Gobierno nacional finalizará detalles para presentar ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal Infobae
El martes 7 de febrero, senadores y representantes a la Cámara a sesionar en el Congreso de la República luego del receso legislativo que inició en diciembre del año pasado. La tarea no será sencilla, pues actualmente el Gobierno nacional tiene preparado un paquete de grandes reformas que, de acuerdo con sus cálculos, se espera que sean aprobadas en el transcurso del año.
Justamente, este será uno de los principales temas a discutir en la cumbre que se llevará a cabo en la noche del domingo 5 de febrero en la hacienda Hato Grande y que estará integrada por todo el gabinete ministerial y el presidente Gustavo Petro. Sobre esto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que el proyecto de reforma a la salud se mencionará en dicho encuentro.
Asimismo, sostuvo en diálogo con Noticias Caracol que esta iniciativa se ha discutido en días anteriores; sin embargo, aclaró que ese no será el tema central de dicha cumbre. El núcleo de la conversación será la posibilidad de realizar sesiones extra en el legislativo para la aprobación de la adición presupuestal y la discusión del Plan Nacional de Desarrollo —PND —que se trabajará en el periodo de gobierno de Petro.
“Con el tema de la reforma a la salud trabajamos permanentemente. Ayer estuvimos varias horas trabajando, hoy también vamos a trabajar varias horas, pero no gace parte del consejo de ministros”, aclaró el ministro del Interior.
Sobre esto, precisó que se convocará al Consejo de Política Económica y Social —Conpes— el cual tendrá que aprobar el contenido del documento “como un prerrequisito para poderlo radicar en el Congreso”. Vale mencionar que este Plan incluirá un capítulo dedicado a la atención y reparación de víctimas del conflicto armado.
Para el desarrollo de este apartado, la Unidad para las Víctimas indicó que se realizaron 51 Diálogos Regionales Vinculantes, 32 mesas departamentales, una mesa distrital en Bogotá y una mesa nacional para la participación efectiva de la población afectada por el conflicto interno.
En dichos espacios de diálogos se reunieron propuestas, concretamente, centradas en avanzar hacia una reparación transformadora, lograr la estabilización socioeconómica, restituir la tierra, fortalecer los procesos comunitarios y reconstrucción del tejido social y superar la deuda histórica con los pueblos y territorios étnicos.
Producto de ese trabajo nació el capítulo “Reparación efectiva e integral a las víctimas”. El Departamento Nacional de Planeación construyó tomando en cuenta también 1.532 ideas de la población afectada por el conflicto armado en los espacios participativos que se han desarrollado desde el año pasado.
De acuerdo con Lina Valencia, directora de Gobierno, Derechos Humanos y Paz de esta entidad, “el objetivo fundamental de este capítulo es avanzar en la atención y reparación integral de esta población y la reconstrucción de sus proyectos de vida, con el concurso de todas las entidades del Estado”.
Con respecto a la cumbre de ministros, se sabe que podrá extenderse hasta altas horas de la noche del domingo 23.
Las facultades que tendría el presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo
En total serían cuatro. La primera está contemplada en el artículo 87 que trata sobre el fortalecimiento en materia de seguridad digital. En este se le conceden facultades extraordinarias al mandatario para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital para definir el riesgo y acciones en ese sentido.
La segunda, estipulada en el artículo 102, le otorgaría poder para adelantar “las actividades tendientes a la adquisición, a título gratuito u oneroso, de la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil, la creación de la persona jurídica cuyo objeto será la prestación de servicios de salud o la investigación en salud, y la expedición de las disposiciones orgánicas para su operación”.
La tercera se basa en que, dentro de los primeros seis meses posteriores a la aprobación, “expida el decreto con fuerza de ley que regule las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas”. La última consiste en dejar a su criterio la viabilidad de regular “los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas”.
