Estado, mercado y sociedad civil son realidades tan distintas como complementarias.
El mercado requiere de contratos que garanticen el cumplimiento de acuerdos entre particulares.
El Estado necesita leyes justas que promuevan el bien común y establezcan límites indispensables para la convivencia.
La sociedad civil, en cambio, funciona más bien con una lógica de gratuidad, promoviendo acciones que impulsen el bienestar.
El Estado, el mercado y la sociedad se complementan; si están bien coordinados, permiten un desarrollo integral y libre de sus participantes.
La sociedad civil ha establecido numerosas obras, proyectos y estrategias que colaboran en retos que ni el Estado ni el mercado han sido capaces de erradicar, por ejemplo, la pobreza, el hambre, deficiencias en los sistemas de salud, etcétera.
También ha sido capaz de promover proyectos para impulsar iniciativas de bien común, como fue en su momento la causa ecológica que posteriormente han abanderado tanto empresas como gobiernos.
La lógica de la gratuidad le ha dado fuerza y legitimidad internacional con resultados evidentes.
Al mismo tiempo, esa lógica generosa subyacente, no solo es necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad civil; también puede ser un pilar que garantiza el sano funcionamiento del mercado y el Estado.
Veamos un ejemplo que demuestra que esto es posible.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en ruinas.
Para quienes habían presenciado las injusticias del régimen nazi, quizá se antojaba dejarlos abandonados en su propia reconstrucción.
Sin embargo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, optó por una respuesta de carácter más humano.
El Plan Marshall ayudó a reconstruir Alemania pensando en la dignidad del pueblo germano, independientemente de los crímenes e injusticias que algunos de ellos habían cometido.
Tal vez el abandono hubiera parecido justo, pero esta estrategia optó por una lógica de gratuidad.
Ciertamente, la decisión incluía beneficios a los Estados Unidos; sin embargo, fue mejor optar por un esquema donde los alemanes recibieron más ayuda de la que “en justicia” habrían merecido.
Lo contrario hubiera implicado seguramente un “perder-perder”.
La idea se condensa claramente en el aforismo latino summum ius summa iniuria (suma justicia, suma injusticia), es decir, que la aplicación de la ley al pie de la letra, sin consideraciones, a veces puede convertirse en una mayor injusticia.
Para solucionar los retos del mundo actual, especialmente en tiempos de polarización, no es suficiente que exista una perfecta justicia –realidad muy lejana por ejemplo en nuestro país– ni tampoco reglas claras de mercado.
Es cada vez más necesaria una lógica de la gratuidad, no solo en la sociedad civil, también en el gobierno y las empresas.
En un contexto de desigualdad, que ha generado injusticias reales y un consecuente malestar social, el mercado y las empresas necesitan multiplicar sus esfuerzos apalancados en esa lógica de la gratuidad.
Quizás el empresario, en estricto sentido, no está obligado a repartir más recursos a sus colaboradores que los acordados en la contratación, pero es evidente que conviene hacerlo, por él, por los demás y por la sociedad.
Lo mismo ocurre en el Estado.
No basta con garantizar ciertas leyes ni tampoco con repartir bienes.
Es necesaria una lógica más abarcadora, dispuesta a aliviar heridas y males.
Destruir lo que gobiernos anteriores han hecho sólo por agenda política se aleja de esa lógica de la gratuidad.
Los bandazos en gobiernos, de un extremo al otro y luego al revés, privilegian líneas ideológicas partidistas, pero pocas veces el bien común.
Intentar mantener logros o proyectos positivos de administraciones pasadas y crear sin destruir, aunque haya prioridades distintas, es propio de personas que piensan más allá de las desgastadas categorías del cálculo político.
La lógica de la gratuidad, en realidad, entiende a la sociedad desde lo esencialmente humano.
Por ello, implica una comprensión del cuidado de cada persona.
Curiosamente, ello favorece la creación de riqueza compatible con una prudente redistribución en el marco de una solidaridad social.
Fomenta un mejor uso de espacios comunitarios.
Eleva las miras del derecho que deja de reducirse a regular.
Evita el individualismo al tiempo que requiere la responsabilidad personal.
Quizá sea momento de voltear a los innegables logros de la sociedad civil que se han basado en la lógica de la gratuidad.
Si somos capaces de trasladarla a los ámbitos empresariales y políticos, los resultados a corto y largo plazo serían significativos.
Columnista: Santiago García ÁlvarezImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0