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Detectan deficiente reinserción social integral en reclusorios de Oaxaca

Yuridiana Sosa/Zona Roja.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de abril de 2023.- La reinserción social para las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios y especializados en Oaxaca es a deficiente, pues los gobiernos estatal y federal no ofrecen los servicios de manera integral para lograr su reintegración a la sociedad.

Así lo determinó el “Diagnóstico sobre la corresponsabilidad penitenciaria para la reinserción social en los centros penitenciarios de Oaxaca”, realizado por la asociación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), durante el 2022.

Las visitas a 10 centros penitenciarios, incluyendo el Centro de Reinserción Social Especializado para Pacientes Psiquiátricos y la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), indicaron los principales problemas a consecuencia del incumplimiento de las autoridades a sus obligaciones.

El diagnóstico reveló que existen deficientes condiciones de internamiento; deficiencias y falta de enfoque de género en las actividades de trabajo y capacitación para el trabajo; deficiencias y falta de enfoque intercultural en los servicios de educación.

Así como falta de aplicación de ajustes razonables para personas con discapacidad y personas adultas mayores; deficiencias y falta de un enfoque interseccional en la aplicación de los servicios de salud; falta de información y aplicación de servicios post penitenciarios y deficiencias en los servicios dirigidos a niños y niñas que viven en reclusión con sus padres o madres.

Fueron los aspectos de salud y educación en los que se marcaron mayores deficiencias.

PÉSIMO ANTECEDENTE

La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez señaló que el reciente diagnóstico brinda la oportunidad para que las autoridades atiendan las continuas deficiencias del sistema penitenciario, el cual en México recibe continúas críticas.

Con los datos señalados se puede comenzar a tener un enfoque de derechos humanos en ese ámbito y permita generar políticas públicas en materia de reinserción social.

Por su parte, el subsecertario de Reinserción Social, Roberto Claudio Ramírez, detalló los paupérrimos presupuestos para la atención de las personas privadas de la libertad para el 2023, el cual fue heredado por el gobierno anterior.

Primero, indicó que Oaxaca está reprobada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia del sistema penitenciario, el cual recibió una calificación de 5.68.

Un reflejo de las deficiencias actuales es en materia de alimentación, en el caso de los tres centros ubicados en Tanivet, Tlacolula, se asignaron 30 pesos para las tres comidas del día para cada persona privada de su libertad; en el resto es de 20 pesos, lo cual merma en la calidad de los alimentos.

Mientras que en el caso de los medicamentos, el gobierno anterior dejó un presupuesto equivalente a los 5.83 pesos para cada persona.

LA ENCUESTA
El 46 por ciento de la población en los centros penitenciarios dijo que no tenía acceso a los servicios de educativos, mientras el 43 dijo que sí; las razones por las que no asisten a los servicios son por falta de recursos dinero o materiales; otro 13 por ciento dijo que no hay el nivel de estudios requeridos, 16 por ciento por falta de tiempo y el 17 por ciento falta de ganas o  interés y 41 por ciento por otros motivos.

Los defensores apuntaron que el 59 por ciento de las personas privadas de su libertad desean seguir con sus estudios; el 32 por ciento dijo que para seguir con sus estudios se necesita salir del centro penitenciario mientras que un 47 por ciento cree necesario tener recursos, sean económicos o materiales.

Sobre el acceso a los servicios de salud en los centros penitenciarios, el 78 por ciento dijo sí y el 13 dijo que no; los servicios son, el dos por ciento para urgencias, psicología cuatro por ciento; 17 por ciento odontología, consulta médica general y enfermería 69 por ciento y otros 8 por ciento.

Respecto al apoyo terapéutico o psicológico para tratar aspectos emocionales, el 46 por ciento de la población dijo no tenerlo y el 43 por ciento sí, por lo que los organismos determinaron que los servicios de salud necesitan ser integrales para atender satisfactoriamente a la población privada de la libertad

Las mujeres comunicaron que no existía confidencialidad en las consultas psicológicas, mientras que el 46 por ciento dijo que no recibe servicios preventivos de VIH, Papanicolaou y mastografías; el 56 dijo que sí, pero en el 87 por ciento de los casos no cuentan con médicos especialistas en los centros penitenciarios.

A ellos se suma que se detectaron deficiencias en el otorgamiento de productos de higiene personal y de menstruación digna.

Respecto a las actividades de capacitación laboral en los centros, el 30 por ciento de la población dijo que la recibe y el 56 por ciento sí, pero la oferta de trabajo que debe otorgar el Centro Penitenciario debe prever actividades que sean en verdad útiles para que las personas se inserten en el marco laboral una vez en libertad.

En el caso de las mujeres, las actividades deben adecuarse a sus necesidades específicas y debe prevalecer la ausencia de estereotipos.

Otro aspecto más, fue el referente a tener acceso a actividades deportivas, en lo que el 87 por ciento dijo que sí; con una mayor práctica en el fútbol con el 38 por ciento, basquetbol 35 por ciento, voleibol 15 por ciento.

El diagnóstico indicó que es necesario mejorar las condiciones del registro de internos inscritos en cada actividad deportiva, la programación de las actividades deportivas y la oportunidad de acceso a actividades deportivas. Así también, es necesaria la realización de ajustes razonables para que las personas con discapacidades o adultas mayores puedan realizar estas actividades.

OTROS DATOS

Los defensores de derechos humanos señalaron que es necesario que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar las herramientas necesarias para que la persona que se encuentra privada de libertad pueda reinsertarse a la sociedad con mayores oportunidades y sea capaz de desarrollar su proyecto de vida en un marco de legalidad.

El Poder Judicial y el Ejecutivo cuentan con una herramienta fundamental: la coordinación interinstitucional establecida en el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entendida como corresponsabilidad penitenciaria.

Por otro lado, recordaron en el diagnóstico que Oaxaca ocupa el décimo lugar a nivel nacional con relación a su índice de impunidad y desde el año 2016 el número de personas privadas de libertad ha aumentado un 5.3 por ciento a nivel nacional y un 2.3 por ciento en Oaxaca.

Hasta agosto de 2022, existía una población total de cuatro mil 14 personas privadas de libertad, de las cuales tres mil 929 pertenecen al fuero común y 85 al fuero federal.

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