Deudas de estados y municipios de los gobiernos entrantes Debate.com.mx
Los gobiernos locales en México, es decir, los estados y municipios, tienen una enorme dependencia de la Federación en materia hacendaria, debido principalmente a que no existe una equilibrada distribución de competencias en el ámbito tributario.
La principal fuente de ingresos de esos dos órdenes de gobiernos locales, proviene de las transferencias, ya sean condicionadas o no condicionadas. Sus ingresos fiscales propios son muy raquíticos. De acuerdo con el conjunto de leyes tributarias en el país, los estados sólo perciben en promedio el 3.75 % de ingresos propios. Los municipios el 1.7 %; mientras que el gobierno federal recauda el 94.65 %, conforme a la distribución de competencias constitucionales y legales en materia fiscal. Aunque hay quienes manejan otros números.
De tal manera que existe una muy desequilibrada asignación de potestades en la citada materia.
En efecto, conforme a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso General se arrogó la facultad para establecer a favor gobierno de la República, contribuciones sobre comercio exterior; aprovechamiento de los recursos naturales descritos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la misma Ley Suprema de la Unión; lo relativo a las operaciones de las instituciones de crédito y las sociedades de seguros; los servicios públicos concesionados y explotados directamente por la Federación; y, los vinculados con la energía eléctrica; la producción y consumo de tabacos labrados; la gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos; la aguamiel y productos de su fermentación; lo concerniente a la explotación forestal, y a la producción y el consumo de cerveza. En suma, las principales fuentes de la riqueza nacional y su explotación comercial o económica.
Mientras tanto, a las entidades federativas y a los municipios únicamente le quedaron algunas fuentes de ingresos propios de carácter residual. De manera tal que los porcentajes mencionados de sus ingresos, sólo ascienden a los referidos en materia de recaudación tributaria, conforme al conjunto de ordenamientos legales de tipo fiscal, lo cual se torna sumamente desproporcionado con respecto a lo que percibe el gobierno de la República. En suma, estados y municipios tienen bases impositivas muy estrechas que no les alcanza para atender las necesidades locales básicas.
Lo anterior, aun cuando las entidades federativas participan del rendimiento de las contribuciones especiales que se enuncian en el punto 5° de la referida fracción XXIX del artículo 73 constitucional; dejando a las legislaturas locales la fijación del porcentaje correspondiente a los municipios por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
De tal manera que estados y municipios tienen serios déficits fiscales que contrastan con el amplio cúmulo de atribuciones asignadas al gobierno federal en la propia Constitución General de la República, aun cuando se les apoya por la federación a través de las transferencias.
Ahora bien, para hacer frente a dichas atribuciones, y a lo proyectado en los respectivos planes de desarrollo y programas sectoriales, así como a las demandas sociales y económicas, ya sean ordinarias, urgentes o coyunturales, estos dos niveles de gobierno local tienen que echar mano de los empréstitos para solventarlas como sucederá este fin de año aquí en Sinaloa y en algunos de sus municipios. Empréstitos que se traducen lógicamente en endeudamiento que, aunado a una mala gestión financiera y a cuestiones de tipo axiológico, muchas de las entidades y municipios de México se encuentran técnicamente en situación de quiebra.
Aunado a ello, existe mucha resistencia de algunos gobiernos locales por transparentar sus administraciones. Opacidad que muy probablemente oculta una operación irregular de las haciendas públicas.
Finalmente, a la luz de la Ley de disciplina financiera y otros ordenamientos jurídicos hacendarios aplicables, las deudas y los saldos desastrosos que heredaron algunas administraciones a los gobiernos locales entrantes tienen que hacer malabares para atender los requerimientos sociales y económicos para el cumplimiento de sus compromisos. Allí está, por ejemplo, el préstamo que ayer anunció el gobernador Rubén Rocha Moya para pagar aguinaldos a los trabajadores estatales, por el orden de mil trescientos millones de pesos. Ello habla de un inadecuado manejo de las finanzas del gobierno saliente. Hay que ir al fondo y revisar bien las cuentas públicas. Aquí tiene mucho trabajo que hacer el Congreso Local y la Auditoría Superior del Estado.
