La pretensión REELECCIONISTA del PRESIDENTE de el SALVADOR Nayib BUKELE constituye un “GOLPE de ESTADO INSTITUCIONAL” Punto Por Punto
El Salvador atraviesa momentos muy difíciles como consecuencia de una clara ofensiva contra el sistema democrático, los derechos humanos y el orden constitucional desarticulando, cada vez más ostensiblemente, los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra civil que costó la vida de cerca de 70,000 salvadoreños.
La pretensión del presidente de El Salvador Nayib Bukele de permanecer en el poder mediante reelecciones ilimitadas constituye un nuevo atentado contra la democracia del país centroamericano que cabe calificar como un “Golpe de Estado institucional”. Se trata de un paso más en el ataque sistemático a las instituciones democráticas sobre las que se ha volcado el mandatario salvadoreño desde su arribo al poder.
El anuncio hecho en días pasados sobre su intención de participar como candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2024, contraviene el mandato constitucional y máximo contrato social que, expresamente, establece en sus Artículos 152 y 154 los principios de alternancia política y de no reelección al periodo inmediato siguiente al desempeñado los seis meses anteriores.
Pese a esta clara inhabilitación constitucional, una sala de la Corte Suprema de Justicia designada por el Congreso de amplia mayoría oficialista forzó una cuestionada interpretación política del Artículo 152 autorizando la reelección, emitiendo un fallo judicial bajo un dudoso manto de legalidad que violenta la norma constitucional.
Save Democracy expresa su profunda preocupación ante estas acciones inconstitucionales que afectan no solo la democracia en El Salvador, sino que tienen repercusiones regionales y hemisféricas al inscribirse en un cuadro de preocupante regresión autoritaria ya presente en otros países latinoamericanos.
Para Save Democracy, esta intención de perpetuarse en el poder que compromete el Estado de derecho y las libertades fundamentales debe ser denunciada ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ser llevado ante los órganos de justicia regional e internacional establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional ante, además, las acciones autoritarias derivadas en detenciones sin motivación judicial que conste en debidos procesos o desapariciones de personas que hoy amenazan con recrudecerse dado el colapso constitucional que padece El Salvador.
Al mismo tiempo, Save Democracy hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija al gobierno de El Salvador que cumpla con la letra y el espíritu democrático plasmados en su Constitución como un primer paso hacia la reconstrucción institucional.
