Ociel Baena y los otros ‘carpetazos’ de la Fiscalía de Aguascalientes Vanguardia.com.mx

Desconfianza y dudas han girado en torno a la versión preliminar que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) dio por la muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena.
Una hipótesis que ni sus familiares y amigues, ni defensores de derechos o la propia comunidad LGBTIQ+ terminan de creer.
Menos de 72 horas después del hecho, el fiscal Jesús Figueroa Ortega dio a conocer que le defensore de los derechos habría sido asesinado por su pareja, Dorian Daniel, quien se suicidó después de cometer el crimen.
Dando así por descartado la presunción de un crimen de odio.
TE PUEDE INTERESAR: Apoya China en compra de suministros para damnificados por ‘Otis’La institución, así como la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) estatal, han sustentado sus teorías en los indicios hallados en el domicilio donde la pareja perdió la vida.
No obstante, ello no frenó el recelo hacia la institución que con esa misma rapidez sacó conclusiones en casos que, en su momento, se exigió investigar como presuntos feminicidios o infanticidios.
OTROS ‘CARPETAZOS’ EN CASOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE AGUASCALIENTES: NO FUE SUICIDIO, FUE FEMINICIDIOEl 24 de enero de 2023, una transeúnte dio aviso a las autoridades por el hallazgo de un cuerpo abandonado de una mujer en un lote baldío del fraccionamiento Villas del Puertecito.
Según medios locales, la fémina se encontraba maniatada y estrangulada en pleno cruce de las calles Puerto Dos Bocas y Celestino López Sánchez.
Se trataba de Cynthia Nataly, de 38 años, cuya familia había reportado su desaparición horas antes de aparecer muerta.
Ante la noticia se exigió la investigación bajo el protocolo de presunto feminicidio, pero a cuatro días del hallazgo la FGE y la gobernadora Teresa Jiménez adelantaron que el caso podría tratarse de un posible suicidio.
TE PUEDE INTERESAR: Guardias golpean a padre de familia mientras su hija grita “¡Dejen a mi papá!” (video)“Estamos considerando una auto privación”, aseveró Figueroa en una conferencia del 28 de enero.
A ello, y con lujo de detalle, la mandataria aunó: “Se ve claramente cómo ella se va amarrando una tela en el cuello.
(.
.
.
) La tela era de su casa”.
Ambas declaraciones se basaron en lo registrado por cámaras de vigilancia que grabaron los últimos minutos de vida de Nataly.
Videos a los que la familia de la víctima no tuvo acceso, ni tampoco a la carpeta de investigación o los supuestos testimonios recurridos por la Fiscalía.
“Que nos enseñen evidencias.
Dijo la gobernadora que había videos en donde se ve a mi hermana y no lo creo”, comentó Martín, el hermano de Cynthia.
“No estamos conformes”.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGAGS) secundó las acusaciones de la familia contra la FGE por obstaculizar su acceso a la carpeta de investigación.
A ello, calificó de “irresponsable” el que la fiscalía adelantara versiones del caso y cuestionó la rápida aplicación de los protocolos marcados por la Ley ante un presunto feminicidio.
“No fue suicidio, fue feminicidio.
(.
.
.
) No es posible que a los pocos días de que haya sucedido este feminicidio salga la Fiscalía a decir que fue una auto privación de la vida, cuando a la familia jamás se le ha dado una comunicación”.
El caso conmocionó a organizaciones y a la ciudadanía de Aguascalientes, quienes el 3 de febrero tomaron la autopista Siglo XXI en un acto de protesta.
Pese a ello— y a la búsqueda de un peritaje internacional — Jesús Figueroa defendió la teoría que se presentó desde el inicio del caso.
“En la cámara se ve que es la propia occisa quien se hace el primer nudo en la parte frontal.
Tenemos a una testigo que nos dice haber observado cuando la víctima va jalando de esa venda y la ve prácticamente en el lugar donde se encuentra el cuerpo.
(.
.
.
) En ningún momento estuvo maniatada, ni con lesiones de lucha”.
LA NIÑA QUE CAYÓ A UN POZO DE AGUACon una pijama de princesas color rosa y unos huaraches blancos, esa fue la imagen que comenzó a circular en una Alerta Amber de Aguascalientes ante la desaparición de la pequeña de cinco años, Montserrat Johana Vargas García.
TE PUEDE INTERESAR: Familia de le magistrade es víctima de robo en SaltilloLa ficha de búsqueda la describía con cabello largo y castaño, ojos grandes y con un lunar en la pierna derecha.
Su familia la vio por última vez en el fraccionamiento Villas las Palmas el 13 de diciembre del 2020; misma zona en la que fue encontrada sin vida al día siguiente en un pozo de agua.
Tan pronto como se dio a conocer el hallazgo, la fiscalía del estado anunció los avances de las diligencias que, según dijo Figueroa, se llevaron bajo el protocolo de presunto feminicidio.
Los resultados arrojaron que la pequeña de cinco años habría caído accidentalmente en el pozo de la planta de tratamiento de aguas residuales.
“La dejan sus familiares salir a jugar en una resbaladilla que se encuentra a un lado de las instalaciones de este lugar.
Se encontraba sola jugando”, dijo el fiscal y descartó el hallazgo de heridas internas o externas en el cuerpo de la menor.
“La causa de muerte que nos están reportando es asfixia por ahogamiento”.
“No se encontró ninguna lesión en su cabeza o partes nobles.
(.
.
.
) Además, no presentaba lesión interna— hematoma, hemorragia — que nos llevara a pensar que tuvo una caída o un golpe previo a caer a ese lugar”.
Sin embargo, familiares y colectivos respondieron a la postura de la Fiscalía con una protesta a las afueras de las instalaciones de ésta: “Queremos justicia.
La niña no se pudo haber metido por su propio pie”, alegó el tío de Montserrat, José Luis.
Esto, luego de haber acudido a la planta de tratamiento para comprobar por ellos mismos si era posible el acceso de un menor a dicho lugar.
El OVSGAGS también intercedió en el caso y, tras acceder a la carpeta de investigación, consideró “inverosímil y desmesuradamente omisa” la explicación que la FGE rindió y sostuvo por varias semanas.
Asimismo, concluyó que no se llevó a cabo el Peritaje Antropológico, ni el análisis del contexto necesario para conocer el entorno familiar de la pequeña.
“Nos parece sumamente delicado y violento que el titular apure las conclusiones de un caso que sigue en investigación y que las haga públicas, polarizando a la opinión pública y dañando el acceso a la justicia y la verdad”, recalcó la organización en una misiva.
NIDIA NO RECIBIÓ PROTECCIÓN Y UN SUJETO LA ASESINÓEl 6 de noviembre del 2023 Nidia Adame, de 33 años, había salido con sus cuatro hijos e hijas en el municipio de Pabellón de Arteaga cuando Luis Vásquez Coronado la roció con gasolina y le prendió fuego.
Sus pequeños y pequeñas pidieron ayuda a los vecinos e intentaron auxiliarla.
TE PUEDE INTERESAR: Ciencias Químicas de la UAdeC terminará tesis de Brandon, estudiante fallecido tras entrenamiento de boxLa joven falleció un día después en el Hospital Hidalgo a causa de las quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo.
El presunto agresor, quien fuera su pareja, intentó darse a la fuga, pero las autoridades dieron con él mientras se escondía en un domicilio de Los Arellano.
La FGE abrió una carpeta de investigación contra Vásquez Coronado por presunto feminicidio.
Sin embargo, las críticas estallaron contra la institución luego que su titular reconoció que a Nidia se le negó la protección que había solicitado en agosto del 2023 en contra de Luis.
En entrevista con BITV, Jesús Figueroa detalló que la solicitud no procedió ya que la información proporcionada era “relativamente vaga” y, por ende, “no ameritaba una orden”.
“Necesitábamos más información de la situación.
La propia víctima hacía referencia de que estaba viviendo con la familia de él, entonces la información que nos dio era relativamente vaga y que no ameritaba una orden, porque estaba conviviendo con su propia familia”, comentó para dicho medio.
Colectivos condenaron la declaración de Figueroa Ortega, mientras que el OVSGAGS las consideró alarmantes por “su desconocimiento de la ley y protocolos de acción”, así como por “la falta de análisis de las problemáticas” en torno a la violencia de género.
A ello, criticó “la inoperancia e incompetencia” de las instituciones de justicia al recordar que “las órdenes de protección son actos de urgente cumplimiento”, las cuales deben decretarse “inmediatamente después de que la autoridad competente conoce de probables hechos constitutivos de violencia.
”