“Perú está en un camino decidido hacia el autoritarismo”: CPP habló de la criminalización de la protesta del Gobierno Infobae
Perú atraviesa una crisis política que, aunque está presente hace varios años, parece agravarse últimamente con la intervención del Congreso de la República en asuntos de instituciones constitucionalmente autónomas. Entidades internacionales se han pronunciado acerca del riesgo que enfrenta la democracia en el país luego de este atentado a la separación de poderes. Pero este no es el único peligro. Bajo la figura de la ‘lucha contra la criminalidad’, el Gobierno viene impulsando una iniciativa que pretende criminalizar a todo aquel que convoque a una manifestación.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha expresado su preocupación ante estas medidas que considera amenazas a los principales derechos ciudadanos. La propuesta plantea la posibilidad de sancionar a quienes convoquen protestas a través de medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. En un contexto en el que las redes sociales desempeñan un papel crucial en la organización de marchas, esta medida podría tener serias implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
De acuerdo a esta propuesta, se rastrearía a las personas que convoquen a marchas, o informen sobre ellas. Es decir, se monitorearía su actividad en internet, sus comentarios y publicaciones. El Consejo considera esto como una especie de “patrullaje virtual” que estaría a cargo de agentes encubiertos en redes sociales. Según la organización, esto podría llevar a un seguimiento y persecución de las personas que expresen opiniones o comentarios sobre marchas y protestas en las redes sociales, lo que consideran una forma de criminalización de la libertad de expresión.
— ¿Esta iniciativa representa una criminalización en su totalidad? Porque las personas que convoquen a las marchas no solo serían procesadas por convocar o informar sobre una marcha, sino que también serían ‘perseguidas’
Es una criminalización a un derecho constitucional y un derecho humano. Primero, al derecho de convocar a una marca porque, insisto: las protestas pacíficas son un derecho humano. Y también el hecho de hacerlo a través de los medios de comunicación. Al gobierno no le gustan las marchas, entonces quiere evitarla restringiendo derechos.
En un segundo término, esto también afecta a la prensa. ¿Por qué? Porque el mismo texto sostiene que los supuestos instigadores pueden ser también comunicadores que utilicen los medios de comunicación. ¿Por qué considerarían a los comunicadores como potenciales delincuentes?
— La aprobación de esta medida pone en vilo la situación de los periodistas. ¿Qué pasará con los comunicadores que puedan informar sobre marchas que puedan incomodar al poder? ¿Será considerado como una incitación?
El arte de estas legislaciones y normativas está en la ambigüedad. Ocurrió en el Gobierno de Pedro Castillo y ahora pasa en el Gobierno de Dina Boluarte porque cuando se utilizan palabras como ‘instigar’ se deja abierto la puerta arbitraridades. ¿Qué es instigar?, ¿Es convocar una marcha?, ¿Es promoverla?, ¿Es informar sobre ella? Instigar es como palabra ‘azuzar, palabra utilizada por un espectro de la política para promover ciertos discursos contrarios a quienes protestan.
En un segundo término hay que resaltar que Congreso está a favor de una medida similar. La Comisión de Constitución del Congreso en un informe que salió hace unos días estableció que la forma en la cual el Poder Ejecutivo ha escritorio ese texto podrías vulnerar la libertad expresión. El Congreso lo dice. Y para que no vulnere la Constitución el Parlamento propone una especie de candado.
Después del texto que se hace a los investigadores se señala que, si se le agrega la parte de sin que esto afecte derechos fundamentales consagrados en la Constitución, se podría aplicar esta medida.
— ¿Cómo se interpreta esa modificación?
El Congreso dice que el fondo está bien que se pueda sancionar a los instigadores del delito de disturbios, pero no con la forma porque vulnera derecho constitucionales. Pero si le agregamos el supuesto candado de “sin que esto vulnere”, entonces está bien. Sin embargo, no es así. El Congreso, igual, está ocurriendo en un problema.
El supuesto candado que ellos ponen es un saludo de la bandera. Si tú pones un texto que dice “sancionar a los instigadores del delito de disturbio sin que esto afecte sus derechos fundamentales” es un oxímoron porque estás sancionando o criminalizando un derecho supuestamente sin que eso vulnere un derecho fundamental. La misma fórmula del derecho del Congreso es un oxímoron.
— Sin duda afecta el ejercicio periodístico. Y no sería la primera vez que, en los últimos años, se pretende limitar a los comunicadores.
En nuestro país no es un castigo la sentencia contra un periodista porque la mayoría de periodistas, al menos en el caso de querellas, son absueltos. El castigo de los periodistas es el proceso judicial. Es decir, estar seis o siete años en un proceso judicial que te drena de tiempo, de energía de dinero. Tienes que ir a audiencias y hasta te pueden embargar.
El Congreso dice que pone el candado de que esto no atentará contra la libertad de expresión, pero igual queda abierta la puerta a que se procese a la persona. Ahí está el problema.
— Si se aprueban estas propuestas, ¿a qué instancias acudirían?
Considero que ya no hay instancias. Perú está en un camino decidido hacia el autoritarismo. Las instancias que antes podían proteger al periodismo y la libertad de expresión están ocupadas por el Congreso. La Defensoría del Pueblo está muda con respecto a su voz de libertad de expresión, tenemos un Tribunal Constitucional que también está perfilado junto con el Congreso que quiere retirar al Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otros organismos multilaterales internacionales. Estamos desprotegidos.
Si este tipo de este tipo de iniciativas son convertidas a ley, no hay nada en este camino que, insisto, nos va a llevar al autoritarismo.
— Por ejemplo, recientemente la tercera vicepresidenta del Congreso pidió al Gobierno de Dina Boluarte que se evalúe dejar de pagar la cuota a la OEA. Desean acabar con los pocos organismos que podrían garantizar ciertos derechos a nivel internacional.
Sin duda. Lo que hay es una es una persecución a los derechos de los peruanos, al balance de poderes. El Congreso está discutiendo el retiro de los jueces de la Junta Nacional de Justicia, está pidiendo retirar al representante residente de la ONU en el Perú porque ayer señaló que la investigación de la JNJ perjudica a la separación de poderes. Es decir, el Perú se está convirtiendo en un paria internacional. Eso ocasiona que, como no estamos sujetos a organismos multilaterales, cuando haya vulneración en el Perú de ciertos derechos, como la libertad de expresión, estemos absoluta y totalmente desprotegidos.
