Más de 10 mil personas fueron desplazados por conflicto armado en Chiapas Calle México
Al menos 10 mil personas han tenido que huir de sus hogares para salvar su vida ante la violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala, presentaron organizaciones civiles que urgieron al Estado mexicano atender el conflicto armado “no reconocido”.
El informe ‘Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región fronteriza de Chiapas, señala que existe una crisis humanitaria en la zona.
“(Se debe) atender la violencia, crisis humanitaria y reconocer el conflicto armado que se vive en la región, con el fin de que se pongan en marcha mecanismos necesarios para restituir la paz en el territorio y entre la población”, arremetieron las organizaciones, entre ellas el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes.
Entre los municipios más afectados, señalaron, están:
La Trinitaria.
Frontera Comalapa.
Chicomuselo.
Siltepec.
Honduras de la Sierra.
Motozintla.
Mazapa de Madero.
El Porvenir.
La Grandeza.
Bejucal de Ocampo.
Esta crisis, abundaron, es propiciada por los diferentes mecanismos de control que recaen sobre la población por parte de la delincuencia organizada, “en donde se vulneran derechos básicos y servicios fundamentales para la subsistencia”.
El documento, presentado por El Colectivo de Monitoreo -Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala-México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes’ (Red TDT), describe las estrategias de disputa entre grupos criminales para el control del territorio.
Además de las actividades económicas, vida cotidiana e instituciones sociales, así como las acciones de terror que someten a la población y generan una zona silenciada en medio de una profunda omisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno “esta violencia se refleja en la crisis de desplazamiento forzado interno que desde junio de 2021 a la fecha ha generado que más de 10 mil personas huyan de sus hogares para salvar su vida”, expuso el informe.
Las organizaciones señalaron que la población tiene una percepción de colusión entre las instituciones y los grupos delincuenciales, lo que alimenta el ambiente de desconfianza e inseguridad, aunado al reclutamiento forzado o extorsiones, la explotación sexual de mujeres y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las infancias.
“Esta alarmante realidad forma parte de un contexto de pocas oportunidades económicas y pobreza; fenómenos como las ejecuciones, desapariciones, tortura, amenazas y desplazamiento forzado interno mantienen la población de la frontera del estado de Chiapas en una alerta permanente que se complejiza cada vez más”, señalaron.
De acuerdo con organizaciones, cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios. En los últimos años, las comunidades indígenas de Chiapas han advertido un aumento en la violencia e inseguridad en el estado.
Activistas, organizaciones y comunidades han señalado el clima de “guerra civil” que se vive en el sureño estado mexicano por los conflictos armados, presencia de grupos del crimen organizado, provocando homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Asesinato de ‘El Junior’, punto de inflexión de la violencia en Chiapas
El informe señala que el conflicto en la frontera tuvo su “punto de inflexión” en el asesinato de El Junior, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada, “cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico” en 2021.
Entre otras afectaciones se encuentra la suspensión de clases en los niveles básico y medio superior, así como los servicios de salud en los municipios de Bellavista, La Grandeza, el Porvenir, Siltepec, Honduras de la Sierra, Bejucal de Ocampo y Chicomuselo.
“Son miles de niños, niñas y adolescentes, y alrededor de 5 mil maestros y maestras de educación básica y media superior quienes sufren las afectaciones en medio de la inexistencia de garantías de seguridad”, se lee en el documento presentado este martes.
Recordaron que durante 2023, “se han tenido varios picos importantes de violencia”, como fue en el mes de mayo, donde se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, provocando que alrededor de 3 mil 500 personas se desplazaran de manera forzada,.
“Existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado”, acusaron.
(milenio.com)
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