Expertos proponen que partidos pidan a candidatos actas de antecedentes no penales Calle México

Académicos y expertos de El Colegio de México presentaron una serie de recomendaciones para la seguridad de las candidaturas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México para evitar la ola de asesinatos ocurrida en el pasado proceso electoral, donde mataron a 32 candidatos en 15 estados.

Argumentaron que para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones, la violencia e incluso asesinato de personas que hagan campaña, los partidos políticos deben reforzar los filtros de selección y pensar en solicitar actas de antecedentes no penales, pues “si un candidato tiene vínculos criminales, es responsabilidad de quien lo postuló”.

Veracruz, con más violencia  contra candidatos

El informe detalla que Veracruz fue el estado con más violencia al registrar nueve asesinatos; Jalisco, cuatro; Guanajuato, tres; Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo con dos cada uno; y Baja California, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas con un caso en cada entidad.

El 97 por ciento de las víctimas competían por puestos de elección local, 21 para alcaldías, cuatro para diputaciones locales, cuatro para regidurías, dos para sindicaturas y uno para diputaciones federales. Del total, sólo en cuatro recibieron amenazas previas y en 21 el asesinato se dio en un espacio público.

Se considera que en 14 se trató de intervención del crimen organizado; 13, rivalidades políticas, y en cinco, cuestiones personales.

Nueve de las personas asesinadas pertenecían a Morena, seis a Movimiento Ciudadano, cinco al PAN, cuatro al PRI, dos eran independientes y dos del PRD; y un caso más por el partido local Chiapas Unido, el PVEM, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Por lo que recomendaron a las autoridades federales y estatales que “es urgente” que elaboren una metodología única de análisis del riesgo en contexto electoral; mientras los partidos políticos deben reforzar sus métodos de selección de candidaturas.

“Los requisitos son, en ocasiones, bastante laxos. Un caso extremo sería el de Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio queretano de 17 Landa de Matamoros. Cuando lo asesinaron, la dirigencia del partido por el cual competía negó haberlo conocido en persona. Los partidos políticos deben mejorar sus filtros de registro de candidaturas y dar un seguimiento constante a la situación de seguridad o vulnerabilidad de las y los contendientes”.

Incluso propusieron que se soliciten constancias de antecedentes no penales, pues aquella persona que se niegue, de alguna manera deja una alerta de las razones por las que busca evadir este requisito. Y piden que se considere que aquellos que ocuparon cargos de seguridad pública son un factor de riesgo, pues varias víctimas estuvieron involucradas con estas áreas del gobierno.

“Es interesante la recomendación a los partidos políticos para que lleven a cabo el proceso de selección de candidatos en el registro interno de aspirantes y en el proceso de pre candidaturas llamar para que detectan factores de riesgo”, dijo.

”Al final del día, si un candidato tiene algún tipo de vínculo criminal no es una responsabilidad de la autoridad electoral, es una responsabilidad de quién postula y no es lavarse las manos como dices ni las responsabilidades”, señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Sin embargo, a las candidatas y candidatos que puedan estar en riesgo, el estudio sólo les recomienda que se acerquen a sus partidos o a las autoridades correspondientes.

Aunque lo diga el TEPJF, el INE no debe generar mapas de riesgo: Córdova

El consejero presidente Lorenzo Córdova quien estuvo como invitado en el evento, destacó que la violencia en México no es exclusiva de las campañas, pues desde hace muchos años que los procesos electorales se logran en medio de contextos de inseguridad, y destacó que, en el caso electoral, son las precampañas el periodo en el que más ataques se dan, posiblemente, porque la campañas tienen más atención mediática.

Y celebró que el informe deja claro que no es recomendable que las autoridades electorales se involucren en la elaboración de mapas de riesgo, pues esto pone en riesgo al personal que visita todo el país y que llegan a lugares donde ni siquiera otras autoridades pueden entrar.

“Esto es una actividad que puede poner en riesgo a quienes hacen el trabajo de campo en la organización de las elecciones. Lo que hacen es garantizar la instalación de casillas en todo el país haya o no presencia del crimen organizado”

”Así que pedirle a las autoridades que seamos nosotros los que llevemos a cabo los mapas de riesgo y decirle a los partidos en dónde pueden meterse o no, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, o en dónde pueden participar o en dónde no, acaba convirtiendo a las autoridades electorales en entes.”

”Y ya hacemos muchas cosas que son responsabilidad del Estado, no nos pidan ahora que seamos responsables de la seguridad de los procesos electorales porque no solamente no tenemos herramientas ni es nuestras facultades”, expresó.

“Si agregamos la elaboración de mapas de riesgo pondríamos en muy serios aprietos al personal electoral o más bien en una situación de vulnerabilidad y desprotección, además en línea no contamos con el conocimiento técnico ni con las capacidades institucionales. Las autoridades electorales no pueden ni deben hacerse cargo de labores de seguridad pública, incluso si involucran a las y los aspirantes en el proceso”, agregó.

Señaló que la única forma de frenar los altos niveles de violencia del pasado proceso electoral, es con coordinación y que cada instancia haga lo que le corresponde.

“Para nosotros es fundamental saber dónde no hay que meterse, en el momento en que no hay que meterse”.

Córdova Vianello dijo que incluso para el INE sería imposible determinar la dinámica criminal, y puso como ejemplo que en Chilpancingo, Guerrero, en el 2015 pudieron hacer el trabajo electoral sin conflicto alguno, pero en 2018 asesinaron a un par de trabajadores electorales, por lo que sólo la autoridades pueden alertar sobre estos cambios.

“La criminalidad organizada está mutando sus comportamientos, antes era plata o plomo, te ofrecen soborno o coordinación con la criminalidad o si no, atente a las consecuencias, eso sabíamos que ocurría. Hoy no sé si alguien a ciencia cierta pueda saber qué es, como en el caso de Valle de Bravo o en otros donde la actitud sea: ‘Mejor espérate al que gane’.

“En otros casos, parece que ahora se trata de la interferencia para incidir en los resultados, pero para saber las dimensiones criminales se necesita un análisis de estado, son ellos los que nos tienen que decir, es una tarea de Estado”, expresó.

Edomex prepara operativos con más de cuatro mil quinientos policías para campañas

Rodrigo Martínez Celis, secretario de Seguridad del Estado de México, criticó que les hubiera gustado recibir antes el informe y que se les permitiera participar.

También replicó que si no existe una base de datos en los estados sobre agresiones de todo tipo a personas dentro de los procesos electorales, es porque no hay reglas claras.

“Sólo podemos hacer lo que la ley dice, si la ley no es clara, no podemos operar. Y por eso no hay base de datos porque no hay definiciones claras”, dijo.

Y reveló que, además de que el gobierno estatal ya cumplió con generar un mapa de riesgo sobre las zonas más conflictivas para el proceso electoral, ya preparan un operativo con cuatro mil 405 policías.

(milenio.com)

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