DESAPARICIÓN de los 32 OPLEs representará un ATENTADO contra el SISTEMA DEMOCRÁTICO del PAÍS Punto Por Punto

La desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), como se sugiere en la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, representaría un atentado contra el sistema democrático, el pacto federal y la autonomía de las entidades, opinaron consejeros, exconsejeros electorales y legisladores.

• En el marco de la eventual discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, consideraron que lejos de representar un “ahorro” de 24,000 millones de pesos, como se estima en el proyecto, representaría para el Instituto Nacional Electoral (INE), un incremento del 40%, al tener que asumir las tareas para llevar a cabo todas las contiendas locales.

Tras conocerse el contenido de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, el INE, a través de su presidente Lorenzo Córdova Vianello, ha analizado en múltiples foros este tema de la desaparición de los OPLEs, y se ha considerado que provocaría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales.

Implicaría, además, al Instituto organizar todos los procesos.

«Y para ello debe transformar o refundar ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitará más recursos. Tal como hoy está diseñado el INE no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales”, argumentó el consejero presidente Lorenzo Córdova en uno de los citados foros.

¿Cuál es la labor de los OPLEs?

A partir de la reforma electoral de 2014, el INE trabaja con los OPLEs para homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales locales, para garantizar altos niveles de calidad en la organización de las elecciones.

• Es así que cada una de las 32 entidades federativas cuenta con un organismo público local electoral, responsable de realizar las elecciones para la renovación de la gubernatura o bien de la jefatura de Gobierno para el caso de la Ciudad de México.
• Además, son los encargados de la elección de diputados para los Congresos locales, las presidencias municipales, los síndicos y regidores (16 alcaldes y concejales para la Ciudad de México), entre otros cargos públicos.

Otras de sus funciones centrales son garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; preparar la jornada electoral; efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y municipales, además de declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales.

Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad; implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) conforme a las reglas emitidas por el INE; organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana en la entidad.

¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo sobre los OPLEs?

En la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo Federal, se busca “abaratar” el costo de los órganos electorales, para ello se plantea sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y que éste sea el único encargado de la organización de las elecciones, su fiscalización y hasta declarar la validez de las mismas, para lo cual absorbería las funciones de los organismos púbicos locales.

“Organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”, se afirma, bajo el argumento de que habría ahorros por 24 mil millones de pesos.

• Sobre este último, punto, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños refutó tales cifras al recordar que todas las reformas electorales que se han hecho en el país, de una u otra manera han permitido que el sistema electoral mexicano se fortalezca.
• Incluso, comentó a Expansión Política que la reforma electoral 2013-2014 no terminó de fortalecer el sistema nacional de elecciones, pero actualmente éste “funciona y funciona bien y permite que se lleven a cabo las elecciones, sin ningún problema”.

Desde su visión, la reforma electoral del Ejecutivo Federal claramente busca un esquema de control sobre la autoridad electoral.

«Es regresiva y pretende mediante una reforma constitucional a leyes secundarias, como se hizo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), controlar a la autoridad electoral, lo cual resultaría absolutamente grave.

“La conversión del INE al INEC sería algo regresivo; primero, porque se dice que se ahorrarían 24,000 millones con la desaparición de los órganos electorales de los estados y con la asunción en su totalidad de las elecciones por parte del INE”, destacó.

• Explica que esos 24,000 millones no son más que la suma de los presupuestos de los OPLEs, sin importar que los presupuestos que tomaron como base, incluían o no, costos de elecciones en curso.

“Yo digo que no se puede, porque el INE no tiene estructura para hacer elecciones, ni experiencia para hacer elecciones como las que se llevan a cabo en Oaxaca, donde 2/3 partes de los más de 500 ayuntamientos se hacen por usos y costumbres. Además, ese mismo problema se enfrenta en estados como Chiapas o Guerrero, por lo que el INE tendría que crecer cerca de un 40%, entonces ¿dónde está el ahorro que dice el presidente de la República?”, cuestionó.

La reforma apuesta por desbaratar el sistema electoral

El diputado panista Jorge Triana consideró que dejar en manos de un solo organismo centralizado las elecciones y además que se convierte en un apéndice del gobierno, como sería el INEC, regresaría décadas en el pasado.

• A ello habrá que sumar el hecho de que no se cuenta con la capacidad logística, administrativa, humana, ni financiera para que el árbitro electoral pueda realizar las elecciones en los 32 estados.

“El desaparecer los OPLEs, el meter la mano al Consejo General, al Tribunal Electoral y cambiar la naturaleza del propio Instituto… Si el problema es el costo de las elecciones, busquemos el problema de ahorrar sin desbaratar instituciones”, expresó.

Triana Tena destacó que su partido no permitirá que se busque “desbaratar” el andamiaje electoral que ha costado décadas construir, para solucionar un asunto presupuestal.

“En 2018 se contó con una elección pulcra en la que López Obrador ganó y lo hizo por un amplio margen. No puedes desbaratar todo nuestro andamiaje que ha costado décadas construir y que ha tomado hasta sangre construir, en aras de solucionar un problema que es meramente presupuestal. Es una locura”, advierte.

• En ese tenor, la consejera electoral Adriana Favela, dijo en entrevista que la desaparición de los OPLEs implicaría al INE duplicar la estructura con que cuenta, dado que actualmente los órganos locales llegan a todos y cada uno de los municipios y secciones donde se tienen que instalar las casillas, además de que se encargan de organizar las elecciones para la gubernatura, los congresos locales, alcaldías, ayuntamientos, entre otros.

“Ellos mismos van viendo y resolviendo problemas que se van presentando que son muy locales y eso contribuye a que los problemas focalizados no lleguen a nivel nacional. Se resuelven de la mejor manera posible. Lo mismo en los tribunales locales, donde de lo que se impugna al nivel local, solo llega un 30% al TEPJF”, dijo.

La exmagistrada electoral recordó que los órganos locales electorales representan un “filtro” respecto de los asuntos que llegan al INE y al TEPJF, lo que aun así, significan grandes cargas de trabajo.

“Además, se tienen que resolver en un tiempo corto. Entonces, creo que se podría colapsar la justicia electoral”, de prosperar la desaparición de los órganos locales, alerta.

“Los OPLEs se encargan, cada uno, de organizar sus elecciones y ellos cuentan con su propia estructura. El INE no la tiene. El Instituto cuenta con personal permanente en las Juntas Distritales y Locales, pero cuando hay elecciones, hay consejeros electorales que vienen de la ciudadanía, que van tomando las decisiones”, explica.

• Para el consejero electoral Uuc-Kib Espadas una reforma electoral “apresurada”, solo plantea mayores riesgos, cuando lo que se requiere es un debate que busque fortalecer el sistema electoral y que abone a una real transición democrática que quedó “trunca” después de la alternancia en la Presidencia de la República en el 2000.

“El país necesita una reforma electoral amplia con miras al mediano y largo plazos, que responda a las necesidades de la población de unas elecciones íntegras, no a una coyuntura o correlación de fuerzas”, destacó.

Desde su visión, la desaparición de los OPLEs, a dos años de una elección (2024) que va involucrar también la renovación de nueve gubernaturas, es «imprudente”.

«(Los OPLEs) se han ido generando de acuerdo a las condiciones existentes en cada estado. Su desaparición no debe tomarse a la ligera, porque han cumplido con su función al proporcionarle a la ciudadanía, garantías de elecciones íntegras”, expresó.

Espadas Antonca rechazó las versiones en el sentido de que la desaparición de los institutos locales electorales busca evitar su “captura” por parte de los gobiernos estatales, pues es el Consejo General quien los designa, a través de rigurosos métodos de selección.

Y sobre los presuntos “ahorros” que plantea la reforma electoral, comentó que en la mayor parte de los casos son contraproducentes, cuando lo que se busca en el fondo con esta nueva reforma “es el de reducir la autonomía de las autoridades electorales y eso me parece un despropósito”.

Seis Ople, en riesgo alto por insuficiencia presupuestal

Ante una posible reforma electoral que incluye la propuesta de eliminar los institutos electorales estatales, seis de ellos siguen en situación de “riesgo alto”, principalmente por la insuficiencia presupuestal.

• Apenas se presentó el reporte número 18 en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que no hay mayor variación de la situación crítica en los organismos públicos locales electorales (Ople) de la Ciudad de México, Campeche, Colima, Durango, Morelos y Nayarit. El caso extremo es Colima, cuya operación no está garantizada para lo que resta de 2022.

Así lo confirmó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. “Las variaciones presupuestales a lo largo del año, en la mayoría de los organismos que se vieron afectados con importantes reducciones, sólo han permitido superar algunos compromisos, pero el fondo de la problemática persiste.

“Es decir, la incapacidad material de cumplir a plenitud con todo el conjunto de sus atribuciones”, dijo.

• La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Ople, expuso que 22 organismos han aprobado sus proyectos presupuestales para 2023, mientras los 10 restantes lo harán la semana próxima.

Recordó que al menos 19 Ople han solicitado ampliaciones presupuestales a lo largo del año.

• También en este informe “se vuelve a presentar una situación poco alentadora”, pues en el último trimestre del año en curso, los organismos de Chiapas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas continúan con problemas en la entrega de las ministraciones, ya sea porque se otorgan de manera incompleta o tardía.
• Dijo que en Chiapas, por ejemplo, el gobierno estatal adeuda al organismo 1.2 millones de pesos correspondientes a septiembre, mientras en Durango la deuda de la administración local es de 18.6 millones, de marzo y agosto.

En cuanto a las entidades en las que habrá elección el año próximo, se indicó que en el estado de México no hay problemas al momento, mientras Coahuila realiza en estos días una revisión de recursos.

• Ravel señaló que en el caso de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Ople pagar en tiempo y forma el financiamiento público a partidos, situación que lo coloca en riesgo, en especial para el pago de la nómina y otras obligaciones legales.

En caso de que no le sean autorizados los fondos necesarios, este instituto local echará mano de nueva cuenta de los recursos de la reserva para el pasivo contingente dedicado al pago de laudos, por poco más de 33 millones de pesos.

Mientras tanto, Colima no tiene recursos para operar; apenas logró una ampliación para pagar salarios atrasados de sus trabajadores./Agencias-PUNTOporPUNTO