Qué implica una denegatoria de facto de la cuestión de confianza Infobae
El jueves, cerca de la medianoche, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que renovará su Gabinete luego de interpretar el “rechazo de plano” de la cuestión de confianza por parte del Congreso, como un “rehusamiento expreso” del pedido que hizo el premier Aníbal Torres al Pleno el pasado 17 de noviembre. Es decir, el Ejecutivo considera que el Legislativo le ha “denegado” la confianza por lo que habría gastado su “primera bala de plata” y se estaría a un paso de una disolución del Parlamento.
El 24 de noviembre, el presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), anunció la decisión adoptada en mayoría por la Mesa Directiva, de “rechazar de plano” la cuestión de confianza planteada Aníbal Torres que se basó en la aprobación del proyecto de ley 3570, que propone que se derogue la Ley N° 31399, o también llamada ‘Ley Antireferéndum’ la cual regula cualquier iniciativa que busque ser sometida a referéndum ya que antes debe pasar primero por la aprobación del Legislativo.
El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y otros integrantes del Ejecutivo, se han pronunciado sobre el discurso del jefe de Estado y, al igual que el mandatario, consideraron que ha habido una “denegatoria” del Congreso de la República sobre el pedido de confianza planteado.
“(Es) una denegatoria a la confianza que se llevó y se presentó ante el Pleno del Congreso. ‘Rechazar de plano’ es ‘rehusar’, porque lo que dice la Constitución Política en el artículo 133 es ‘rehusar’”, declaró Alejandro Salas a RPP.
“La interpretación del mensaje a la Nación es esa, que se ha negado la confianza al poder Ejecutivo es por eso por lo que el gabinete en crisis va a renovarse. Ante eso habrá un nuevo o nueva premier”, agregó.
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De un modo similar, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, consideró que el rechazo de plano de la cuestión de confianza que presentó Aníbal Torres ha motivado la Crisis del Gabinete. “La confianza fue denegada”, escribió en su cuenta de Twitter.
¿Denegatoria de facto?
Cabe señalar que algo similar ocurrió cuando Martín Vizcarra asumió la presidencia. En septiembre de 2019, luego de que el Congreso negara el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza Pedro Cateriano, su primera “bala de plata”, el entonces premier Salvador del Solar formuló una cuestión de confianza vinculada al procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Congreso continuó con el proceso de elección de los magistrados y eligió a uno de ellos (Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea) y pretendió luego discutir el pedido de confianza
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Antes de que el Pleno le dé la confianza de forma expresa al gabinete de Salvador del Solar y así evitar un cierre del Legislativo, el presidente Vizcarra dio un mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso al considerar que la elección del magistrado hecha en el parlamento era una manera fáctica de rechazar el pedido de confianza.
Ahora, el “rechazo de plano” anunciado por el presidente del Congreso, José William, también ha sido interpretado por el Ejecutivo, encabezado por Pedro Castillo, como una denegatoria de facto, es decir en los hechos, de su pedido de confianza.
Esto implica que, si el Ejecutivo vuelve a interpretar que el Congreso le niega algún nuevo pedido de confianza, puede considerarse en derecho de disolver el Parlamento para convocar a nuevas elecciones legislativas, en virtud de los artículos 133 y 134 de la Constitución que señalan que:
“El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete” (Artículo 133).
“El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente” (Artículo 134).
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