La UOCRA denunció una fuerte pérdida de empleo en la construcción y su líder tendrá reuniones clave en EEUU Infobae

Gerardo Martínez, el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fue el primer sindicalista que se reunió con Javier Milei en septiembre pasado, luego de que el líder libertario fue el más votado en las PASO. Hoy, el mismo dirigente se pintó la cara para cuestionar el actual Presidente por “la pérdida de puestos de trabajo que es producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional” y reveló que ”en los 2 últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector”.

Pero Martínez, además, en su condición de secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, llegó esta tarde a Washington para mantener reuniones con directivos del FMI, el Banco Mundial y el BID junto con colegas de la Confederación Sindical Internacional (CSI), donde planteará los problemas económico-laborales de su actividad y reiterará el objetivo de “discutir un nuevo contrato social mundial y luego un contrato social para cada uno de los países de nuestra región”.

En diálogo con Infobae, Martínez afirmó que su actividad en los Estados Unidos es previa a la del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el gremialista integra por el grupo de los trabajadores, y resaltó que está previsto que “se hable con todos los organismos multilaterales que están relacionados con la política a nivel mundial y con las cuestiones hemisféricas”. En ese marco, se analizarán “las condiciones sociolaborales y el impacto que se generan en los países que tienen empréstitos muy importantes, como es el caso de Argentina”.

También se debatirá “cómo consolidar el sistema democrático, donde una de las vías fundamentales para resolver los problemas estructurales de esos países es el diálogo institucionalizado”.

Martínez se reunió la semana pasada con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, a quien le planteó la preocupación de la central obrera por la situación socio-económica y su impacto en lo laboral y productivo y alertó sobre un crecimiento de la pobreza.

Según denunció la UOCRA, “en los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción”.

En un comunicado de prensa, la UOCRA anunció que declaró “el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país” y destacó que “la medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional; la desaceleración de la inversión, que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad, y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”.

Para el gremio que conduce Martínez, “esta situación se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica y se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos”.

La UOCRA hizo hincapié que “en los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción”.

“Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno, que no convoque al diálogo social y que ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, finaliza la declaración del gremio de la construcción.