Encuentran 12 sitios de exterminio y 233 fosas clandestinas en Jalisco Vanguardia.com.mx

Entre las 233 fosas clandestinas descubiertas en Jalisco, del 1 de enero de 2006 hasta el 31 de octubre pasado, se han localizado por lo menos 12 sitios donde los cuerpos de personas desaparecidas eran destruidos con fuego o mediante el uso de químicos para impedir que fueran encontrados.
Jalisco es el estado con más personas desaparecidas (14 mil 912) y registra dos casos emblemáticos de desaparición múltiple (el de tres estudiantes de cine en 2018 y el de cinco jóvenes de Lagos de Moreno en 2023), ello muestra que esta es una práctica recurrente entre los grupos criminales que operan en la entidad, aunque no existe un registro preciso de los sitios.
TE PUEDE INTERESAR: Río Bravo: dos migrantes murieron al intentar pasar a Estados UnidosLa fiscalía de Jalisco niega tener una base de datos de estos lugares y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) sólo da cuenta de 12 puntos en las distintas regiones del estado, nueve donde se utilizaba fuego y tres en los que se utilizaron químicos, pero ninguno en el área metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información, el Departamento de Criminalística del IJCF precisó que, aunque no cuenta con datos al respecto, “el personal adscrito a este departamento acude a sitios de intervención y estadísticamente se registra como ‘fosa clandestina’”.
Y es que en el numeral 68 del Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas se define como fosa clandestina al “sitio donde ilegalmente han sido depositados, degradados, ocultados o transportados restos humanos no arqueológicos, y/u otros indicios asociados a cuerpos o restos que sean susceptibles de procesamiento forense”.
Un perito forense consultado al respecto, y quien pidió reservar su identidad, señaló que en ocasiones ventilar este tipo de información en los medios de comunicación entorpece las investigaciones y recordó un caso en el interior del estado donde se procesó un sitio en el que se utilizaron químicos para degradar cuerpos.
”Pese a todo logramos encontrar piezas dentales y al menos estimar cuántas víctimas había, pero la información se filtró a los medios y cuando procesamos otro sitio similar en la misma región, los perpetradores se encargaron de mejorar su técnica y fue imposible encontrar algo”, relató.
La información de las regiones de Jalisco indica que en los 12 sitios se han encontrado múltiples fragmentos óseos y restos humanos, pero hasta ahora sólo se ha podido determinar que algunos de ellos pertenecen a por lo menos 17 personas que siguen sin poder ser identificadas.
Los municipios en los que se han encontrado son: Zapotlán El Grande, Tecalitlán, Puerto Vallarta, Tala, Cocula, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Autlán y Lagos de Moreno.
Dos casosLa noche del 11 de agosto de 2023 Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, cinco jóvenes amigos, fueron privados de su libertad por sujetos armados en las inmediaciones del mirador de la colonia San Miguel, en Lagos de Moreno y hasta ahora se desconoce su paradero.
Durante los primeros días de búsqueda se filtró un video grabado por los captores de los jóvenes en el que se les veía maniatados y sometidos en una finca en obra negra que posteriormente fue localizada por las autoridades a las afuera de la Ciudad de Lagos de Moreno.
Después, el 20 de agosto, las investigaciones condujeron a las autoridades a un predio en el que había un horno de ladrillos en el que se descubrieron restos óseos calcinados de por lo menos dos personas; a partir de ese hallazgo se logró la detención de Rogelio M, presunto lugarteniente del CJNG en la región de Los Altos de Jalisco; Celestino M, Enahu A, Emanuel A y Valentín S, quienes fueron vinculados a proceso por delitos vinculados con la desaparición de personas y se les relacionó con la desaparición de los cinco jóvenes.
Basándose en las declaraciones de algunos de estos detenidos y algunas evidencias, tanto el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, como el coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, han hecho pública la hipótesis de que Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante están muertos y sus cuerpos fueron calcinados en el horno localizado el 20 de agosto.
A principios de diciembre fuerzas federales reportaron la detención de Isidro “N” El Chilo, líder de una célula delictiva, además de sus subordinados: Luis Antonio “N” La Morsa, Eruviel “N” El Conejo, José Fernando “N” El Fercho y Víctor Armando “N” El Diablo, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que supuestamente también están involucrados en la desaparición de los jóvenes y en la emboscada a elementos del Ejército ocurrida el 20 de noviembre en Teocaltiche; sin embargo, hasta ahora las autoridades estatales no han informado cómo habrían participado en el caso de Lagos de Moreno y si se busca vincularlos a proceso por ese delito.
El último avance reportado por las autoridades en este caso es la localización de los teléfonos celulares de los cinco jóvenes, dice: los aparatos fueron localizados por elementos de la GN que recibieron un reporte en el que se aseguraba que los aparatos se encontraban en la finca donde los cinco amigos fueron retenidos tras privarlos de su libertad.
Al buscar en el sitio, que ya había sido cateado por la Fiscalía de Jalisco, los agentes de la Guardia Nacional localizaron una caja con los teléfonos, por lo que se sospecha que los delincuentes volvieron al sitio para colocarlos ahí; las autoridades ministeriales no han informado si en los aparatos se localizó información relevante para esclarecer lo que sucedió con los jóvenes.
En tanto, el 19 de marzo de 2018 desaparecieron en Tonalá, en el área metropolitana de Guadalajara, Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, quienes supuestamente fueron confundidos por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por miembros de un grupo rival.
Las manifestaciones que generó el hecho provocaron que el 4 de abril de ese año el entonces gobernador Aristóteles Sandoval impusiera un plazo de 15 días a la fiscalía del estado para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los estudiantes.
Cuatro días después de que se venciera ese plazo, el entonces fiscal Raúl Sánchez Jiménez, dio carpetazo al asunto y convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que, según las declaraciones de tres detenidos, los tres jóvenes fueron asesinados y después disueltos en ácido en una casa de la colonia Prados de Coyula en Tonalá.