Detectan RED de CORRUPCIÓN y DESVÍO de RECURSOS públicos millonarios en la administración de Omar Fayad Punto Por Punto

Las malas noticias para Omar Fayad comenzaron hace un mes, cuando Santiago Nieto informó que se han integrado tres carpetas de investigación por el caso de la red de corrupción que involucra a varias presidencias municipales de Hidalgo y que -como pudo saber LPO- apuntaría al exgobernador Omar Fayad, a quien más de uno en su partido veía en una embajada al concluir su mandato constitucional en septiembre pasado.

• Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Julio Menchaca, quien no se anda por las ramas, reveló que el presunto desvío asciende a más de 500 millones de pesos; además, están involucrados seis alcaldes y algunos funcionarios estatales a cargo de Fayad Meneses. «La nueva estafa, la estafa siniestra», la llamó el Gobierno de Menchaca Salazar.

En su momento, el gobernador morenista aseguró que esto se trata «apenas de la punta del iceberg» de algo que podría configurar un sistema de corrupción que involucraría a alcaldes de 13 municipios, como Yahualica, Huautla, Tezontepec, Tlahuelilpan, Epazoyucan, Mineral del Monte, Nopala, Tepeji y Singuilucan.

• Por otro lado, continuaron las malas noticias para Fayad, por su presunta cooperación con la 4T y entregar el estado a Morena. Oficialmente, la Comisión Nacional de Elecciones del PRI declaró improcedente el registro del exgobernador para integrar el octavo Consejo Político Nacional del partido para el periodo 2022-2025, pues no pudo acreditar su inscripción al instituto político por al menos cinco años.

Con esto, la dirigencia de Alito Moreno Cárdenas bloqueó la posibilidad de que el Fayad dirija al PRI estatal y forme parte del Consejo Político Nacional, a pesar de que incluso hay un sector del tricolor que lo promueve como aspirante a la candidatura presidencial de su partido en 2024, como en la pasada pasarela de corchorlatas priistas.

Detectan irregularidades en el sector salud y educación

En áreas sensibles como son la salud y la educación, el nuevo gobierno de Hidalgo, encabezado por el morenista Julio Menchaca Salazar, ha encontrado graves irregularidades y desvíos de recursos públicos por alrededor de 1 mil millones de pesos que se cometieron en la administración del priista Omar Fayad Meneses, quien antes de dejar la gubernatura de esa entidad aspiraba a ocupar un cargo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador o, por lo menos, ser enviado a una embajada lejana que lo pudiera proteger de las investigaciones y auditorías que le practican en este momento a su gestión.

• La mecánica del desfalco a las arcas públicas del estado de Hidalgo sería prácticamente la misma que se ha cometido en otras entidades y también en gobiernos federales del PRI y del PAN, y es el uso de empresas fachada o EFOS como se les conoce -Empresa que Factura Operaciones Simuladas- para desviar recursos públicos mediante la simulación de adjudicaciones en compras de bienes y servicios, para lo cual usan empresas fantasmas constituidas para cometer actos de corrupción.

El exgobernador ya no podrá ocupar un cargo público en la actual administración y se perfila para ser el siguiente exmandatario priista que pueda ir a prisión, porque lo descubierto hasta ahora es sólo la “punta de iceberg”, como afirman algunos funcionarios del gobierno hidalguense, de la corrupción que se vivió durante seis años en ese estado de la República.

• Si de por sí es un delito grave desviar recursos públicos, más lo es cuando se trata de dinero destinado a la educación y la salud de la población, rubros en donde Hidalgo enfrenta serios problemas por sus altos niveles de pobreza extrema y la falta de servicios a comunidades del estado, principalmente de las zonas indígenas.

Der acuerdo con las investigaciones que continúa el gobierno de Menchaca Salazar, hay responsabilidad de quienes fueron los encargados de la administración de las finanzas públicas del estado de Hidalgo en la administración anterior y también de quien tenía a su cargo la Contraloría estatal, por lo que junto con el exgobernador Omar Fayad podría fincárseles responsabilidades penales.

Auditorías de la ASF a la administración de Fayad

De acuerdo con la auditoría 1008, cumplimiento 2021-A-13000-19-1008-2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 286 millones 557 mil pesos de los recursos transferidos al gobierno del estado de Hidalgo mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y al 31 de diciembre de 2021 encontró que ese gobierno de Hidalgo comprometió el 19.6 por ciento y pagó el 0.0 de los recursos disponibles; en tanto que al 31 de marzo de 2022 pagó el 19 por ciento de los recursos disponibles a esa fecha.

• Por lo anterior, el 80.2 por ciento, por un importe de 232 millones 599.1 mil pesos de los recursos que no se comprometieron corresponden a recursos sujetos al proceso de liquidación bancaria y se encuentran en el supuesto establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

En cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, el gobierno del estado infringió la normativa aplicable, principalmente en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ya que se observó que no se cumplió con la aplicación del 30 por ciento como mínimo de los recursos asignados para la atención de las zonas prioritarias urbanas, y las fianzas de cumplimiento de los contratos de las obras, de los convenios modificatorios y de los vicios ocultos no se hicieron a favor de la Tesorería Municipal.

Respecto de la evaluación a su sistema de control interno, se han generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control que proporcionen una seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales, en la calidad de la información que generan sus operaciones y en la salvaguarda de los recursos públicos; no obstante, precisa la ASF, en el transcurso de la auditoría se detectaron incumplimientos, por lo que urgió a implementar acciones correctivas.

Consideraciones para el seguimiento

La ASF dio un plazo de 30 días hábiles para que la administración del gobierno estatal presente la información aclaratoria y realice las consideraciones pertinentes, de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a fin de solventar las irregularidades encontradas.

• Aunque el informe de la auditoría sostiene que el gobierno del estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del fondo, al entregar con oportunidad a la Secretaría de Hacienda los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos, lo cierto es que la nueva administración del gobernador Julio Menchaca revisa con lupa el destino de fondos públicos que se recibieron de la Federación y los recursos propios que genera el estado.
• En cuanto a los objetivos del fondo, precisa el documento, no se logró acreditar su cumplimiento, ya que destinó el 4.1 por ciento de los recursos pagados del fondo en obras de infraestructura básica (mejoramiento de vivienda), el 8 por ciento en alcantarillado y el 87.9 por ciento en urbanización, con lo cual se atendieron los conceptos de gasto establecidos para el fondo en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no invirtió el 80 por ciento de los recursos asignados del fondo.

En otra auditoría, la número 1016, de cumplimiento 2021-A-13000-19-1016-2022, la ASF revisó la ministración y transferencia de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales para Educación Media Superior y Superior, e identificó que el gobierno de Hidalgo recibió y transfirió recursos por 1 mil 28 millones 643.5 mil pesos para Educación Media Superior y 398 millones 125.8 mil pesos para Educación Superior Tecnológica y Politécnica.

• De dichos recursos la Auditoría encontró evidencia documental de las transferencias a los organismos descentralizados estatales por 1 mil 8 millones 365 mil pesos para Educación Media Superior y 383 millones 306.3 mil pesos para Educación Superior, pero el monto para Educación Media Superior fue mayor por 5 millones 980.8 mil pesos, mientras que el monto de Educación Superior fue inferior por 14 millones 819.4 mil pesos, en contravención de los convenios establecidos.

En la transferencia de recursos, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los anexos de ejecución, del Convenio de Apoyo Financiero, y de los convenios específicos para la asignación de recursos financieros para la operación de universidades tecnológicas y politécnicas del estado de Hidalgo. Las observaciones de la ASF derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.

Municipios involucrados en la red de corrupción

Los siguientes municipios fueron algunos de los que ya han sido identificados por las autoridades como probables responsables del desvío millonario, junto con el monto de recursos extraordinarios otorgados entre marzo y septiembre de 2022:

• Epazoyucan, bajo la administración del priista Fidel Arce Santander: 14 millones 215 mil 780 pesos
• Tlahuelilpan, con el Alcalde José Alfredo Díaz Moreno: 39 millones 380 mil 890 pesos
• Pisaflores, gobernado por el priista Luis Francisco González Garay: 30 millones 960 mil 890 pesos
• Yahualica, Alcalde priista Elías Sanjuán Sánchez: 29 millones 225 mil pesos
• Atotonilco el Grande, Presidente Municipal Héctor Hugo Ramírez López: 19 millones 920 mil 400 pesos
• Huazalingo, a cargo de Julio César Gonzalez Garcia: 18 millones 500 mil pesos
• Acaxochitlán, con el Presidente Municipal Erik Carbajal Romo: 32 millones 900 mil pesos
• Mineral del Monte, bajo la administración de Alejandro Sierra Tello: 17 millones 500 mil pesos
• Zacualtipán de Ángeles, gobernado por Edgar Josué Moreno Gayosso: 14 millones de pesos
• Huautla, a cargo de Felipe Juárez Ramírez: 26 millones 615 mil 780 pesos

Arce Santander, Presidente Municipal de Epazoyucan, dijo a medios de comunicación locales que los señalamientos eran parte de una campaña de desprestigio en su contra, pero se encontraba “tranquilo” y aseguró que había entregado toda la documentación que se le había sido requerida a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

En entrevista para medios de comunicación aseveró que es toda la documentación que le ha sido requerida entregado a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría de Hidalgo.

A inicios de octubre de este año, habitantes y autoridades de la comunidad de Otecoch, en el municipio de Huazalingo, se quejaron contra el Edil Julio César González García por no cumplir con el inicio en el 2022 de la segunda etapa del drenaje sanitario que había quedado inconcluso, según el diario El Sol de Hidalgo.

También estuvo involucrada la localidad de Nopala de Villagrán, a cargo del morenista Luis Enrique Cadena García, con un recurso extraordinario otorgado por 71 millones 960 mil 890 pesos. El Edil se ausentó después del anuncio de la investigación de la “Estafa Siniestra”, lo cual justificó en un video publicado en redes sociales como un momento de descanso “por asuntos personales y de salud”.

“El día 27 de septiembre, que llegó la Contraloría del estado para aperturar sus trabajos en el municipio, yo mismo les mencioné que tenía programada una salida por estos temas, a partir del día 30 de septiembre, para lo cual les pregunté si era necesario que yo estuviera aquí en el municipio, a lo cual me respondieron que solamente con el enlace que yo había generado y con las facilidades que se brindaran en el municipio era más que suficiente”, expuso en la grabación. “Mi ausencia jamás se motivó a entorpecer las labores de las instituciones. (…) Personas maliciosas difundieron el rumor de que me había fugado; siempre que me sea requerido estaré disponible”.

Dos últimos municipios involucrados —Singuilucan, con Marcos Miguel Taboada Vargas al mando; y Tepeji del Río, a cargo del priista Salvador Jiménez Calzadilla—, habrían parcialmente resarcido el daño al entregar 26 de 109 millones 645 mil 325 pesos, y 58 de 98 millones de pesos desviados, respectivamente.

Este último también se nombró “tranquilo” de frente a la situación, pues negó participación alguna en el caso de corrupción, y aseguró que hará frente a las acusaciones “con la cara en alto y sin temor”./Agencias-PUNTOporPUNTO