El infierno El Financiero
Hace algunas semanas nos enteramos de que la alcaldesa de Tijuana se movía a vivir al interior de la zona militar, porque no podía garantizar su seguridad. Ahora, la gobernadora de Guerrero simplemente desapareció conforme diversos grupos armados tomaban control de la capital del estado, incluyendo el mismo palacio de gobierno. También fue bloqueada la Autopista del Sol, y hubo enfrentamientos con la policía.
Casi de forma simultánea ocurría un ataque a la Central de Abastos de Toluca, que costó la vida a una decena de personas, además de enfrentamientos en autopistas en los Altos de Jalisco y ataques con drones en Michoacán, donde hace una semana fue asesinado Hipólito Mora.
No es una lista exhaustiva, sino apenas una muestra de noticias que tuvieron algo de repercusión en redes y medios. Una cantidad considerable de violencia ya ni siquiera llega a esos espacios, pero no por ello desaparece: en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, pero también en Sonora y Tamaulipas. Ha sido tan desastrosa la “estrategia” del gobierno federal frente a la inseguridad, que ya Marcelo Ebrard anda proponiendo algo muy diferente para el remoto caso de que tenga oportunidad de implementarlo.
El Presidente quiere demostrar que algo ha funcionado y muestra gráficas de homicidios, ignorando el elevadísimo crecimiento de las desapariciones durante su gobierno. Al sumar ambas cifras, las pérdidas humanas son hoy claramente superiores a cualquier momento previo en la historia registrada. No cabe duda de que recibió la seguridad en malas condiciones, producto del abandono que sufrió este asunto en manos de Osorio Chong durante el sexenio de Peña Nieto, pero nada se hizo para revertirlo. Por el contrario, se destruyó el mejor esfuerzo que se había hecho de contar con una Policía Federal funcional, sin reemplazarla por algo diferente. La Guardia Nacional simplemente no existe.
Quince años han pasado del estallido de violencia que inicia en 2008 (no en 2007). En esos 15 años sí hemos aprendido algo, aunque no lo apliquemos. Aprendimos que sí debe el gobierno federal enfrentar a los grandes cárteles y reducir su capacidad de fuego, pero eso debe seguirse con una fuerza local que termine el proceso. Esto ocurrió, por algún tiempo, en Tijuana, Juárez, Monterrey, con muy buenos resultados. En todos los casos, se construyó una fuerza con base en la participación de gobierno estatal y municipales, policía y Fuerzas Armadas, empresarios y sociedad civil. En todos ellos, el cambio de gobierno diluyó el esfuerzo. Hoy tenemos todavía un caso exitoso, Coahuila, y un ejemplo reciente de fracaso: Tamaulipas, por las mismas razones que los otros mencionados.
En lugar de tener hoy estas alianzas de la sociedad con autoridades y Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen, hay mucha evidencia de que la alianza es de estos últimos tres grupos, en contra de la sociedad. Conforme se complicó el negocio del narcotráfico, los criminales descubrieron la mina de oro que es la extorsión. Reemplazar al Estado es el mejor negocio posible. No es difícil si desde el interior del mismo hay personas interesadas en asociarse.
Abundan notas de prensa que reportan la cercanía de autoridades en Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas con el crimen organizado. También hay reportajes de la ausencia de policía y Fuerzas Armadas en todas esas entidades. No nada más se trata de autoridades municipales, por cierto.
No sé si esas entidades corresponden a ese estimado del gobierno estadounidense de que al menos 30% del territorio nacional ya no estaría bajo control del gobierno mexicano. Tampoco son las únicas, aunque son probablemente las más notorias. El paisaje que nos ofrecen, sin duda, es de horror. El futuro que pintan, de caos. Ha sido un gran fracaso.
