Persisten en México impunidad, abusos, tortura, desaparición forzada y corrupción: Gobierno de EU El Sur de Acapulco
El Departamento de Estado dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y en el capítulo sobre México advirtió “problemas significativos” como ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libre expresión e insuficiente investigación en violencia de género. “Las tasas bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos”, señaló
Ciudad de México, 21 de marzo de 2023. El Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre la existencia de “problemas significativos” en México en materia de derechos humanos, los cuales incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión, así como insuficiente investigación de casos de violencia de género.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU indica que, si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, se registraron en 2022 diversos casos de abuso.
“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción”, se señaló.
Organizaciones criminales ligadas al narcotráfico fueron responsables de crímenes violentos, incluidos homicidio, tortura, secuestro, extorsión y trata de personas, se consigna también en el reporte oficial.
“El Gobierno investigó y persiguió algunos de estos crímenes, pero la mayoría permaneció sin ser investigado ni procesado”, se apunta.
Entre enero y el 17 de agosto, se señala que la CNDH registró 32 denuncias por tortura y 94 por detención arbitraria. De dichas denuncias, detalla, 43 involucraron la Guardia Nacional; 37, a la Fiscalía General de la República (FGR); 24, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 17 a la Secretaría de Marina.
En materia de libertad de expresión, el informe destaca que los medios independientes estuvieron activos, pero considera que, a menudo se autocensuran por temor a represalias de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales transnacionales.
“El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, cuando autoridades introdujeron una sección de ‘Quién es quién en las mentiras’ en la conferencia de prensa matutina del Presidente para exponer a los periodistas que presuntamente divulgaron noticias falsas”, apunta.
Al tiempo que a nivel nacional se registran más de 100 mil desapariciones, el Gobierno de EU se sumó a las voces que advierten que el país vive una crisis forense, la cual podría ser mayor por los problemas en la compilación de estadísticas.
En el informe se asegura que “las desapariciones siguen siendo un problema persistente en todo el país”, especialmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con cárteles o pandillas.
En el documento, el Departamento de Estado cita cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y que indican que hasta diciembre pasado sumaban 108 mil 521 personas desaparecidas en México.
Reconoce el informe avances en el caso de Ayotzinapa
No obstante, pese a que asegura que las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de desaparición forzada son pocos, el Gobierno de EU reconoce los esfuerzos de México para sancionar los actos de desaparición que involucran a agentes del Estado.
En el documento se citan varios ejemplos, entre ellos, los avances el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, publicó un informe que confirma que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, fue un crimen de ‘Estado’“.
“El informe encontró que varios funcionarios locales, estatales y federales, por acción u omisión, estuvieron involucrados en la realización o el encubrimiento de delitos relacionados con las atrocidades”, indica.
Pese al aumento de pobladores que han abandonado sus comunidades por el asedio del crimen, México no cuenta con una ley federal de desplazamiento interno que permita la atención oportuna de las víctimas, advirtió el Gobierno de Estados Unidos.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU, con base en datos de organizaciones civiles, asegura que en México han sido desplazadas entre 250 mil y 380 mil personas, en su mayoría por la violencia de los grupos criminales.
“La mayoría informó haber huido de la violencia en sus estados de origen de Zacatecas, Michoacán y Guerrero”, refiere el Departamento de Estado.
Llegó de EU el arma utilizada en el ataque de cuatro estadunidenses en Matamoros
Al menos una de las armas que se utilizaron en el secuestro de los cuatro estadunidenses en Matamoros se compró en Estados Unidos y se entregó al Cártel del Golfo (CDG).
De acuerdo con documentos judiciales, Roberto Lugardo Moreno, ciudadano estadounidense, compró en 2019 varias armas, entre ellas una AR-15, que fue usada en el ataque del pasado 3 de marzo.
Lugardo Moreno fue detenido el sábado y presentado el domingo en la Corte Federal de Distrito Sur en Brownsville, acusado de proveer armas de fuego al Cártel del Golfo.
Señaló que el 17 de octubre de 2019 compró el fusil AR Diamondback Arms DB 15, de calibre múltiple, el cual que fue asegurado el 8 de marzo en Matamoros a miembros de una célula del grupo criminal identificada como “Los Escorpiones” y quienes fueron entregados por el CDG por ser los responsables de la agresión a los estadounidenses.
En la acusación se estableció que el número de serie coincide con el del arma recuperada por las autoridades mexicanas.
El domingo en su comparecencia inicial ante un juez federal, Lugardo Moreno fue acusado de conspirar para exportar armas ilegalmente de EU a México.
Será en los próximos días cuando se registre una segunda audiencia en la que se establezca si tiene derecho a la libertad bajo fianza.
Estudio registra baja en penas por delito de corrupción
Las sanciones penales y administrativas por el delito de corrupción se redujeron en los últimos años, como consecuencia de la reducción del presupuesto, el debilitamiento de las labores de fiscalización y la integración incompleta de lagunas instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez.
El reporte “¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021”, indica que aunque el Ministerio Público abrió 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación entre 2014 y 2020, para 2021 sólo mil 465 personas se encontraban presas por el delito de corrupción.
Texto: Agencia Reforma
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