Debilitar la democracia Excelsior

 La reforma electoral aprobada el 15 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados a la Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Públicas —ya publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre pasado—, así como a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, y de Medios de Impugnación —cuyo trámite legislativo aún está pendiente— ponen en grave riesgo la calidad de las elecciones en México.
Bastan tan sólo unos ejemplos para ilustrar la gravedad de esta reforma, conocida como el plan B.
La reforma a la LGIPE contempla la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales del INE —mismas que son las oficinas encargadas del grueso de los trabajos de preparación y organización de las elecciones en México—, para sustituirlas por oficinas temporales.
  En un supuesto afán de austeridad, se propone reducir radicalmente la estructura orgánica de cada junta distrital, al pasar de tener cinco vocalías —ejecutivo, secretario, capacitación y educación cívica, organización electoral y registro de electores—, a tener sólo un encargado operativo en cada distrito.
Es decir que se pretende que el trabajo que hoy coordinan cinco integrantes del Servicio Profesional Electoral lo haga una sola persona como un cargo temporal.
Tan sólo este aspecto de la reforma lastima la confiabilidad del padrón electoral, la capacitación de las y los ciudadanos que acepten ser funcionarios de casilla, así como la organización de la jornada electoral.
La reforma también afecta derechos laborales de miles de funcionarios miembros del servicio profesional electoral.
Según cálculos del propio INE, sólo se mantendrían alrededor de 400 de las más de 2,500 plazas del Servicio Profesional Electoral, es decir, una reducción de 85% de la estructura actual.
Por otro lado, la reforma contempla que con una estructura reducida se realicen procesos clave en menos tiempo: se reducen los plazos para reclutar a las y los capacitadores asistentes electorales —quienes a su vez tienen la importante tarea de capacitar a los funcionarios de casilla y apoyar el despliegue territorial de la jornada electoral—.
Al mismo tiempo, se reduce a sólo 48 horas el plazo para que los partidos políticos registren representantes de casilla.
En conjunto, esto puede traducirse en tener un padrón electoral y casillas menos confiables, y con una menor vigilancia de los propios partidos políticos.
¿A quién le conviene hacer esto?La reforma no sólo compromete la calidad de la organización electoral, sino que también debilita la capacidad del INE para sancionar violaciones a la ley por parte de candidatos y partidos políticos: ningún candidato o partido podría perder el registro, sea cual fuere su conducta.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social, por su parte, redefine y facilita la propaganda gubernamental realizada por servidores públicos, lo cual podría afectar la equidad de la contienda.
  Tendremos que esperar a que la Cámara de Senadores apruebe las últimas modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados.
Posteriormente, tendremos que esperar a conocer cómo resolverá la Suprema Corte de Justicia las diversas impugnaciones que este paquete de reformas traerá consigo.
Sea cual fuere la resolución de las acciones de inconstitucionalidad, el Tribunal Electoral también tendrá oportunidad de pronunciarse cuando las medidas finalmente aprobadas tengan que aplicarse por primera vez en el proceso electoral de 2024.
Llegar a una elección presidencial con tal nivel de incertidumbre sobre el marco legal vigente debilita la calidad de las elecciones y la democracia en México, ensombreciendo la legitimidad de quienes consigan el triunfo en 2024 y más allá.
El Presidente, o bien su mayoría legislativa, aún podrían impedirlo.
El consenso en las reglas del juego es fundamental en toda democracia constitucional.
 Columnista: Javier AparicioImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0