El incierto equilibrio de la seguridad social | Connectas Editorial Aristegui Noticias

Por Suhelis Tejero

Desde hace semanas, las calles de Francia han presenciado protestas populares con fuertes reclamos al presidente Emmanuel Macron por su reforma al sistema de pensiones, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad para 2030. No es un cambio novedoso: ya otras naciones de Europa han aplazado el momento del retiro como una vía para resolver la crisis de financiamiento que enfrenta el sistema previsional debido a que la población envejece rápidamente.

De este lado del planeta, los problemas de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social se replican, pero con agravantes. Aunque la población latinoamericana no envejece al mismo ritmo que la de Europa y otros países desarrollados, sí lo hace a una mayor velocidad que hace algunos años. Pero para empeorar las cosas, la tasa de informalidad laboral de América Latina está alrededor del 50 %. Es decir, que uno de cada dos trabajadores tiene un empleo precario, cobra salarios más bajos, tiene una protección social limitada y prácticamente ninguna prestación.

En #AméricaLatina y el #Caribe:

1 de cada 2 personas trabajan en la #informalidad, que suele estar acompañada inestabilidad laboral, bajos ingresos, sin protección social.#HOY Directora de @OITamericas en presentación de #PanoramaLaboral 2022

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— OIT Américas (@OITAmericas) February 7, 2023

El drama de la informalidad, una constante en el mercado laboral latinoamericano, es que la mitad de la población no solo queda desprotegida, sino que tampoco está en capacidad de aportar dinero al sistema de seguridad social. Con ese nivel de empleos informales, las posibilidades de financiar los sistemas de salud y de pensiones son realmente reducidas. Y allí se encienden las alertas hacia el futuro, porque el mayor ritmo de envejecimiento poblacional agrava un panorama ya de por sí complicado.

Ese escenario implica una presión enorme sobre el sistema de salud, porque una población más envejecida tiene mayores demandas de salud. Y también sobre el de pensiones, que tampoco ha hallado un camino sustentable.

El dilema entre lo público y lo privado

Los sistemas pensionales en América Latina, tanto públicos como privados, han tenido constantes problemas de sostenibilidad. El esquema estatal tiene su expresión más extrema en Venezuela, donde los trabajadores aportan para pagar las jubilaciones actuales, mediante un sistema público de reparto, pero la pensión apenas equivale a 5,35 dólares al mes. Por el lado del manejo privado se destaca el caso de Chile, por años presentado como un modelo a seguir para toda la región, pero cuyos resultados llevaron a fuertes protestas en 2018.

Ahora, dos países de América Latina intentan llevar adelante unas reformas con las que esperan mejorar los niveles de cobertura de sus sistemas pensionales. Chile y Colombia se embarcaron en la tarea de resolver los dilemas previsionales y tanto Gabriel Boric como Gustavo Petro, ambos de izquierda, parecen querer ensayar nuevos modelos.

Boric plantea tres puntos principales: Uno, que los ahorros previsionales y las cuentas de ahorro individual (que funcionan a través de las administradoras privadas de fondos de pensiones, conocidas como AFP) mantengan su carácter privado. Dos, que esos recursos no puedan ser expropiados, y tres, que los cotizantes tengan la libertad de elegir quién invertirá sus ahorros. Todo ello, mediante un sistema mixto, en el que lo público y lo privado actúen en igualdad de condiciones.

Chile: nuevo intento de reforma previsional.
El presidente Gabriel Boric presentó su plan de reforma para el sistema privado de pensiones implantado por la dictadura de Pinochet.

Analizamos sus posibilidades de éxito con el exeprto @guillelarrain. /ab pic.twitter.com/FLTFGWYtkM

— DW Español (@dw_espanol) November 4, 2022

“Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias”, explicó el presidente de Chile en noviembre pasado, al presentar su reforma a las pensiones.

El dinero no alcanza

El modelo fallido del que habla Boric se basa en la existencia de las AFP, instituciones financieras privadas que captan, manejan e invierten el dinero aportado por los trabajadores. A través de las cuentas de capitalización individual, cada persona ahorra una parte de su salario para sostener su propia jubilación. Y, si bien suena como algo razonable, lo cierto es que, al momento del retiro, los jubilados en Chile han terminado por recibir pensiones que equivalen a poco más del 30 % de los salarios que ganaban cuando trabajaban.

Recientemente, el economista Juan Ramón Rallo señaló que el problema con las bajas pensiones en Chile obedece a que la tasa de aporte obligatorio al ahorro de cada trabajador es de apenas 10 %, cuando en España, por ejemplo, es del 26 %. “Las pensiones bajas no lo son porque el sistema sea ineficiente. (…) En Chile se ahorra relativamente poco, de manera que, si algunos chilenos no logran ahorrar ese 10 % durante toda su vida laboral, se puede terminar con un patrimonio financiero insuficiente”, señaló el economista en noviembre pasado.

Chile también, con las bajas cotizaciones, enfrenta un problema presente en toda América Latina, al que se suma la elevada informalidad laboral y un envejecimiento poblacional más acelerado. “Sin duda alguna, el reto principal que enfrentan los sistemas pensionales en América Latina es el envejecimiento de la población”, señala el experto en temas previsionales Oliver Pardo.

De allí que el problema trascienda más allá de si se trata de un modelo público o uno privado. Un estudio del banco de desarrollo CAF indica que en el subcontinente más de 8 % de la población tiene 65 años o más, pero para 2050 se calcula que serán el 17,5 %, y para fines de este siglo representarán un tercio de la población, con lo que cada vez más personas dependerán de las jubilaciones.

Mayor incidencia estatal

En la otra propuesta que flota sobre la región para reformar el sistema de pensiones, la de Colombia, el Estado tiene un mayor protagonismo. Al menos así se desprende de la propuesta que el gobierno de Petro ya depositó ante el Congreso, que se basa en un sistema de pilares que el mandatario había presentado durante su campaña presidencial.

De ser aprobada, la propuesta invertirá por completo la relación entre el Estado y los privados, al menos en cuanto al peso de los ahorros a manejar. La reforma de Petro obligará a los cotizantes que ganen hasta tres salarios mínimos a ahorrar en la estatal Colpensiones, lo que llevará al 84 % de los trabajadores colombianos al régimen público, una proporción que actualmente favorece al sector privado.

?? De 91 artículos de la reforma pensional de Petro, el 24 ha generado incertidumbre, pues sobre este se fue un error que podría afectar las pensiones futuras y el bolsillo de los colombianos.

Le contamos de qué se trata:https://t.co/bxLSe5KzKS

— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) March 28, 2023

Antes de ser presidente, ya Petro tenía la idea de permitir mecanismos de reparto solidario para que los cotizantes del sistema financien las pensiones de los jubilados actuales. Para el mandatario, Colombia no tiene un sistema de pensiones, sino “de utilidades bancarias”, en referencia al modelo que permite a las administradoras privadas invertir con libertad los recursos de los trabajadores.

Como señaló Pardo, “lo normal es que exista un sistema público de reparto y un régimen de ahorro, pero no necesariamente el régimen de ahorro tiene que ser privado, y ese es un elemento que tiene esta reforma pensional porque incluye el ahorro público”. Pero la clave, advirtió el experto, es que los trabajadores cuenten con un esquema de ahorro y no solo uno que financie las pensiones actuales —el sistema de reparto— porque “somos una población que está envejeciendo”.

El estudio del banco de desarrollo regional CAF señala que, en promedio, los Estados en América Latina gastan en pensiones el equivalente al 4,3 % del producto interno bruto (PIB), más de lo que aportan al sistema de salud, que apenas llega al 4,1 % del PIB.

La salud ante limitaciones financieras

Justamente la salud, la otra pata del sistema de seguridad social, también tiene problemas para financiarse. En América Latina el componente sanitario se basa en los recursos públicos, por lo que depende de los recursos que los Estados captan con los impuestos. Ese 4 % del PIB que se destina a los sistemas de salud en la región está por debajo del 6 % que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ese sistema sanitario que vive una crisis estructural ha obligado a que la propia población financie por partida doble su atención en salud: a través de los impuestos y de su propio bolsillo. La Cepal estima que los propios hogares asumen el 32,2 % del gasto latinoamericano total en salud, un asunto que se vuelve crítico en la población de bajos ingresos.

Y en ese sistema subfinanciado, en algunas naciones el manejo queda a cargo de un sector privado que en ausencia de normas, ha exigido a la población pagar copagos demasiado onerosos para los más pobres. El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) resaltó que esa inequidad en el acceso —que quedó más expuesta durante la pandemia de la covid-19— obliga a muchos países de América Latina a transformar sustantivamente sus sistemas de salud. Pero pocos están embarcados en ese proceso. Solo —de nuevo— Chile y Colombia, junto a México, buscan reformar sus sistemas de atención sanitaria.

La propuesta de Petro no ha quedado exenta de polémica. El sistema actual, gestionado, según algunos con éxito, por entidades privadas, se convertiría en un modelo público y universal sobre el cual existen preocupaciones acerca de su sostenibilidad fiscal. Algo similar planteará Boric a finales de este año, pero con el compromiso añadido de incrementar progresivamente el aporte del Estado al sistema de salud. Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un programa para garantizar los servicios públicos de salud a quienes no están cubiertos por la seguridad social.

Todos parecen bien intencionados, aunque en algunos casos la ideología pese más de la cuenta en sus proyectos. Pero más allá de eso, lograr que los sistemas sanitarios y de pensiones protejan a la totalidad de la población parece depender, más que de los modelos que propongan los gobiernos, de sus capacidades financieras y de sus políticas para mejorar la calidad del empleo.