Trece agentes de seguridad mexicanos que habían sido retenidos el lunes por manifestantes, presuntamente infiltrados por un grupo criminal, fueron liberados este martes tras negociaciones con el gobierno, informaron fuentes oficiales.Se trata de cinco miembros de la militarizada Guardia Nacional, cinco policías y tres funcionarios, incluido un agente federal, quienes fueron aprehendidos en la ciudad de Chilpancingo, dijo la gobernadora del estado de Guerrero (sur), Evelyn Salgado, en Twitter.Capital estatal de 3,5 millones de habitantes, esa urbe fue sitiada el lunes por unas 3.000 personas que reclaman la excarcelación de dos hombres arrestados la semana pasada y que según el gobierno pertenecen a la banda narcotraficante de Los Ardillos. Además, Chilpancingo fue sacudida el fin de semana por el asesinato de cinco taxistas en diferentes hechos.Los pobladores también desbloquearon este martes la autopista que conduce al puerto de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país en la costa del Pacífico."Sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos, a quienes ya se brinda atención médica para garantizar su buen estado físico", indicó Salgado. Los habitantes devolvieron además un vehículo blindado de la policía con el cual derribaron el lunes una puerta del palacio de gobierno estatal, detalló la gobernadora.Mediante el diálogo iniciado en la mañana del martes "construimos acuerdos (...) dentro del marco de la ley", agregó la funcionaria, sin precisar el alcance de esos tratos.Las negociaciones fueron anunciadas este martes temprano por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los manifestantes se movilizaron "para que se libere" a los dos señalados delincuentes -detenidos en posesión de armas y drogas- y no por demandas sociales, pues Guerrero es una de las zonas donde más ha invertido su gobierno.Guerrero, uno de los estados más empobrecidos de México, es estratégico para el tráfico de drogas al tener varios puertos sobre Pacífico, según las autoridades.- Reunión con narco -La violencia en Chilpancingo recrudeció luego de que el pasado 5 de julio se filtrara un video de una reunión entre la alcaldesa de la ciudad, Norma Otilia Hernández, del partido de López Obrador, con Celso Ortega Jiménez, líder Los Ardillos. La funcionaria aseguró que sólo fue "un diálogo fortuito" y no un "pacto", pero el viernes pasado el presidente ordenó investigar el caso.Al anunciar el diálogo con los manifestantes, López Obrador aseguró este martes que no habría represión, pero también lanzó una advertencia: "No vamos a ser rehenes de nadie".El mandatario izquierdista impulsa una política de seguridad que bautizó "abrazos, no balazos", blanco de críticas de sus adversarios por considerar que ha derivado en el control de vastas zonas por parte del crimen organizado."El mal no se puede enfrentar haciendo el mal", insistió este martes López Obrador, al denunciar que los cárteles florecieron en estados como Guerrero porque anteriores gobiernos permitieron que consolidaran una "base social" mediante la entrega de dádivas.El presidente sostiene que su estrategia se basa en atacar la pobreza y la desigualdad como raíces del problema, al denunciar que el enfoque militar solo ha dejado un baño de sangre sin haber logrado frenar el contrabando de drogas.Desde 2006, cuando fue puesta en marcha esa ofensiva con participación del Ejército y la Marina, México acumula unos 350.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones narcotraficantes, así como decenas de miles de desaparecidos.El de Chilpancingo fue el segundo secuestro masivo de agentes oficiales en menos de dos semanas. El 27 de junio fueron plagiados 16 trabajadores de la policía del estado Chiapas (sur) y liberados tres días después.Se hallaban en poder de un grupo criminal que exigía la destitución de tres mandos policiales, a quienes acusó de mantener secuestrada a una mujer en connivencia con otra banda delincuencial. López Obrador ofreció entonces investigar a los funcionarios.bur-jg/axm/ll
