La ideología política sobre el contexto educativo mexicano. Heraldo de Aguascalientes

El contexto siempre será determinante para la efectividad de cualquier política pública o acción estatal para buscar resolver o tratar un problema público. De ahí parte la imperiosa necesidad de que las y los tomadores de decisiones tengan claro el panorama en el cual están desempeñando su función, es decir, que conozcan el entorno que desean mejorar y, por supuesto, tomen en cuenta las necesidades que demanda la población (las cuales pueden ser estáticas o dinámicas, partiendo de lo que la coyuntura política exige del momento). Por estas razones, resultan muy impactantes las últimas decisiones que ha ejecutado la Federación en el sector educativo, específicamente con la reforma al marco curricular y planes de estudio para educación básica, aunado a las desafortunadas declaraciones que han emitido sus representantes y el contexto que vivimos actualmente (el resultado de una educación a distancia improvisada y mal ejecutada) ¿cuáles son dichas declaraciones y decisiones que se han manifestado desde la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué debemos prestar mayor atención a dichos temas?
Toda administración entrante tiene el “derecho” de implementar su propio plan de desarrollo, el cual suele ser elaborado y promocionado en las campañas (aunque sus detalles sean opacados durante la contienda electoral por señalamientos entre adversarios), de ahí que, una vez que logran alcanzar el poder a través de la vía democrática, este plan se transformará en la guía fundamental de su gobierno (y su principal eje de crítica). La 4T se caracterizó por dos propuestas clave: la eliminación de la reforma educativa de 2013 y la “revalorización” del magisterio, sin ofrecer una propuesta sustancial en cuanto a los contenidos educativos, algo que también les otorgó un cheque en blanco durante el sexenio. En otras palabras, les dio la oportunidad de averiguar, conforme a la marcha, qué podían mejorar, preservar o, como en este caso concreto, empeorar en la materia.
Estamos experimentando los rezagos ocasionados por una pandemia mundial (Covid-19, 5.2 millones de estudiantes que desertaron, según cifras del Ecovid-ED, 2021) y sus efectos en el sector educativo han sido catastróficos, aunado a la falta de un diagnóstico profundo por parte de la SEP y la indiferencia de diversas entidades en ejecutar alternativas para tratar el rezago educativo. El Gobierno Federal optó, desde su llegada a finales de 2018 a la fecha, por dirigir recursos públicos a programas de transacciones no condicionadas, es decir, las famosas becas universales Benito Juárez García (en sus diferentes modalidades por nivel educativo) y el aumento progresivo a dichos apoyos, dejando a un lado programas claves como Prospera y Escuelas Tiempo Completo, colocándonos en un escenario desalentador y con preocupaciones serias. ¿Cómo se podrían compensar los aprendizajes perdidos durante este periodo?, ¿hasta qué punto se ha garantizado el derecho a la educación?, ¿cómo se podría contener el aumento de la desigualdad educativa y con qué parámetros empíricos podríamos reflejar la efectividad de la política educativa establecida? Y un largo etcétera; todo esto derivó en que Andrés Manuel López Obrador diera la instrucción de reformar el marco curricular y generar una propuesta acorde a la ideología de su partido.
Tal y como lo mencioné previamente, todas las administraciones tienen la oportunidad de implementar cambios (lo ideal, es que esa sea la motivación de que busquen el poder), sin embargo, el contexto importa y lo que se apuesta va más allá de sus intereses partidistas. En el sector educativo, se juegan el futuro de millones de estudiantes en todo el país. En columnas anteriores hemos analizado las implicaciones que trae consigo la reforma al marco curricular y planes de estudio, desde la inconstitucionalidad de sus pruebas piloto hasta la constante confusión en la arena de la opinión pública sobre qué es educación de excelencia, cómo se pretende emplear las “pedagogías del sur” (inspirada en autores como Boaventura de Sousa Santos, Paulo Freire, etc.) y la polarización que ha impulsado el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, a nivel nacional con el modelo educativo anterior por competencias (que en vez de proponer una crítica constructiva a dicho modelo, prefiere atacar a los que cuestionamos el nuevo plan, diciendo que el modelo por competencias es “racista, clasista, misógino, eurocentrista, colonialista” etc.).
Además, recientemente se ha criticado el nombramiento del venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona, subdirector de materiales educativos y un ferviente defensor del chavismo, quien se ha encargado del diseño del nuevo plan en conjunto con Marx Arriaga. Más allá de la afinidad política de la actual administración, lo cierto es que están apostando por un sistema ejecutado por personajes que prefieren ignorar la realidad de nuestro país, que más allá de ofrecer una crítica y alternativas viables al contexto educativo actual (rezago educativo, desigualdad, baja calidad educativa, etc.), prefieren tomar decisiones a partir de sus ideas personales. A los perfiles que han colocado al mando de la SEP no les interesa hacer un trabajo serio para tratar el conflicto educativo actual, sino darle gusto a un capricho ideológico del presidente y sus allegados.
Las ideas que conlleva este nuevo panorama pedagógico no son “malas”, por el contrario, son muy útiles y valiosas, buscan valorar el trabajo en comunidad y los factores culturares locales. Sin embargo, nuestra realidad exige funcionarios más comprometidos con la problemática educativa mexicana, ir más allá de la improvisación tan desastrosa que ha realizado la SEP (como el Aprende en Casa que ni siquiera se atreven a evaluar) y poner los pies en la tierra. Por ello me sumo a la comunidad que exige un cambio urgente en la política educativa nacional. Si este nuevo modelo continua, los únicos que se verán beneficiados son los allegados al oficialismo, con discursos y retórica que suenan bien en las mañaneras del presidente, pero que tendrán efectos graves en la educación de millones de niñas y niños, cuyo futuro, ahora, se ve comprometido por la falta de capacidad de sus funcionarios.