TRAMPOLÍN POLÍTICO Sol Yucatán

• El gobierno de Mauricio Vila Dosal le sirvió en bandeja de plata, a través del IVEY, 10.5 millones de pesos a una empresa vinculada con el exdirector de la SCT en Yucatán.
• Canto Jairala cedió su posición en la empresa Ducan Construcciones a Carlos Renán González Canto y Renán Selim Canto Achach, quienes cambiaron el nombre de la compañía a LT&I, S.A. de C.V.
• En 2021, Servidores de la Nación estaban bajo sospecha por un posible desvío de recursos por cerca de 25.2 millones de pesos, ilícito que se cometió en la delegación de la SCT Yucatán durante 2018.

Redacción/Sol Yucatán

Tekax.- La corrupción en el ramo de la construcción se hereda al pasar de una generación a otra, tal como ocurre con el ex funcionario estatal y federal Renán Canto Jairala, quien cedió su experiencia y posición a Carlos Renán González Canto y Renán Selim Canto Achach, quienes cambiaron el nombre de una empresa establecida para obtener un vínculo directo con el gobierno de Mauricio Vila Dosal.

Recientemente, a ambos contratistas se les entregó un contrato a modo por 10.5 millones de pesos, a favor de la empresa LT&I, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la construcción de 110 viviendas, en Tekax.

De acuerdo con el documento, el 17 de septiembre de 2004 se constituyó la sociedad mercantil Ducan Construcciones, S.A. de C.V., por lo que como presidente quedó César Abraham Durán Caballero, como secretario, Carlos Arturo Lizama Canto y como tesorera, Verónica del Rocío Rubio Palomo.

Asimismo, el 19 de febrero de 2014, en la asamblea general se aprobó la transmisión de acciones y se aceptó la incorporación de Carlos Renán González Canto como presidente; Renán Selim Canto Achach, como secretario; Rodrigo Augusto González Canto como tesorero, y como vocales quedaron Raúl Alfredo Fajardo Canto y Gerardo José Canto Achach.

Posteriormente, el 14 de abril de 2015 se efectuó una asamblea general extraordinaria donde se cambió la respectiva denominación de origen por LT&I, S.A. de C.V.

Luego, el 7 de febrero de 2020 se efectuó otra asamblea general extraordinaria, en la cual se determinó que Carlos Renán González Canto sería el presidente del Consejo de Administración, mientras que Renán Selim Canto Achach fungiría como secretario del mismo.

Cabe destacar que ambos formaron parte de la empresa Canto Jairala y Asociados, encabezado por quien recientemente volviera a fungir como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Canto Jairala aprobó numerosos contratos a modo a favor de sus amigos, compadres y familiares para la realización de diversas obras, principalmente, en carreteras.

Como favor con favor se paga, hoy el Gobierno del Estado apoya a LT&I, SA de CV, por lo que el pasado 24 de mayo, el director general del Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY), Carlos Francisco Viñas Heredia, suscribió el contrato de obra pública con base a precios unitarios y tiempo determinado, con número IVEY-LP-012-2022, relativo a la “Construcción de 110 acciones de viviendas en el municipio de Tekax”.

Por ende, se le asignó un techo financiero por 10 millones 547 mil 918 pesos, monto libre de impuestos.

NEGOCIO CON CARRETERAS

En abril de 2021, Sol Yucatán denunció que Servidores de la Nación estaban bajo sospecha por un posible desvío de recursos por cerca de 25.2 millones de pesos, ilícito que se cometió en Yucatán durante 2018, en la remodelación y ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En tanto, se integra el expediente por el “probable” daño económico por 25 millones 189 mil 64 pesos en el que habría incurrido funcionarios de la SCT.

El reporte de la auditoría 2018-0-09100-20-0342-2019 342-DE refiere que la anomalía se detectó en la Dirección General de Carreteras, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, que fue la encargada del proyecto carretero.

Por ende, personal de esta dependencia adjudicó los contratos de obras públicas 2018-31-CE-A-502-W-00-2018, 2018-31-CE-A-503-W-00-2018 y 2018-31-CE-A-504-W-00-2018 para realizar la ampliación y modernización de la carretera Mérida-Chetumal sin contar con los proyectos ejecutivos terminados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El primer contrato se adjudicó a Maquinaria Kambul y a la Constructora Mool, ambas SA de CV.

Asimismo, el segundo se otorgó a Vivienda e infraestructura del Sureste, SA de CV, y a Constructora Escalante, SA de CV; mientras que el tercero se adjudicó a Constructora Lusen, SA de CV.

También la ASF verificó que el Centro SCT Yucatán inició la ejecución de los trabajos de los contratos de obras públicas antes mencionados, sin que los proyectos ejecutivos estuvieran firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la dependencia.

En la auditoría se advierte que los proyectos ejecutivos de las obras que se proporcionaron a los licitantes no contaban con los planos constructivos, las memorias de cálculo, las plantas, las secciones y los detalles que ampararan las cantidades de obra consideradas en los catálogos de conceptos.

La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también detectó otras irregularidades, como el pago de un millón 286 mil 300 pesos por trabajos duplicados entre un contrato de 2017 y 2018 en el tramo del kilómetro 71+020 al km 71+295.

Asimismo, la SCT pagó gastos de operación por un monto de tres millones 62 mil 200 pesos en el proyecto de inversión sin que correspondieran a erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura.

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