El rostro oculto de la subrogación Infobae

El llamado del papa Francisco a la prohibición universal de la maternidad subrogada, por tratarse de una práctica que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, ha puesto sobre la mesa la atroz realidad de lo que muchos prefieren mantener bajo radar, mientras naturalizan su práctica sin entrar en juicios morales. La maternidad subrogada viola derechos fundamentales, deshumaniza a las mujeres usadas como recursos reproductivos de terceros, y convierte a los niños en objetos de contrato, diseño, edición y entrega directa a los comitentes.

Esta realidad es, sin embargo, romantizada por la propaganda oficial de la industria reproductiva, que asegura ganancias en crecimiento exponencial para clínicas, agencias de captación, profesionales y un sinnúmero de gestores e intermediarios que lucran con el “altruismo” de las madres y la total vulnerabilidad de los niños. El relato dice que todo es cuestión de inclusión, ampliación de derechos, diversidad familiar y desbiologización del vínculo filial, bajo el supuesto ideológico de que la maternidad es una imposición cultural, una ficción normativa de la cual urge liberarse a fin de que cada uno pueda determinarse sexo-reproductivamente según lo perciba.

La subrogación cuenta entre las prestaciones sanitarias del Estado a fin de garantizar las autopercepciones y deseos privados. El relato instalado insiste en el derecho a formar una familia, curiosamente interpretado como el derecho a transferir los propios genes o de terceros seleccionados por catálogo a un dispositivo gestante, que devolverá el producto terminado a quienes hayan contratado el servicio en el tiempo y la forma requerida.

Pero los deseos, por muy auténticos y profundos que sean, no son derechos humanos, los niños no son objetos para autosatisfacción, y las mujeres no son instrumentos de gestación colectiva, por muy desbiologizadas y disociadas que se las quiera. El derecho a formar una familia no tiene que ver con la demanda del hijo propio, heredero del patrimonio genético y los otros patrimonios. Lo que este relato silencia y oculta es la realidad material, subjetiva y jurídica de las madres de descarte. De ellas solo se dice que son verdaderas heroínas que por puro altruismo y sin ninguna necesidad económica han decidido arriesgar su integridad psicofísica por el amor a terceros desconocidos.

No se habla sobre la cesión de la autonomía personal y reproductiva a la decisión de los comitentes, la exposición a un control intrusivo sin derecho a la privacidad, la renuncia a indeclinables derechos filiales y la obligación de transferir el producto ni bien sea expendido al mundo, sin tocarlo jamás. Todo por la presunta generosidad de un contrato comercial blindado y asimétrico que la somete a la voluntad de los comitentes mediante cláusulas de irreversibilidad.

A pesar de ser puro altruismo, hasta el momento no se registran mujeres ricas que hayan gestado para mujeres o varones pobres. Son siempre las más pobres y vulnerables las explotadas reproductivamente. Cuanto más pobres, mejor negocio. La versión altruista optimiza la ganancia de los intermediarios, y blinda a compradores y gestores contra posibles problemas de salud que un embarazo hiper-hormonado e hiper-medicalizado pueda ocasionar. Esas mujeres reciben una módica “compensación” que encubre el pago por los servicios prestados, amén de alguna terapia de apoyo que las disocie mentalmente para no apegarse al hijo y, después del parto, la medicación para cortar la leche con la que nunca amamantarán.

El relato tampoco habla de los niños objeto del contrato, cuyo diseño y producción está sujeta a un estricto control de calidad y eventuales abortos por fallas o número indeseado, todo a voluntad de los compradores. Los niños son privados del derecho a la identidad, la filiación y el interés superior del menor, incompatible con la gestión comercial, incluso eugenésica, de su existencia. Son arrancados del cuerpo de sus madres y entregados a terceros a quienes pertenecen por contrato comercial, idóneos o no.

Hijos arrancados de sus madres, madres que jamás tocarán la piel de sus hijos. Para ocultar esta realidad, las vanguardias progresistas explican que no se trata de mujeres o madres, sino solo de “personas” neutras y asexuadas que cumplen con la función de gestar, cuya mente está disociada de su cuerpo.

Tampoco el recién nacido tiene nada que ver con la función gestante que lo produjo, por más que el único cuerpo que reconozca y desee al nacer sea el de quien lo cobijó y alimentó por 9 meses. Las marcas físicas y psíquicas de ese violento desapego no se borrarán jamás. Innumerables estudios en clínica neonatal y exterogestación lo demuestran.

En Argentina, la subrogación es ilegal porque la madre es quien da a luz –no quien paga el contrato de fertilización– y la producción de un niño no es objeto lícito de contrato. Nuestro país tiene una tradición en materia de protección del derecho humano a la identidad, el reconocimiento de la indemnidad del vínculo materno-filial, la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y el tráfico de niños. Sin embargo, se intenta naturalizar esta práctica deshumanizante de mujeres y niños a fuerza de acciones colectivas, amparos, sentencias y resoluciones que permiten inscribir a los menores a nombre de quien paga el servicio.

La denuncia del papa Francisco echa luz sobre años de implantación ideológica e identitarismo jurídico disfrazado de derechos humanos. En la subrogación se juega el futuro de lo que podrá ser una comunidad cada vez más humana, o bien convertirse en un producto de la empresa transhumanista. Se trata de decidir sobre los límites éticos del mercado, o sobre el inmoral mercado de los deseos privados de algunos. La decisión es entre la condición humana naciente y de apego, o la violencia del desapego y la transferencia directa a quien está en una relación desigual de poder, frente a una mujer empobrecida, frente a un niño indefenso.

*María J. Binetti es doctora en Filosofía e Investigadora del CONICET

*Susana Medina, es jueza del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y master en Justicia Constitucional y Derechos Humanos.