áreas fundamentales como comunicaciones y matemáticas, cuya distribución por parte de las UGEL a los centros académicos no se efectuó en el 70% de las situaciones evaluadas. Esta falta podría repercutir negativamente en el soporte cognitivo de los estudiantes.
