La importancia del presupuesto en las IES Heraldo de Aguascalientes

Para entender el funcionamiento de las instituciones de educación superior (IES) públicas, es necesario tomar en cuenta que la capacidad presupuestal es uno de los factores fundamentales para garantizar un servicio educativo de calidad. Más allá de las críticas superficiales sobre cuánto presupuesto reciben anualmente, muchos “críticos” suelen perder de vista los gastos operativos que implica el gasto corriente de las instituciones. Así como también, no toman en cuenta que la calidad educativa contempla diversas vertientes y no sólo la calidad docente: la infraestructura física, los servicios internos, el mantenimiento, las actividades extraescolares, las plataformas de becas, etc.; todo esto requiere de cantidades significativas para poderse llevar a cabo. De ahí que nazcan diferentes inquietudes en la población en general (particularmente, de las y los estudiantes): ¿se gasta adecuadamente el presupuesto? ¿Es necesario que se destinen grandes cantidades de recursos?

El cálculo del gasto es siempre un tema que se presta al debate, dado que ahí chocan diferentes intereses dentro de las comunidades académicas. Por ejemplo, un estudiante de derecho quizás no vea con el mismo entusiasmo invertir en áreas deportivas de calidad, mientras que los educandos de ciencias del deporte o ciencias de salud lo ven como un tema prioritario para su formación; y de manera simultánea, alumnos de carreras de ciencias básicas no valorarían de la misma manera invertir en salas de juicios orales, cuando éstas son esenciales para los estudiantes de derecho. Por eso, cuando suelen atacar a las universidades públicas por invertir en este tipo de espacios, la comunidad educativa tiende a cuestionar la idoneidad de estas inversiones, sin tomar en cuenta que, al ser una comunidad diversa, es imprescindible contemplar todas las áreas de formación y garantizar espacios de calidad para todas las y los estudiantes.

Ahora, también existen servicios básicos generales que son esenciales para todos los integrantes de la comunidad, por ejemplo, los servicios de informática que sostienen las redes de toda la institución (desde las plataformas virtuales para efectuar servicios, darse de alta cada semestre o enviar tareas, hasta el servicio de internet en todo el campus). Es por lo anterior, que antes de criticar abiertamente el ejercicio del gasto en este sector, debemos dimensionar cómo se operan las instituciones y entender que no es sencillo sostener universidades públicas manteniendo, a la par, la calidad educativa.

Asimismo, existen diferentes actores políticos que atacan el gasto educativo por diferentes razones (algunas legítimas y otras más cercanas a la politiquería o ignorancia). Estas molestias emanan, principalmente, por la autonomía de gestión que les reconoce la Constitución a las IES en su artículo 3° fracción VII, ya que eso evita que puedan prestarse a manipulación política externa. También les incomoda que dentro de dichas instituciones no se puedan llevar a cabo actividades partidistas (por obvias razones), dado que se debe garantizar un espacio neutral para la formación de las y los alumnos (de ahí la enorme importancia de que, tratándose de elecciones estudiantiles, emerjan perfiles idóneos que den una representación legítima). Son éstas las razones por las que suelen atacar a estas instituciones educativas, tergiversando la información y buscando capturar estos espacios que, durante años, han sido espacios de crecimiento y desarrollo (personal y profesional) de cientos de generaciones.

Ahora, también es importante recalcar que el gasto público siempre es vigilado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por ello, el uso de estos recursos debe cumplir con estándares muy rígidos marcados en diferentes ordenamientos normativos. David Colmenares Páramo, ex auditor superior de la federación, detalló en el portal El Financiero uno de los problemas actuales en cuanto al pago de las aportaciones de los Estados a las universidades públicas, señalando que “La aportación federal siempre se ha pagado en tiempo real como las participaciones. Su evolución de 2020 a la fecha: en ese año 17 estados no cumplieron con su compromiso, por un monto global de mil 950 millones de pesos; en 2021, ya son 19 estados los que dejaron de cumplir con 2 mil 209 millones de pesos; para 2022, 13 entidades federativas dejaron de pagar mil 942 millones; y al mes de agosto de este año, 22 gobiernos estatales no han pagado 2 mil 628 millones de pesos”. El incumplimiento de estas aportaciones impacta significativamente en las operaciones esenciales de las IES públicas y orilla a las y los tomadores de decisión a optimizar el gasto educativo (algo que puede traer consigo una disminución en la calidad educativa).

De aquí la importancia de que, antes de criticar la inversión en IES, debemos comprender cómo funciona el presupuesto y que, si queremos tener universidades públicas de calidad, es necesario exigir que el Estado (federal y estatal) cumpla con sus obligaciones y otorgue los recursos suficientes. De lo contrario, estaríamos degradando, con el paso del tiempo, la calidad educativa en perjuicio de toda la sociedad en su conjunto, dado que, gracias a estas instituciones, millones de estudiantes en todo el país pueden salir adelante, contando con una formación calificada que les permita desenvolverse en sociedad.