Ejidatarios de Las Margaritas presentan resolución que impide parcelación de tierras en zona de sitios sagrados del Pueblo Wixárika Enteratever

En conferencia de prensa, celebradaen el Huerto Roma Verde, en la Ciudad de México, ejidatarios de la comunidad de Las Margaritas, municipio de Catorce, San Luis Potosí, y representantes del pueblo Wixárika, presentaron una resolución gubernamental que impide la parcelación y venta de sus tierras ejidales de uso común.

De acuerdo con el ejidatario de Las Margaritas, Eduardo Guzmán Chávez, hace nueve meses se entregó un dictamen forestal técnico a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual fundamenta la biodiversidad de Las Margaritas y demuestra que hay zonas boscosas protegidas.

Acompañado por los ejidatarios Francisco Herrera Moreno y Margarito Rocha Borja, así como por una comisión campesina de Las Margaritas, expresó que gracias a ello y después de insistir con el tema, se produjo finalmente el fallo de la Procuraduría Agraria que establece que “no es posible llevar a cabo un cambio de destino de tierras de uso común a área parcelada o a asentamiento humano”, por lo que se frenan los intentos de dividir o vender tierras ejidales en Las Margaritas.

“Nuestra petición se basó en el artículo 59 de la Ley Agraria, el cual anula la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales; y en Las Margaritas no solo contamos con un área boscosa de rica biodiversidad (alguna endémica), sino que el territorio tiene un sentido espiritual, ya que los wixaritari realizan en él rezos como el de petición de lluvia”, puntualizó.

Por su parte, Felipe Serio Chino, representante indígena wixárika, resaltó que este fallo se logró, en buena medida, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de agosto de 2023, emitió el decreto por el cual se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan todos los lugares y sitios sagrados de los pueblos wixárika, náayeri, odam o audam y mexikan, particlurmante los de la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit; la Isla del Alacrán, en Chapala, Jalisco; Teekata, en Santa Catarina Cuaxcomatitlán, en Jalisco; Cerro Gordo, en San Bernardino Milpillas, en Durango, y Wirikuta, en San Luis Potosí.

Cabe señalar que para dar cumplimiento a ese decreto se instaló una comisión permanente, dependiente directamente del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y presidida por la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, cuyo secretario técnico es el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y en la cual participan también los titulares de diversas dependencias federales, entre ellos, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández.

Serio Chino manifestó que Wirikuta siempre ha estado amenazado por empresas agroextractivistas, como tomateras, chileras, granjas avícolas y porcícolas, así como por mineras, cuyo modus operandi es la modificación de la propiedad colectiva de las tierras de uso común, en complicidad con funcionarios de los tres órdenes de gobierno, quienes les facilitan la parcelación y el reparto de dichas tierras para que desarrollen sus proyectos.

Recalcó que ahora el compromiso es llevar esta resolución a la comunidad de Las Margaritas y continuar trabajando para que el decreto y el fallo no se conviertan en letra muerta; asimismo, convencer a los ejidatarios que todavía tienen la intención de vender a las empresas, que esta tierra está protegida por ley y es una herencia cultural ancestral para las nuevas generaciones.  

Por su parte, Sabino Minjares González, también representante del pueblo wixárika, refrendó el apoyo a los ejidatarios de Las Margaritas porque Wirikuta es un Lugar Sagrado y “es necesario salvaguardarlo por la cuestión espiritual y sus recursos naturales”.

Finalmente, Guzmán Chávez resaltó que la resolución se logró gracias a la organización de las familias margariteñas, el acompañamiento del pueblo wixárika y la asesoría y apoyo del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Humberto Adán Peña Fuentes, y del procurador agrario, Luis Hernández Palacios. También reconoció el trabajo del INPI, el INAH y la Semarnat para sacar adelante el citado decreto presidencial.

Concluyó que el dictamen abre el panorama para que las políticas públicas que se desplieguen contemplen proyectos que garanticen la regeneración del ambiente y el bienestar de los habitantes y campesinos de la región.