Biden cumple un año en el cargo: 5 leyes significativas y 5 decretos que firmó (y sus 5 prioridades para 2022) CNN en Español

(CNN) — El presidente Joe Biden juró al cargo hace un año, mientras el país enfrenta desafíos que no se han visto en generaciones.

Además de la primera pandemia en más de un siglo, el nuevo presidente heredó una economía que se había derrumbado a medida que aumentaban los casos de covid-19. También, una nación tan dividida que partidarios de su predecesor irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. dos semanas antes en un intento por detener su llegada al poder. Aún así, las expectativas para Biden estaban por las nubes entre los demócratas. Aún más después de que Jon Ossoff y el reverendo Raphael Warnock ganaron las elecciones de segunda vuelta en Georgia para convertirse en los senadores del estado y cambiaron el pulso en la cámara, lo que les dio a los demócratas el control del Congreso, pero por el más estrecho de los márgenes.

Durante el último año, Biden logró que el Congreso aprobara algunas de sus principales prioridades, aunque hay otras que siguen bloqueadas. Lo que le deja menos de un año para trabajar con los demócratas en aprobar su agenda legislativa antes de que el próximo Congreso jure después de las elecciones intermedias de 2022. Biden también utilizó los poderes de su rama ejecutiva para firmar 77 decretos en su primer año en el cargo, superando así a sus predecesores: el expresidente Donald Trump firmó 58 decretos en el mismo período, el expresidente Barack Obama 41 y el expresidente George W. Bush 56, según datos del Registro Federal.

Aquí están las 5 leyes principales que Biden promulgó este año, sus 5 decretos más destacados y las 5 prioridades que tiene para 2022.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma el Plan de Rescate Estadounidense el 11 de marzo de 2021, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en la ciudad de Washington. (Crédito: MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

Biden promulgó el Plan de Rescate Estadounidense ––un amplio paquete de US$ 1.9 billones–– a principios de marzo. La serie de medidas, que constituye una de las leyes más importantes en décadas destinada a impulsar la recuperación de EE.UU. de la pandemia de coronavirus, incluyó pagos de estímulo de hasta US$ 1.400 por persona para aproximadamente el 90% de los hogares estadounidenses. También una mejora federal de US$ 300 a los subsidios semanales por desempleo y una expansión del crédito tributario por hijos de hasta US$ 3.600 por niño.

El plan no recibió el apoyo de ningún republicano en el Congreso. Aún así, también incluyó US$ 350.000 millones para ayuda estatal y local, así como miles de millones de dólares destinados a escuelas K-12 para ayudar a los estudiantes a regresar a las aulas, para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia y para la investigación, el desarrollo y la distribución de vacunas.

Ese mismo mes, Biden también firmó dos leyes que extendían el alivio económico durante la pandemia. Promulgó una legislación que amplía el Programa de Protección de Pago de Cheques, el esfuerzo clave del gobierno federal para proporcionar ayuda a las pequeñas empresas a las que la pandemia afectó. También respaldó la Ley de Extensión de Alivio de Bancarrota por Covid-19, que amplió las disposiciones temporales sobre bancarrota que había otorgado la Ley CARES.

Biden promulgó esta legislación en noviembre. Se trata de una medida que inyecta US$ 1,2 billones de dólares en la infraestructura "dura" tradicional de EE.UU., como carreteras y puentes. La aprobación del proyecto de ley se celebró en un evento en la Casa Blanca con legisladores de ambos partidos.

La legislación proporcionó US$ 550.000 millones en nuevas inversiones federales para carreteras, puentes, transporte público, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías fluviales estadounidenses. El paquete también incluyó US$ 65.000 millones para mejorar la infraestructura de banda ancha y miles de millones para mejorar la red eléctrica y los sistemas de agua. Otros US$ 7.500 millones se destinarán a establecer una red nacional de cargadores de vehículos eléctricos.

El paquete de infraestructura "dura" es la primera parte de un plan de dos fases que propuso Biden. La segunda parte, un paquete económico y climático de 1,75 billones de dólares llamado "Build Back Better", aún no ha logrado la aprobación de Senado.

Biden firmó dos medidas provisionales ––una a finales de septiembre y otra en diciembre–– para evitar el cierre del gobierno.

La extensión de diciembre, que ocurrió solo unas horas antes del plazo máximo de la medianoche, marcó el final de un callejón sin salida sobre las objeciones de algunos senadores republicanos a los requisitos de Biden sobre la vacuna contra el covid-19. Los fondos en el proyecto de ley provisional de diciembre se extienden hasta mediados de febrero.

En diciembre, Biden también firmó un proyecto de ley que aumenta el techo de la deuda nacional en US$ 2,5 billones y lo extiende hasta 2023.

Además, el mandatario firmó dos disposiciones de emergencia para la financiación en julio y septiembre: la Ley de Ampliación de la Financiación del Gobierno y de la Entrega de Asistencia de Emergencia, así como la Ley de Asignación Suplementaria de Seguridad de Emergencia.

El primero proporcionó fondos de emergencia adicionales para enfrentar las secuelas de la insurrección del 6 de enero. También, las necesidades financieras derivadas de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los gastos en los que incurrió el Capitolio de Estados Unidos como resultado de la pandemia. El segundo proyecto de ley entregó financiación para la ayuda en casos de desastre y los evacuados de Afganistán, entre otras asignaciones.

En el verano pasado, Biden firmó una ley que establece el 19 de junio como el Día Nacional de la Independencia de Juneteenth, un feriado federal en EE.UU. que conmemora el fin de la esclavitud en el país.

Esta fecha conmemora el 19 de junio de 1865, cuando el mayor general de la Unión, Gordon Granger, anunció el fin de la esclavitud en Galveston, Texas, de acuerdo con la Proclamación de Emancipación de 1863 del presidente Abraham Lincoln. Los esfuerzos para establecer Juneteenth como un feriado federal cobraron impulso tras las protestas de Black Lives Matter que surgieron a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía.

Juneteenth es el primer feriado federal que se establece desde el Día de Martin Luther King Jr. en 1983. Y se convierte en, al menos, el undécimo feriado federal reconocido por el gobierno de Estados Unidos.

La Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, que prohibió las importaciones de la región china de Xinjiang, se promulgó en diciembre.

La nueva legislación prohíbe llevar bienes de esa región a EE.UU. a menos que un importador pueda demostrar que los productos no se fabricaron con trabajo forzado en la zona de China donde se han denunciado violaciones de derechos humanos por el trato a los uigures de mayoría musulmana.

Los primeros días del gobierno de Biden estuvieron marcados, en gran medida, por revertir las acciones que tomó la administración de Trump. Biden hizo parte de su campaña con el compromiso de desmantelar el legado de su predecesor. Y, en ese sentido, actuó rápidamente para reversar algunas de las políticas del expresidente desde el primer día. En sus primeros 100 días en el cargo, Biden firmó más de 60 acciones ejecutivas. De esas, 24 de las cuales fueron para revocar directamente las políticas de Trump.

Durante las primeras horas después de asumir el cargo, Biden detuvo los fondos para la construcción del muro fronterizo de Trump, revocó su prohibición de viajes dirigida a países mayoritariamente musulmanes y adoptó políticas progresistas sobre el medio ambiente y la diversidad que Trump pasó cuatro años bloqueando. Biden también revirtió varios de los intentos de Trump por retirarse de los acuerdos internacionales, reinició el proceso de reincorporación al acuerdo climático de París y detuvo la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Además, impuso un mandato de uso de mascarilla en los edificios federales, una ruptura simbólica con el manejo de la pandemia por parte de Trump.

Posteriormente, Biden revocó los decretos de la era Trump contra TikTok y otras aplicaciones chinas. También una dirigida a "Prevenir la censura en línea" y una orden para construir el "Jardín de los Héroes Estadounidenses", que anunció Trump durante una celebración del Día de la Independencia en el Monte Rushmore en 2020.

Quizás el dercreto más polémico que tomó por Biden en el último año fue su esfuerzo por exigir vacunas o pruebas de covid-19 para grandes empresas. Un esfuerzo que, en últimas, frustró la Corte Suprema.

En septiembre, como parte de un impulso por vacunar a más estadounidenses, Biden ordenó al Departamento de Trabajo que exigiera a todas las compañías con 100 o más empleados asegurarse de que sus trabajadores tuvieran el esquema de vacunación o de hacerles pruebas de detección una vez por semana. También firmó un decreto que exige que todos los empleados del gobierno se vacunen, sin opción de pruebas periódicas para quienes opten por no hacerlo. Además, exigió que los 17 millones de trabajadores de salud en los centros que reciben fondos de Medicare y Medicaid se vacunen por completo, ampliando el mandato a hospitales, centros de atención domiciliaria y centros de diálisis en todo el país.

Mientras las empresas se apresuraban por implementar estas políticas, el requisito de vacunación enfrentó desafíos judiciales casi de inmediato. Y la semana pasada, en un golpe devastador para el gobierno, la Corte Suprema bloqueó la exigencia para las grandes empresas. Aunque, permitió que el mandato para ciertos trabajadores de la salud entrara en vigor en todo el país. Sin embargo, la acción puede haber llevado a un aumento de las vacunas a pesar de su fracaso. Citigroup, por ejemplo, informó un 99% de cumplimiento con su requisito de vacunación.

Aunque las conversaciones en el Capitolio no lograron avanzar en una legislación para la reforma sobre armas, Biden trató de tomar algunas medidas sobre el control de armas en su primer año. Lo cual se produce en medio de un aumento récord en homicidios y violencia armada.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habla sobre la prevención de la violencia armada en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en la ciudad de Washington, el 8 de abril de 2021. (Crédito: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

El año pasado, Biden tomó un conjunto limitado de medidas para ordenar a su administración que endureciera las restricciones sobre las llamadas pistolas fantasma y los soportes estabilizadores de armas que permiten que estas se usen con mayor precisión. También ampliaron las verificaciones de antecedentes para ciertos tipos de armas. Además de que se hicieran nuevas inversiones en programas de intervención para comunidades propensas a la violencia y se creara una legislación modelo de "alarma" para que la aprueben los estados.

Biden hizo campaña con acciones radicales para frenar la violencia armada, pero esas propuestas quedaron rezagadas frente a otras reformas más significativas que requieren legislación. Biden y altos funcionarios de la administración han pedido repetidamente al Congreso que apruebe un proyecto de ley sobre verificación de antecedentes, uno destinado a mantener las armas fuera del alcance de los abusadores y la Ley Build Back Better, que incluye programas para la intervención de violencia comunitaria. Sin embargo, esos proyectos de ley siguen estancados.

Biden aprovechó su poder ejecutivo en diciembre para ordenar al gobierno federal alcanzar las cero emisiones netas para 2050. Justamente, un paso hacia el cumplimiento de sus objetivos climáticos declarados. Mientras, su amplia agenda de Build Back Better, que tiene importantes disposiciones climáticas, sigue estancada en el Congreso.

El decreto instruyó al gobierno de EE.UU. a comprar energía limpia, adquirir vehículos eléctricos y hacer que los edificios federales sean más eficientes energéticamente. La administración mantiene 300.000 edificios, conduce 600.000 automóviles y camiones en su flota de vehículos y gasta cientos de miles de millones de dólares cada año. Esa acción se produjo después de que Biden prometiera que Estados Unidos reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 % y un 52% por debajo de sus niveles de 2005 para 2030.

Biden también tomó medidas el año pasado para optimizar los servicios gubernamentales. Esto bajo el objetivo de mejorar la experiencia del cliente en una variedad de servicios que administra el gobierno federal y que pueden ser frustrantes y lentos. Por ejemplo, hacer fila en el aeropuerto, renovar tu pasaporte, declarar impuestos, el proceso de jubilación, pagar préstamos estudiantiles, solicitar un préstamo para pequeñas empresas, cambiar tu nombre y usar los servicios de telesalud.

Esa orden, que firmó en diciembre, instruyó a 17 agencias federales a concentrarse en más de 30 áreas clave donde los estadounidenses pueden esperar servicios más eficientes y menos molestias. Los esfuerzos de reforma se organizan en torno a las principales experiencias de la vida, desde tener un hijo hasta sobrevivir a un desastre natural. En especial, los estadounidenses podrán renovar sus pasaportes en línea. Y permitirá a los contribuyentes programar una devolución de llamada de atención al cliente cuando intenten comunicarse con el IRS para obtener ayuda. Esas acciones, dijeron los funcionarios, se completarían dentro de un año.

La manera en que Biden maneje la pandemia de coronavirus es lo que definirá su presidencia. Casi dos años después de la pandemia, EE.UU. aún enfrenta un aumento de casos por la variante ómicron, con contagios y hospitalizaciones nuevamente al alza en muchos estados del país.

La administración pronto pondrá a disposición de los estadounidenses 1.000 millones de pruebas rápidas para el hogar de forma gratuita. Esto después de recibir críticas por la escasez de test en medio del aumento de ómicron. El presidente también dijo que su administración distribuirá 400 millones de máscaras de alta calidad de forma gratuita para ayudar a detener la propagación del virus. El gobierno además continúa asignando US$ 1,9 billones en fondos de la ley de ayuda de emergencia por covid-19 de los demócratas que el presidente promulgó el año pasado.

La administración implementó un programa nacional de vacunación el año pasado. Pero, a pesar de que las vacunas son gratuitas y están fácilmente disponibles para los estadounidenses, el presidente enfrenta el gran desafío para inmunizar al resto del país. Millones de personas desafían las recomendaciones de los expertos médicos y de salud, y se niegan a vacunarse. Justamente, a medida la desinformación sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas se propaga por todo el país.

La pieza central de la agenda nacional de Biden ––un paquete de gasto económico y climático de casi US$ 2 billones–– permanece estancada en el Senado, en medio de la oposición de dos senadores demócratas.

Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, para ser exactos. La enorme propuesta incluye prioridades clave del Partido Demócrata, que sus legisladores cumplir antes de las elecciones intermedias en noviembre y mientras aún tienen el control de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la cámara votará sobre una versión revisada del paquete que la Cámara de Representantes ya aprobó. En ese sentido dijo: "Seguiremos votando hasta que logremos algo". El aspecto final del paquete sigue siendo incierto. Pero, en el proyecto de ley actual, la mayor parte de la financiación se centra en reducir el costo de la atención médica y de los niños, así como en combatir la crisis climática. Crearía prejardín de infantes universal, enviaría a las familias un beneficio fiscal mejorado por hijos y proporcionaría subsidios reforzados en los intercambios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

La Casa Blanca también se centrará este año en implementar la ley de infraestructura bipartidista, la primera parte del plan de infraestructura de dos partes de Biden. Así como en promocionar los beneficios de la la medida para los estadounidenses antes de las elecciones intermedias.

El presidente y los demócratas del Congreso están bajo presión para aprobar una legislación que proteja el acceso al voto, en medio del esfuerzo de los republicanos en todo el país para dificultar la participación electoral de las personas. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó una medida que combina disposiciones clave de dos importantes proyectos de ley de votación, la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis. Sin embargo, su destino sigue siendo incierto en el Senado.

El problema es que los demócratas no tienen los votos suficientes para aprobar la legislación electoral bajo las reglas actuales del Senado, debido a la oposición republicana. Y tampoco parecen tener los votos para cambiar esas reglas. Manchin y Sinema han sido firmes en su oposición a cambiar las reglas obstruccionistas, que requieren 60 votos para terminar el debate sobre la legislación.

El presidente intensificó recientemente los esfuerzos sobre el tema. Y pronunció un discurso contundente en Atlanta, en el que prometió proteger los derechos de voto. También pidió al Senado que enmendara las reglas obstruccionistas.

El mes pasado, los precios aumentaron al ritmo más rápido en casi 40 años, mientras la economía de EE.UU. continúa luchando por recuperarse de la pandemia de coronavirus. Los problemas de la cadena de suministro global, la escasez de trabajadores y los altos precios al consumidor están contribuyendo a la ansiedad económica que actualmente afecta al país. Y, que además, ha causado que los índices de aprobación de Biden bajen.

La Casa Blanca tomó varias medidas para intentar mitigar los problemas de la cadena de suministro y garantizar precios más bajos para los estadounidenses. Como la ampliación del horario y la aceleración de las operaciones en puertos clave y la creación de un grupo de trabajo dedicado al problema. En un intento por reducir los altos precios de la gasolina, Biden ordenó lliberar 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Es la mayor liberación de la reserva en la historia de EE.UU., en coordinación con otros países importantes. La variante ómicron ahora amenaza con ejercer una presión renovada sobre las cadenas de suministro globales y con exacerbar los problemas existentes que el gobierno trabajará para manejar este año.

Biden asumió el cargo con la promesa de restaurar la credibilidad de EE.UU. en el escenario mundial. Actualmente, enfrenta varios desafíos de política exterior que pondrán a prueba ese compromiso.

Rusia ha acumulado decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania. Por lo que el mundo está atento para ver si el presidente, Vladimir Putin, invade la nación. Los funcionarios estadounidenses se han vuelto cada vez más pesimistas sobre la posibilidad de salvar el acuerdo nuclear con Irán. De hecho, han advertido sobre recurrir a otras opciones si la diplomacia falla. Y China sigue acusada de trabajos forzados y abusos de los derechos humanos en la región occidental de Xinjiang del país.

Especialmente, a raíz de la desordenada retirada de Afganistán, Biden enfrenta el reto de definir el papel de EE.UU. en el mundo bajo su administración, así como de responder a las crisis que puedan ocurrir.