Migrantes rescatados en San Luis Potosí podrían ser buscados por sus traficantes, advirtió IMEI Infobae
Lo que inició la madrugada del 4 de abril con la búsqueda de 23 personas desaparecidas en San Luis Potosí, culminó con múltiples operativos en los que fueron rescatadas cerca de 100 personas migrantes en dicho estado.
Pese a las acciones coordinadas entre distintas corporaciones de seguridad que permitieron su localización y resguardo, el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) en San Luis Potosí advirtió que aún podrían correr riesgo.
Durante los procesos de canalización con los consulados de los países de los cuales provienen las y los migrantes ubicados en días recientes, el titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, reconoció que una de las principales razones por las cuales ha habido un notorio hermetismo al respecto es la seguridad de estos grupos.
En este sentido, comentó a medios locales que las autoridades migratorias “por razones de seguridad no proporcionan más datos [sobre las instancias que prestaron apoyo a los migrantes] debido a que son buscados por sus traficantes”.
El único detalle que proporcionó Hernández Segura a los medios fue que entre los migrantes que recibieron apoyo en SLP está un grupo de al menos 51 personas: 40 originarias de Venezuela, seis de Honduras y cinco de El Salvador. Su rescate ocurrió el jueves 6 de abril en la carretera 57 de Matehuala.
Como parte de este conjunto, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí informó que había 11 menores de edad —entre niños, niñas y adolescentes—, 14 mujeres y más de 25 hombres.
Asimismo, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que dicha Fiscalía puso a su disposición a 27 personas extranjeras de las rescatadas en Matehuala —23 venezolanas y cuatro salvadoreñas— e identificadas como víctimas del posible delito de privación de la libertad.
La autoridad migratoria detalló que dentro de dicho grupo fueron identificados cuatro núcleos familiares y ocho personas adultas que viajaban por su propia cuenta.
En apego a lo establecido en el Artículo 112 de la Ley de Migración, los núcleos familiares serán canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que los albergará en uno de los Centros de Asistencia Social que determine más conveniente.
Respecto a las personas adultas, como lo establece el Artículo 52 de la normativa mencionada, se les otorgará una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
Además, se dio a conocer que el 8 de abril, cuando el INM recibió a las personas migrantes, autoridades diplomáticas de El Salvador se presentaron en la Oficina de Representación del INM para dialogar con sus connacionales y con las funcionarios de Migración.
Y aunque el gobierno mexicano reiteró su compromiso para mantener la comunicación con las distintas instancias federales y estatales, así como para colaborar con las administraciones centroamericanas, la inseguridad que el territorio nacional representa para las personas migrantes ha generado gran desconfianza.
Bajo esta línea, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, exigió que las personas responsables de las políticas migratorias en México fueran separadas de sus cargos e incluso sentenciadas a prisión.
“[Desde el gobierno salvadoreño] estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, que la Fiscalía [mexicana] haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva”, compartió la funcionaria al hablar del fatal incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha cobrado hasta el momento la vida de 40 personas.
