Del 2016 al 2021 aumentó de 10.8 a 17.2% la corrupción al interior de los centros penitenciarios, desde el momento de la reclusión y durante el proceso penal, reveló la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento.
“Hay un incremento en la victimización por actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, que pasa del 10.8% en el 2016 a 17.2% en el 2021”, reiteró el presidente del Inegi, Julio Santaella Castell, durante la presentación de los resultados de la ENPOL 2021.
En la ENPOL 2021 se estima que 55.3% de la población privada de la libertad pagó dentro del centro penitenciario en los últimos 12 meses por el pase de lista; tener aparatos electrónicos (43.2%); cambio de celda (34%); tener agua potable (31.9%); recibir medicamentos (30%); tener una cama o colchoneta (28.3%); tener acceso a un teléfono (24.3%); salir al patio de visita (22.1%); acceder a visita íntima (21.9%); acceder a servicios médicos (18.3%); y protección (8.4%).
El 96.4% de la población privada de la libertad que pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en el centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021, y no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. De ellos 33.6% no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común.
Primeros beneficios de la reforma de justicia penal
Sin embargo, resaltó que la encuesta identificó los posibles primeros beneficios de la implementación de la reforma de justicia penal que comenzó en 2016, ya que de las más de 220,000 personas recluidas en centros federales y estatales, aumentó la población sentenciada, además de que se redujeron las detenciones.
En ese marco, Óscar Jaimes Bello, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, explicó que “se puede observar a través de las personas que tiene cuatro años o menos desde su ingreso al centro penitenciario, hay una reducción significa al pasar de 51.8% al 39.5% entre 2016 y 2021 esto indica una reducción en el número de detenciones”.
Óscar Jaimes afirmó que la ENPOL 2021 no recogió información sobre la operación de grupos criminales al interior de los centros de reclusión; “lo que tenemos son acciones por parte de los internos, en cuanto a población por delitos (…) tenemos frecuencia de robo”, dijo.
Dijo que otro elemento posiblemente atribuible a la reforma de justicia penal, es que se redujo la población que acusa una detención ilegal. Indicó que el 44% de la población recluida acusa que está recluida injustamente, y 41% acepta que cometió un delito.
“Al comparar con 2016 sí se observa una disminución en la población que menciona haber sido acusada falsamente: pasó de 54.5% en 2016 al 44% en 2021”, indicó.
La encuesta mostró que de la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.
La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.
En tanto, 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención; 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.
Durante 2021, el 25.9% de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual.
Esta es la segunda edición de la ENPOL después de 2016. La encuesta tuvo el propósito de generar información estadística relevante sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de la población de 18 años y más que legalmente ha sido privada de su libertad en centros penitenciarios, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados, entre otras características.
El periodo de referencia de la información fue de julio de 2020 a julio de 2021. Para el levantamiento de la ENPOL 2021 se consideró una muestra de 67,584 personas de 18 años y más privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales, la cual incluyó a la totalidad de la población femenil, que a junio de 2021 representó 5.7% del total./EL ECONOMISTA-PUNTOPORPUNTO
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